La tarde de este miércoles, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó la derogación de 20 artículos de la Ley 1613, ley del Presupuesto General del Estado (PGE) en un intento por detener las confiscaciones de productos y aquellos que facultan endeudarse al Ejecutivo.
“Se derogan los artículos 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 21 y las disposiciones adicionales Tercera, Cuarta, Quinta. Sexta y Séptima, la disposición transitoria única, y las disposiciones finales Primera, Segunda y Tercera de la Ley N° 1613, de Presupuesto General del Estado – Gestión 2025 de fecha 1 de enero de 2025, en resguardo de la economía nacional y los intereses de la sociedad”, señala el texto del proyecto que fue remitido a la Cámara de Diputados.
El Gobierno puso en vigencia la ley del PGE 2025 obviando al parlamento a sabiendas que no se aprobaría ese documento. Esta ley tiene artículos que fueron observados desde un inicio como la contratación de créditos internacionales por hasta $us 4 mil millones.
Asimismo, la disposición adicional séptima manda a las autoridades el decomiso de los productos que estén siendo ocultados, por este artículo el país enfrenta la posibilidad de un paro el próximo 10 de febrero.
“La Constitución Política del Estado dice que cualquier préstamo interno o externo debe pasar por la Asamblea para evaluar la capacidad de pago de capital e interés, el gobierno puso de contrabando ese artículo; pero, también hay artículos como la adicional séptima que es inconstitucional, que una autoridad policial, municipal pueda venir y quitarle a una persona por considerarlo especulación y no tiene opción a reclamar a nadie”, añadió el senador Luis Flores, uno de los proyectistas del documento.
De acuerdo con las explicaciones en el Senado, hubo tres senadores que presentaron sus propuestas de modificación del PGE, Luis Flores, Andrea Barrientos y un tercer legislador, el pleno concertó los tres documentos y se aprobó uno por dispensación de trámite, es decir que no pasó por comisiones.
Aunque los senadores esperan que los diputados aprueben ‘de inmediato’ el proyecto, el arcismo no tiene ninguna intención de cambiar la ley. Las comisiones y la dirección de la Cámara están en manos de los arcistas.
El senador Flores también dijo que la disposición adicional quinta quita a unos 14.000 jubilados los recursos que percibían de la Renta Dignidad, esa disposición también debe ser anulada y además fue recurrida por inconstitucional ante la justicia.
