“Nos estamos llevando la parte más dura los pueblos indígenas”, dijo Alex Villca, de la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígenas Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), sobre el asesinato de Francisco Marupa, miembro de la nación lecos de Apolo, y habitante de la comunidad Torewa Indígena.
Para Villca, además de Marupa, hay otra posible víctima: Julio Lero Tayo, indígena tsimane, poblador de Torewa Campesina, y acusado de ser el autor material del crimen de Marupa.
“La muerte de Marupa pone en situación dura a los tsimanes, como la familia de Julio, sindicado como autor de este asesinato”, dijo Villca, y pidió no adelantar conclusiones.
“Mucho de lo publicado no condice con la realidad que vivimos los pueblos indígenas. Se trata de incriminar a un joven y hermano tsimane como responsable material, sin tener contundencia en las investigaciones”, cuestionó Alex Villca.
Problemas territoriales
De la muerte de Francisco Marupa ha surgido mucha confusión, tanto sobre los móviles, como sobre los responsables.
Existen dos comunidades Torewa, la Campesina y la Indígena, ambas incluidas en la TCO Lecos, y sobrepuestas al Parque Nacional Madidi.
Según Domingo Ocampo, dirigente de la Torewa Campesina, su comunidad, tiene antecedentes en la zona desde 1925, con la llegada de su abuelo.
Explicó que en 1995, al no haber aún una forma de titulación como pueblo indígena, Torewa se organizó como población campesina, obteniendo su personería jurídica en enero de 1995, antes de la creación del Parque Madidi, que fue en septiembre de 1995.
Según la Contiocap, en 2006 recién se tituló la TCO Lecos, por gestiones de la Torewa Indígena, incluyendo al territorio de la Torewa Campesina.
“Ellos (Torewa Indígena) se organizaron en el municipio de Apolo en 1998, tres años después que nosotros sacamos personería. Se titularon en el Gobierno de Evo Morales en 2006. Evo quería consolidar pueblos indígenas y eso se hace dándoles territorio, era una política de Gobierno”, dijo Ocampo.
Según él, tuvieron que unirse a la TCO por la presión de los abogados, que les decían que si no entraban a ese territorio indígena, solo accederían a 20 ha. “Tuvimos que hacerlo”, dijo.
En 2007, un año después de la conformación de la TCO. ya se registraron enfrentamientos. Ocampo aseguró que debido a que los “supuestos lecos, financiados por ciertas ONG, fueron trasladados al área donde vivían los mosetenes de la Torewa Campesina. Como 30 personas defendimos ese lugar porque nos querían sacar, incluso con policías”, narró, y apuntó al entonces alcalde de Apolo.
Agregó que, en la actualidad, no conformes con haber ocupado las áreas donde antes vivían los mosetenes y los tsimanes de Torewa Campesina, los lecos también pasaron a ocupar tierras sobre el río Hondo, “que es área fiscal, y es donde vivía don Francisco Marupa. De repente ellos son más cancheros al salir por la prensa y da bronca porque dicen que somos los avasalladores”, indicó.
Ocampo aseguró que no conoce a Marupa como defensor ambiental, a pesar que él ha sido parte, desde el inicio, de las luchas ambientales en la zona.
El Bala – Chepete
Domingo Ocampo cree que, al principio, la movilización de lecos a ese territorio tiene relación con el proyecto hidroeléctrico El Bala – Chepete.
“Hay cosas que estamos denunciando permanentemente, el crecimiento exponencial de actividades extractivistas y la amenaza latente de la construcción de dos centrales hidroeléctricas en la cuenca del río Beni, que son Chepete y el Bala”, dijo, agregando que la consolidación de la comunidad Torewa Indígena, río arriba, se hizo en busca de legitimar el proyecto.
A Chepete y El Bala sumó otras presiones en general en el norte paceño, como los incendios forestales de 2023 y 2024, la apertura de varios territorios, sobre todo takana, para actividades agroindustriales, y el tema hidrocarburífero, con el descubrimiento, en julio de 2024, del megacampo Mayaya.
“Hay muchos intereses económicos y corporativos y esto no puede ser desvinculado de crímenes violentos. Lo de Marupa no es el primer caso”, aseguró.
Incriminados
En los últimos días se dio a conocer el video de un interrogatorio a Julio Lero, en presencia de un policía, a cargo de civiles, uno de ellos es Noé Macuapa, secretario de Educación de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), ente del que forma parte la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (Cipla). A esta última pertenecía Francisco Marupa, la víctima, y también la comunidad Torewa Indígena.
En el video, Lero menciona a tres personas, una de ellas es Domingo Ocampo, y dos más, un dirigente de Torewa Campesina, y un ex dirigente de la Central Río Beni Chiñiri, que aglutina a las comunidades Puerto Carmen y Chushuara, donde también se reportaron conflictos por territorio en 2023, con heridos y aprehendidos, y donde también impidieron el ingreso de la senadora Cecilia Requena a inspeccionar problemas de minería.
Consultado sobre las alusiones, Domingo Ocampo aseguró que está “viejo para esas andanzas”, y más pendiente de su diabetes y neuropatía. Remarcó que no conocía a Marupa, pero supone que habitaba en el lugar máximo hace tres años.
Para Ocampo, están tratando de criminalizarlos por su lucha histórica ambiental y oposición a El Bala – Chepete. Recordó que la Cpilap, igual que Cipla, es la misma organización que, en 2021, firmó un convenio con ENDE, para facilitar la implementación del proyecto hidroeléctrico El Bala.
Dijo que una de las personas que más ha tratado de sindicarlo es Sabino Yucra Acarapi, “un potosino de comportamiento no tan bueno, que tiene antecedentes de cárcel, con denuncias de robo de combustible y plátano a los lecos, y que era de la comunidad Chushuara, y luego de Torewa Campesina. “Al comienzo lo defendíamos, pero después vimos que no trabajaba, hemos tenido problemas con él”, indicó.
Pronunciamiento
Ante la confusión, la Contiocap sacó un segundo pronunciamiento sobre el crimen, y en defensa del derecho al debido proceso de Julio Lero Tayo. Se trata deun nuevo pedido de investogación imparcial, independiente y colegiada para encontrar a los verdaderos responsables del asesinato.
En el pronunciamiento, observan por lo menos siete irregularidades y vulneraciones a derechos del indígena acusado. “La situación de injusticias en Bolivia, nos está llevando a querer hacer ‘justicia’ entre civiles y tolerar violaciones de derechos como algo normal, promovidas desde el Gobierno, dando por cerrado un caso tan grave, sin el debido proceso de investigación”.
Comunidades paralelas
Sobre el video de la declaración ante Cpilap, la Contiocap dijo que se interroga a Julio Lero Tayo con claros indicios de violencia, induciéndolo a que diga lo que se quiere escuchar.
Un serio problema se ha generado en varios puntos del norte paceño por el paralelismo de comunidades, sujeto a factores extractivos o políticos.
Algunos ejemplos son, aparte del caso de Torewa Campesina e Indígena, la historia de Chusuara Campesina, la original, y Chusuara Originaria, la que surgió después, ante la demanda de tierras.
En Azariamas ocurrió lo mismo, pero en este caso debido a presión de la minería.
Uno de los casos más sonados fue el de Chushuara, cuando hubo enfrentamientos que derivaron en heridos y aprehendidos. Uno de estos fue Miguel Supa, un indígena takana, el único que permaneció en el Penal de San Pedro, al no tener cédula de identidad, y que llegó al lugar de los hechos en busca de trabajo.
Según Álex Villca, Supa murió como consecuencia del tiempo en la cárcel, y de los vejámenes durante los hechos de violencia.
