Ene 17, 2025 @ 18:47
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En al menos tres ciudades del eje troncal del país como ser: Santa Cruz de la Sierra, La Paz y El Alto, el sector gremial se movilizó en contra de la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

En la capital cruceña, el dirigente gremial Jesús Cahuana dijo que la disposición los tiene preocupados porque daría luz verde a que se pueda decomisar productos y mercadería bajo el pretexto de que se estaría especulando e incrementando los precios.

“La disposición final séptima es lo que más preocupa a la familia gremial que se dedica a la comercialización y se encarga de distribuir el alimento a los bolivianos”, dijo Cahuana.

Agregó que hoy se realizará un ampliado nacional multisectorial donde se determinarán las próximas medidas contra la polémica disposición.

En El Alto, el dirigente Toño Siñani indicó que la protesta también fue por el alza de precios de la canasta familiar y la crisis económica.

La disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025 señala que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Hace unos días, el viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, indicó que el Gobierno está convocando al sector productivo empresarial, industrial, gremiales, minoristas y comerciantes para trabajar la reglamentación de la mencionada disposición.

Añadió que la aplicabilidad de esta disposición está en «pausa» y no se hará efectiva hasta que se trabaje su reglamentación de forma concertada y aclaró que esta norma no afecta a los gremiales, minoristas comerciantes.



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