Después de 17 años sin modificaciones, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5321, que actualiza los precios de materiales de construcción en proyectos públicos. La medida, resultado de meses de negociaciones entre la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) y el Ministerio de Economía, busca mitigar el impacto del encarecimiento de insumos importados y garantizar la continuidad de millas de obras públicas. Sin embargo, las deudas acumuladas por instituciones públicas y los retrasos en los pagos a constructoras siguen poniendo en riesgo al sector.
Raúl Solares, presidente de Caboco, calificó la promulgación del decreto como “un éxito parcial”. “Aunque no en la magnitud que esperábamos, es un avance significativo. Este reajuste era indispensable para hacer frente al incremento descontrolado en los costos de materiales, que hacía inviable la construcción.
“Aunque no se logró en la magnitud que deseábamos, representa un hito al reajustar precios. La última vez que esto sucedió fue en 2008”, comentó Solares.
La normativa contempla una fórmula que permite actualizar costos en materiales importados como aceros, componentes eléctricos e hidrosanitarios, maquinaria y equipo, los cuales han sufrido aumentos drásticos debido a problemas globales de logística y la actual crisis económica.
“Este ajuste asegura que las obras se concluyan en los plazos establecidos, con la calidad esperada y sin afectar los empleos directos del sector, que superan los 450.000”, afirmó.
Este decreto tiene vigencia hasta el 30 de mayo de 2025, plazo en el cual las empresas podrán actualizar sus costos.
El beneficio más inmediato del decreto es evitar que las empresas constructoras absorban los costos adicionales derivados de las alzas en materiales, lo que había llevado a algunas al borde de la quiebra.
“Esta medida evitará paralizaciones y garantizará la estabilidad laboral, algo crítico para un sector que dinamiza nuestra economía”, puntualizó Solares.
Por su parte, desde el Gobierno dicen que la medida se aplicará en el marco del Decreto Supremo 0181, vigente desde el 28 de junio de 2009, que regula las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
“El objetivo de esta normativa es garantizar que los contratos en curso puedan adaptarse a las variaciones de costos, especialmente en insumos clave para la construcción. De esta manera, se asegura la continuidad de los proyectos y se evita que factores externos afecten su desarrollo”, afirmó el presidente, Luis Arce tras promulgar este decreto.
Sin embargo, la medida no resuelve el problema estructural de los retrasos en pagos por parte de las entidades estatales. Actualmente, los plazos de pago superan los 60 días establecidos por norma, llegando en algunos casos a demoras de seis meses, especialmente en municipios y gobernaciones.
“Esto genera graves perjuicios, como paralización de obras, encarecimiento de proyectos y, en algunos casos, el cierre de empresas”, advirtió.
Deudas
En cuanto a la deuda estatal, Solares indicó que los mayores problemas se presentan en las alcaldías y gobernaciones, que dependen de recursos como el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y coparticipaciones.
Aunque el Gobierno central mantiene un nivel de ejecución presupuestaria cercano al 75%, los pagos pendientes siguen siendo una preocupación latente.
“El presupuesto para inversión pública en 2024 superaba los $us 4.000 millones. Aunque no tenemos datos exactos de ejecución, estimamos que se han invertido más de 2.000 millones en infraestructura”, agregó.
