El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe exteriorizó su preocupación por la falta de respuesta de la Asamblea Legislativa para tratar las leyes pactadas durante la tercera “cumbre por la democracia” que tuvo lugar hace siete días.
Según dijo Bolivia enfrenta un escenario de alto riesgo si la Asamblea Legislativa no cumple con el tratamiento de tres normativas fundamentales que blindarían las elecciones presidenciales de 2025, especialmente para evitar la intromisión judicial y la vulneración de la preclusión.
En una entrevista con radio Panamericana, la autoridad mencionó la posibilidad de que acciones judiciales paralicen el proceso electoral, tal como sucedió con accidentado proceso para renovar a los altos magistrados del Órgano Judicial, una tarea que aún no terminó.
Tahuichi precisó, además, que en estos momentos existe una vulnerabilidad del Órgano Electoral ante presiones políticas y judiciales puesto que los vocales electorales no gozan de juicio especial como el resto de los poderes públicos.
Además, la falta de un sistema confiable para la transmisión de resultados preliminares es otro de los aspectos que afecta al proceso electoral porque se requiere generar las condiciones de confianza para evitar que los comicios sean anulados como sucedió en 2019.
Ese año, la transmisión de datos preliminares fueron interrumpidos desde el TSE y la Justicia no avanzó en esas investigaciones que derivaron en la destitución unilateral de los vocales electorales por parte de Evo Morales, quien en 2019 buscó su cuarto mandato a pesar del límite constitucional.
Judiciales fallidas
Recordó que en el proceso de elección judicial se presentaron 72 amparos constitucionales con la intención de frenar la votación, generando incertidumbre y postergaciones. Para evitar que esta situación se repita en 2025, se plantea la Ley de Preclusión Electoral, una norma que evitaría que cualquier fase del proceso electoral sea revisada o retroceda una vez concluida.
“El peligro es real. No podemos permitir que jueces interfieran y paralicen la elección presidencial con recursos judiciales que desestabilicen el proceso”, afirmó Quispe, subrayando la urgencia de dotar de seguridad jurídica al proceso electoral.
Vocales sin protección: una vulnerabilidad latente
Otro de los aspectos críticos señalados por Quispe es la falta de protección legal para los magistrados del TSE, quienes pueden ser sometidos a procesos ordinarios, lo que los deja expuestos a presiones externas y riesgos de destitución arbitraria.
En ese sentido, el vocal propuso la incorporación de los magistrados a la Ley 044, que actualmente protege a autoridades del Estado como el presidente y el vicepresidente de Bolivia. “Los vocales en este momento estamos vulnerables, indefensos. Si no se toman medidas, cualquier juez podría remover a un vocal, lo que generaría inestabilidad en el proceso electoral”, advirtió.
La falta de garantías para el trabajo de los vocales electorales es vista como un factor de riesgo que podría comprometer la transparencia y la independencia del Órgano Electoral en el desarrollo de los comicios generales.
TREP: la herida abierta de 2019 y la urgencia de un nuevo sistema
Quispe también alertó sobre la necesidad urgente de contar con un sistema de transmisión de resultados preliminares confiable y blindado contra intentos de manipulación. Recordó que en 2019, la interrupción del sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) generó una crisis de credibilidad que desembocó en protestas y enfrentamientos violentos con saldo fatal en Sacaba, Senkata y Santa Cruz.
“Si no contamos con un sistema de transmisión de resultados seguro y supervisado, corremos el riesgo de repetir la historia. No podemos permitir que se siembre dudas sobre la legitimidad del proceso electoral”, enfatizó.
Para evitar un nuevo episodio de incertidumbre electoral, se ha propuesto una ley que obligue al Estado a financiar un sistema de transmisión de datos con estándares internacionales de seguridad, bajo la supervisión de organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Inacción legislativa y el peligro de la judicialización electoral
La falta de voluntad de los legisladores para renovar a los magistrados del TSE y aprobar las normativas necesarias es una de las principales preocupaciones del Tribunal Supremo Electoral. Quispe insistió en que, sin estos cambios, la elección presidencial de 2025 podría verse afectada por injerencias judiciales y conflictos postelectorales.
“Esperamos que no exista un juez que disponga la suspensión del proceso electoral o que habilite o inhabilite candidatos de manera arbitraria. Bolivia ya ha pasado por momentos de crisis institucional por la judicialización de la política, y no podemos permitir que eso se repita”, advirtió.
El vocal llamó a la Asamblea Legislativa a asumir su responsabilidad histórica y aprobar las normativas pendientes para garantizar la estabilidad democrática del país. “Los pueblos que no aprenden de su historia están condenados a repetirla”, concluyó Quispe, haciendo un llamado a la reflexión para evitar un nuevo ciclo de incertidumbre electoral en Bolivia.
