Hay voces que demandan la liberación del dirigente evista Humberto Claros. Entre ellos están dos exautoridades, como Iván Lima y Diego Pary, quienes se inclinan a que el líder campesino sea liberado. Mientras, se conoció de un mandamiento de libertad que circula en las redes sociales a favor de Claros. Además, se mantiene activo el juicio por terrorismo contra el gobernador Luis Fernando Camacho.
En enero de este año, la justicia decidió mantener en detención preventiva a los dirigentes afines a Evo Morales, Ramiro Cucho y Humberto Claros, en el marco de las investigaciones por los bloqueos de más de 20 días registrados entre octubre y noviembre de 2024, promovidos por sectores vinculados al exmandatario y exlíder del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Esta decisión judicial rechazó la apelación presentada por ambos dirigentes y ratificó su reclusión preventiva en el penal de Patacamaya, donde permanecen acusados del presunto delito de terrorismo. Sin embargo, en redes sociales circula un documento de mandamiento de libertas a favor de Claros que supuestamente fue emitido el 9 de marzo de esta gestión.
Ramiro Cucho y Humberto Claros fueron aprehendidos el 13 de noviembre del año pasado en operativos en Potosí y Cochabamba, y trasladados a La Paz, donde un juez dispuso su detención preventiva por cinco meses. Cucho, líder del Conamaq afín a Evo Morales, fue acusado de amenazas de violencia y del hallazgo de armas en su domicilio, mientras que Claros, dirigente campesino, enfrenta cargos relacionados por promover protestas para frenar procesos legales contra el exmandatario.
El expresidente Evo Morales denunció en ese entonces que el dirigente Humberto Claros fue detenido “ilegal e injustamente” por “liderar las movilizaciones de protesta social por la crisis económica, en defensa de la vida y la democracia”, en referencia al bloqueo de 24 días que dejó al país pérdidas por 1.500 millones de dólares.
“Denunciamos la ilegal y arbitraria detención de Humberto Claros, dirigente de la Csutcb, quien es injustamente privado de su libertad por liderar las movilizaciones de protesta social por la crisis económica, en defensa de la vida y la democracia. Con este tipo de acciones al margen de la ley, buscan disciplinar y acallar al pueblo que sufre la inflación, escasez de combustibles y falta de movimiento económico”, expresó Morales en sus redes sociales.
Miembros evistas denunciaron que el dirigente Claros “fue secuestrado” en la ciudad de Cochabamba “en un vehículo sin placas y con vidrios oscuros”. El abogado de Morales, Nelson Cox, publicó en Facebook: “El gobierno traidor detuvo a nuestro hermano Humberto Claros y se lo llevan a la ciudad de La Paz”.
Dirigentes campesinos, mediante un video, también denunciaron que la detención de Claros fue ilegal por parte de agentes de civil. Advirtieron que, de ocurrir algo con Claros, responsabilizarán al Gobierno, porque consideran que su vida corre peligro. Asimismo, alertaron a otros dirigentes que existiría una “caza” en contra de ellos.
Ahora, dos exaltas autoridades del gobierno de Luis Arce exigen la liberación de Claros y Cucho. Uno de ellos es el exministro de Justicia Iván Lima, quien afirmó que en la actualidad tiene profundas diferencias con la administración de Arce. Además, admitió que una de las cosas que “más le molesta” es la detención de los dirigentes Ramiro Cucho y Humberto Claros.
“Creo en la libertad de expresión. Si hay algo que me molesta, después de que salgo (del gobierno), es la detención de (Ramiro) Cucho y Humberto (Claros)”, aseguró Lima en el podcast “Entre Caníbales”. Además, la exautoridad se refirió a los simpatizantes de Evo Morales que ahora están detenidos por asistir a los bloqueos del año pasado.
“Esos 127 bolivianos que están con detención preventiva han ejercido el derecho a protesta social”, reclamó Lima, quien fue parte fundamental del gabinete ministerial de Arce hasta antes de su salida. Además, aseguró que el gobierno “no puede criminalizar” la protesta social, debido a que, en su criterio, no sería democrático, ni constitucional.
Pedidos de liberación
Otra exautoridad que no está de acuerdo con las detenciones de seguidores evistas es Diego Pary, quien dijo que uno de los motivos de su renuncia al cargo de embajador boliviano ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) fue justamente la persecución judicial contra evistas.
“Creo en la libertad de expresión y la libertad de protesta, y no puedo aceptar que haya más de 70 compañeros indígenas y campesinos detenidos injustamente por manifestarse”, afirmó Pary, quien fue canciller durante el gobierno de Evo Morales (2018-2019) y posteriormente representante permanente de Bolivia ante la ONU.
Su reciente alejamiento del gobierno de Luis Arce ha generado debate, especialmente por sus críticas a la pérdida del derecho a voto de Bolivia en la ONU por la falta de pagos de cuotas. La exautoridad diplomática se alejó del servicio exterior del gobierno de Luis Arce a finales de 2024.
Mientras, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el delito de terrorismo por la defensa del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Con esta objeción, la defensa de Camacho pretende eliminar el delito del Código Penal.
Además, con esta decisión el juicio oral por el denominado caso “golpe de Estado I” debería quedar suspendido antes de que se dicte sentencia, hasta que se resuelva la constitucionalidad del artículo 133 del Código Penal.
La defensa de Camacho argumentó que el tipo penal de terrorismo es ambiguo y permite interpretaciones discrecionales, lo que podría vulnerar principios constitucionales como la legalidad y la proporcionalidad. Además, citó recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Bolivia, que sugieren modificar esta norma para evitar su uso con fines políticos.
El GIEI señaló en 2021 que un factor de debilitamiento de la confianza en el sistema de justicia es el uso del proceso penal para la persecución política. Esa distorsión de la función judicial está, en muchos casos, relacionada con la utilización indebida de los tipos penales de terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición, apuntó.
“Esos tipos penales resultan vagos y abstractos y no se adecúan al principio de la legalidad. La formulación de una figura de terrorismo desvinculada del elemento específico de ‘producir temor en la población’ no cumple con los estándares internacionales. Además, se observa que la Fiscalía también utiliza abusivamente esos tipos penales para procesar arbitrariamente conductas que notoriamente no tenían los elementos subjetivos de esos crímenes. La instrumentalización política del sistema de justicia durante el referido periodo menoscabó gravemente la independencia del mismo”, señala el documento.
El documento señala que quien cometa un delito de terrorismo es aquella persona “que intimide, coloque o mantenga en estado de alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella, con el fin de subvertir el orden constitucional, deponer al gobierno elegido constitucionalmente”.
El recurso fue rechazado inicialmente por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de La Paz, pero el TCP revocó esa decisión y ordenó analizar la constitucionalidad del artículo en cuestión.
El fallo también instruye notificar a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que presente alegatos en un plazo de 15 días. Mientras tanto, se espera que el juicio quede suspendido hasta que el TCP emita una decisión final sobre el recurso.
PARA SABER
– Apunte
El 17 de octubre de 2024 el juicio por el denominado caso ‘Golpe I’ se inició en La Paz y la principal acusación de la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno y la acusación particular de Lidia Patty son los delitos de ‘terrorismo’ y ‘financiamiento al terrorismo’.
– Apoyos
El precandidato presidencial Jorge Quiroga afirmó que Luis Fernando Camacho y Marco Pumari merecen defenderse en libertad y que a la expresidenta Jeanine Áñez le corresponde juicio de responsabilidad por la crisis de 2019.
