Después de una semana de la declaración conjunta y compromiso suscrito entre los órganos Electoral, Ejecutivo y Legislativo, la Cámara de Diputados aún no considera tratar los cuatro proyectos de leyes electorales para ‘blindar’ las elecciones generales y en su agenda semanal priorizó la aprobación de seis créditos internacionales por $us 422 millones.
No obstante, por procedimiento regular primero los proyectos de ley deben ser tratados y aprobados en la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, para luego pasar al pleno camaral, y en esa medida, la presidenta de dicha instancia, Olivia Gauchalla, se comprometió en sesión camaral “a dar todas las garantías necesarias” para la realización de los comicios de este año.
Pero el tema va más allá e involucra también al presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, quien tiene ‘en sus manos’, la aprobación del crédito japonés de $us 100 millones, porque el mismo pasó a su despacho tras que el Senado no aprobó el mismo en el tiempo que establecen las normas, es decir, Choquehuanca debe convocar a sesión legislativa para hacer efectivo este crédito, recordó el diputado, Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana.
El Ejecutivo comprometió ese dinero para garantizar las elecciones en el exterior y para instalar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Agenda de Diputados
La presidencia de la Cámara Baja puso en agenda de esta semana (24 de febrero al 2 de marzo) 15 temas que deberían ser tratados en dicha instancia, entre ellos se prioriza seis proyectos de crédito internacional que ascienden a $us 422 millones que se prestó el Gobierno de entidades internacionales como la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) y KFW, todos préstamos están destinados a ejecutar proyectos de infraestructura y empleo.
Son dos créditos de la CAF, uno de $us 50 millones y el otro de 75 millones para construir puentes y museos y plazas del Bicentenario; dos créditos de Fonplata de $us 50 y 100 millones respectivamente para infraestructura educativa y generación de empleo; un préstamo del BID por $us 52 millones para un ‘programa de preinversíón’, y un crédito de Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KFW- Frankfurt AM Main) por € 34 millones que convertidos a la moneda estadunidense son $us 35,57 millones, para una planta solar.
En cuanto a las ‘leyes electorales’, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) envió al Legislativo cuatro proyectos de ley para ‘blindar’ las elecciones generales de 2025, mismo que deben ser tratados y aprobados hasta fines de marzo como dice el documento tripartito que suscribieron en la cumbre del 17 de febrero.
¿Y por qué se estableció ese plazo?, porque se conoce que el TSE lanzará la convocatoria a elecciones generales el 2 de abril y para esa fecha, el ente electoral busca garantizar que ante todo se respetará el principio de preclusión.
Y es justamente ese fin, el de ‘garantizar la vigencia plena del principio de preclusión’, y la ‘no subordinación’ del TSE ‘a ningún otro órgano del Estado’, el corazón del primer proyecto de ley que ya está en el Parlamento, más propiamente en Diputados, y junto a este tema, también está el proyecto para modificar la Ley 044 e incluir en sus disposiciones a los vocales del TSE, para que gocen de caso de corte si es que fuesen procesados.
El diputado Carlos Alarcón (CC) considera que estos dos proyectos “son estructurales para blindar las elecciones y para la transparencia” en todo el proceso electoral.
El tercer proyecto de ley es de ‘debate público obligatorio’ para los candidatos a la presidencia, y el cuarto proyecto busca ‘garantizar los derechos políticos de las mujeres’ y que éstas sean incluidas en los binomios respetando la paridad y alternancia.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Constitución de Diputados, Olivia Guachalla, aseguró que este tema es de prioridad, que el MAS ‘está comprometido a dar las garantías necesarias’ para las elecciones, y que dichos proyectos ‘ya están pleno tratamiento de Comité’. Solo se espera que se envíen los informes.
“Tengan la garantía que los acuerdos suscritos por lo 14 partidos políticos y agrupaciones ciudadanas (…) se va a cumplir, porque es la garantía para que no venga ningún sector a querer generar discursos de fraude o quieran obstaculizar el desarrollo de estas elecciones”, dijo Guachalla en la última sesión de Diputados.
En manos de Choquehuanca
Sobre el crédito japonés de $us 100 millones que originalmente debía ser para reembolsar los gastos post Covid, el mismo fue aprobado en Diputados y enviado al Senado para su tratamiento, no obstante, la Cámara Alta no trató el tema en el tiempo establecido – 30 días según manda la Constitución – por lo que el tema fue enviado a la Asamblea Legislativa.
“Lo que corresponde ahora es que el presidente David Choquehuanca que también ha estado en el encuentro y se ha comprometido, sea el que convoque al pleno de la Asamblea para que se trate este crédito. Nuestros jefes de bancada ya le han solicitado que haga lo más rápido posible esa convocatoria”, dijo el diputado Alarcón.
El legislador que estaba en la cumbre política del 17 de febrero, indicó que el presidente Luis Arce, subrayó que era indispensable la aprobación de ese crédito para garantizar el voto en el exterior. La respuesta de la oposición fue que no se podía condicionar con un crédito si hay o no elecciones en el exterior.
“La Constitución establece en voto en el exterior y el Gobierno está obligado a garantizar el financiamiento total y completo de las elecciones tanto afuera como en el país, y si no se llevaría a cabo el voto en el exterior se generaría una nulidad en las elecciones presidenciales porque se estaría incumpliendo un mandato constitucional”, manifestó Alarcón.
En la cumbre política, el jefe de Estado subrayó que es preciso que se apruebe este crédito japonés porque los dólares que tiene el Gobierno están destinados a pagar la deuda externa y garantizar la subvención de los hidrocarburos. No hizo referencia a la aprobación de otros créditos externos, según Alarcón.
