El ministro de Justicia, César Siles, fue entrevistado por EL DEBER Radio, al mediodía de este jueves. La autoridad se refirió a diversos temas, entre los que destacan: la situación de la disposición adicional séptima del PGE 2025, la supuesta citación al presidente Luis Arce, a declarar en el caso denominado ‘Zuñigazo’, la nación ficticia Kailasa en Bolivia y la situación judicial de Evo Morales.
Reproducimos la entrevista in extenso:
EDR.- Un tema que está en nuestra agenda informativa es la disposición del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la disposición séptima del Presupuesto General del Estado. Se ha decidido congelar esta disposición. ¿Qué significa? ¿Se va a seguir tratando, se elimina, se deroga como piden los sectores?
CS.- Son dos elementos que ha dispuesto el Tribunal Constitucional Plurinacional. El primero es la suspensión de la aplicación de la disposición adicional séptima y el segundo es la prohibición de cualquier intento de normar, reglamentar, o de alguna forma pretender aplicar la misma.
El Tribunal Constitucional con un auto constitucional vinculado obligatorio, debería haber puesto fin con este auto, a cualquier intento de movilización.
Lo que se pretendía en un primer momento, cuando, por encargo de Presidente, tuve que liderar algunas reuniones que se hicieron con sectores movilizados, o en apronte de movilización, era que se derogue, que no se aplique la norma ni siquiera nos aceptaron la reglamentación. Ahora está claro, el Tribunal Constitucional dijo que no se aplique esta norma. Es cierto; pero, en honor a la verdad, es hasta que se pronuncie el mismo Tribunal sobre el fondo del asunto.
Pero en ese tiempo que transcurra, porque hay plazos constitucionales que cumplir, esta norma no se va a aplicar, no está en vigencia, no se puede siquiera reglamentar. Por tanto, no hay, a mi juicio, ningún motivo para seguir la movilización por este tema.
¿En esos plazos, ministro, de cuánto tiempo estamos hablando?
Hace un momento confirmé que el auto constitucional de admisión y de medida cautelar ya ha sido notificado a la Vicepresidencia. Me dijeron que el día de mañana, viernes, están respondiendo con un informe, que es lo que corresponde. De ahí viene el sorteo de un magistrado relator y, en el plazo máximo de 45 días, tendrá que emitirse la sentencia constitucional.
Hemos recibido la instrucción del Presidente, y lo digo públicamente, de que vamos a instar, solicitar, coordinar con el Tribunal Constitucional para que priorice el sorteo, para que priorice el análisis de esta disposición adicional séptima en su constitucionalidad y emita, antes de los 45 días, la sentencia constitucional respectiva.
Ministro, ¿el Tribunal Constitucional puede ordenar derogar esta disposición transitoria?
El Tribunal Constitucional, en realidad tiene dos opciones: La declara constitucional, en cuyo caso la disposición séptima queda plenamente vigente; es decir, de suspendida, pasa vigente. O bien declara inconstitucional, en cuyo caso exhorta, seguramente a la Asamblea Legislativa o al propio Ejecutivo, a que busque otra manera de regular esta materia.
¿La derogación?
La expulsa, la expulsa del ordenamiento, si es que la declara inconstitucional.
¿Cuál ha sido la reacción del Presidente Luis Arce ante esta disposición de la justicia, de convocarlo a declarar por el caso denominado golpe de Estado I?
Bueno, en primer lugar, hay que decirlo, en honor a la verdad, y le hablo como ministro de Justicia, que está en permanente coordinación con el Presidente respecto a temas jurídicos y judiciales: No ha sido notificado el Presidente, no ha sido notificado el Vicepresidente con ninguna citación a declarar.
Sin embargo, el Presidente y cualquier autoridad que sea convocada a una declaración judicial, como en este caso, declaración fiscal, al Órgano Judicial o al Ministerio Público, tiene la obligación de comparecer. Así lo manda el artículo 193 del Código de Procedimiento Penal.
Aclarar también, para que de eso no quede ninguna duda, que el artículo 195 del Procedimiento Penal establece un tratamiento especial para el caso del Presidente y del Vicepresidente, incluso están: los ministros, misiones diplomáticas, parlamentarios, presidentes de las cámaras de senadores, diputados. Ministerio Público, etc. tratamiento especial, que quiere decir que estas autoridades no pueden ser conducidas a declarar a un tribunal, sino lo pueden hacer en su domicilio, en su lugar de trabajo o incluso por escrito.
Recordar el pueblo boliviano que el Presidente hizo su declaración por escrito en el caso ‘Zuñigazo’ o golpe de Estado 3, que le hemos denominado; lo hizo también el Vicepresidente, pero en ese caso en particular él tenía pues un interés, un conocimiento de los hechos, pues incluso era víctima. Él estaba de Presidente con protagonistas de los hechos que han acontecido.
En cambio, en golpe I tenemos que entender todavía la utilidad y pertinencia de su posible declaración. Sin embargo, eso se dilucidará una vez que empiece o se reanude el juicio, caso golpe de Estado I.
Por este caso, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y el excívico Marco Pumari están siendo investigados, uno de los delitos es terrorismo. A la par el existen dos líderes, dos dirigentes del Movimiento Al Socialismo del ala evista: Humberto Claros y Ramiro Cucho, que también han sido acusados por terrorismo; pero estos tienen mandamiento de libertad. ¿Cómo se entienden estas diferencias? ¿Por qué se dan estas diferencias?
Primero tenemos que aclarar, y es muy buena la pregunta para informar al pueblo boliviano, particularmente al pueblo de Santa Cruz. Son dos hechos, dos casos totalmente diferentes. En el caso golpe de Estado I, que se ha denominado así, yo celebro que la justicia esté actuando de manera célere, como como además exige la Constitución Política del Estado. Ya estamos en la etapa de producción de prueba testifical de descargo. Eso quiere decir que ha pasado la prueba documental, ya ha pasado la prueba testifical de cargo. Estamos a pocos días, por no decir un par de semanas, de que concluyen el juicio, en su fase principal. Luego vendrán los alegatos y la sentencia y, evidentemente, uno de los delitos por los cuales están siendo acusado, señor Camacho y señor Pumari, es el delito de terrorismo, delito -y con esto puntualizo este primer punto- plenamente vigente en el Código Penal; delito que pudo haber sido cuestionado por alguna acción de inconstitucionalidad que está ahí presentada en el Tribunal Constitucional y seguramente se resolverá rápidamente; pero que está plenamente vigente y es el delito que estaba vigente en el momento de los hechos por los cuales se acusa a Camacho y se lo acusa a Pumari.
Totalmente falsa la información difundida en algunos medios y en algunas redes sociales con relación a mandamiento y libertad que se hubiera emitido con relación al señor Cucho y al señor Humberto caros, en otro proceso denominado Parotani, que además tiene múltiples personas investigadas, procesadas, imputadas y detenidas preventivamente. Ese mandamiento de libertad, que fue emitido en algún momento, es totalmente arbitrario y solamente fue, además, a favor de Humberto Claros, no de Cucho; pero fue totalmente arbitrario ilegal e inconstitucional. Al extremo que en la audiencia, donde se celebró la acción de libertad, no estaba presente el juez que ha dispuesto su detención preventiva; no ha sido notificado el juez que ha dispuesto la detención preventiva. Entonces este juez, que no ha sido notificado con ese mandamiento de libertad ni con la acción de libertad, ha dispuesto nuevamente la detención preventiva, como corresponde; si quieren accionar alguna actividad irregular, obligatoria de derechos del juez cautelar del caso. Lo tienen que recurrir al juez. Eso lo ha hecho la defensa del señor Claros.
Una investigación periodística reveló que un Estado ficticio, el estado de Kailasa, está presente en nuestro país. Se ha decidido, desde Migración, su expulsión; pero llama la atención ¿Por qué no se aprehende a estas personas? ¿Por qué no hay una investigación más profunda? Hemos notado que incluso se ha demorado un poco el pronunciamiento del Gobierno en relación con este caso, ¿qué se puede decir al respecto?
Lo primero, que han actuado las autoridades administrativas y migratorias, más bien de manera rápida. Han procedido a la deportación de todas las personas que conformaban esta nación ficticia, o supuesta nación inexistente, no reconocida por Naciones Unidas y menos por nuestra Cancillería. Y el Ministerio de Justicia, inmediatamente se procedió a la deportación, inició la acción penal. Está radicada la acción penal en el distrito de Beni, como corresponde; fue admitida el día de ayer (miércoles 26 de marzo).
Estamos preparando proposición de diligencias investigativas; los delitos que se acusan son: tráfico de tierras, asociación delictuosa y vamos a ampliar, si no es hoy, el día de mañana, por el delito de introducción -es un nuevo delito-, introducción en tierras comunitarias de origen, porque recordemos -para que conozcan bien el caso quienes están escuchando y viendo (la entrevista)- que estas personas, en complicidad o coautoría con algunos dirigentes de la comunidad baure han pretendido arrendar perpetuamente territorios comunitarios de origen. Y eso está prohibido constitucionalmente, prohibido legalmente, y la norma establece claramente que esos contratos que se han firmado -porque están sus firmas ahí, de tanto de los representantes de sanación ficticia como de los dirigentes nuestros- han cometido un delito o varios delitos y son además los contratos nulos de pleno derecho.
¿Por qué se apersona el ministerio de Justicia en este caso? Primero, porque tenemos un viceministerio de Justicia Indígena, Originaria, Campesina, que es plenamente competente para denunciar y promover denuncias que afecten el territorio o los derechos de los pueblos indígenas. Y segundo, tenemos un servicio, el Sepdavi, de atención a la víctima, que en este caso serían las otras comunidades y los otros miembros de los pueblos indígenas originarios, campesinos.
¿Contra quiénes, ministro, se está activando este proceso?
Contra todos que firman el contrato, no tengo en este momento los nombres; pero son todos los que firman ese contrato de arrendamiento perpetuo. Son tres representantes de la ficticia nación Kailasa, más tres representantes de la comunidad baure.
¿Esos tres representantes que firman están entre los que fueron expulsados?
Los de Kailasa, sí; pero los de la comunidad tienen que estar ya derecho; se los va a citar, seguramente, las próximas horas.
El Presidente, Luis Arce ha emitido, recientemente, una ley de indulto. ¿Cuántas personas se van a beneficiar con este decreto y cuáles son las valoraciones que se van a tomar para esta decisión?
En realidad, fue por un mandato del Tribunal Constitucional, que es en el marco de los derechos humanos se declaró vigente el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto. El día de ayer fue publicada la norma. Estamos trabajando con Ministerio de Gobierno, con Régimen Penitenciario, con servicios de Defensa Pública; pero hay una buena expectativa, que supera las, por lo menos, 500 personas que van a ser beneficiadas con amnistía, primero, y también con indulto, en número similar que, puede permitir una señal de: lucha contra el hacinamiento carcelario, garantía máxima del debido proceso; hay personas que han cumplido su condena, o en detención preventiva y han cumplido el máximo de la condena o delitos menores, que tienen que ser indultados, tienen que ser amnistiados por este decreto presidencial. Asimismo, existen personas que están en gestación, tienen hijos menores de 5 años; adultos mayores, personas con discapacidad, con enfermedades terminales.
El número y evidentemente va a rondar entre las. Entre las 500 mil personas beneficiadas.
El poder judicial está en emergencia por un recorte presupuestario. ¿Desde el Ministerio de Justicia se está tomando alguna decisión? ¿Se va a dar un soporte económico al poder judicial?
Sí, no puedo adelantar nada, lamentablemente, por razones de respeto a las autoridades de orden judicial. Pero puedo informar, a través tuyo, a la población: Darles tranquilidad. Inmediatamente se declaró en crisis el Órgano Judicial sobre un tema presupuestario, Nosotros, por mandato del Presidente, enviamos a trabajar técnicamente a los viceministros del área de Justicia y de Economía, en la dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial y recién en esta semana, a principios de semana, nos dieron la buena noticia de que hay un acuerdo. Seguramente va a implicar el aporte de ambas partes, en este caso, tanto el Órgano Judicial como el Órgano Ejecutivo.
Y hemos convocado, eso sí lo puedo decir, para el día martes en la ciudad de La Paz que pueda estar el presidente del Tribunal Supremo, el presidente del Tribunal Agroambiental y el presidente del Consejo de la Magistratura, en una reunión de alto nivel con el ministro de Economía y mi autoridad, donde seguramente convocaremos una conferencia de prensa y daremos la buena noticia de que, al menos por este momento que estamos viviendo y además que es electoral y político, la crisis está superada
Para ir cerrando, ministro, para que no quede en el aire… Son tres comunidades las que firmaron concesiones de tierras a Kailasa. ¿Usted me habló de baure, que se está iniciando (un proceso), se está procediendo igual con las otras dos naciones indígenas?
Sí, incluso ayer hemos instruido que se proponga también diligencias investigativas (para esas dos comunidades también).
La investigación tiene que dar con todos los responsables, y todos los hechos conexos tienen que ser investigados, procesados y tiene que sentar un precedente.
Hemos instruido también que se pidan informes a Migración con relación al estatus migratorio. Nos dijeron que se les ha otorgado una visa consular, es decir, en la embajada de Estados Unidos. El encargado de negocios que tenemos en los Estados Unidos, como Bolivia, pero esa visa consular tenía un periodo determinado.
Entenderemos cómo se ha ampliado, qué ha hecho Migración, cuál ha sido el procedimiento y demás, y de la misma forma, si hay otras comunidades, otras personas responsables, el mandato del Presidente es cero tolerancia a la impunidad y, consecuentemente, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en este caso.
Es posible, incluso, que mi autoridad se constituya en Trinidad para reunirme con el presidente del Tribunal Departamental y el Fiscal General para pedirle la prioridad en el caso.
Otro tema que está también en la agenda informativa tiene que ver con el proceso en contra del expresidente Evo Morales, por el delito de trata de personas. No se ha efectivizado aún ni la aprehensión ni esa convocatoria a declarar ante la fiscalía. ¿Qué seguridad pueden tener las víctimas de este tipo de procesos, si con este ejemplo no se está haciendo justicia?
El señor Evo Morales ha sido claro rebelde y contumaz a la ley. El proceso está avanzando en su etapa preparatoria de investigación. Recordemos que ya está imputado; en el plazo determinado en el procedimiento penal va a ser, seguramente acusado.
Evidentemente dificulta la investigación, el avance, el que no comparezca declarar; pero ya el Órgano Judicial, la Fiscalía, primero y después el Órgano Judicial han emitido las órdenes de aprehensión, las declaratorias de rebeldía respectivas y lo que resta es que la policía pueda cumplir su trabajo; pero también tiene que tener las condiciones para hacerlo. Transmito la pregunta a la Policía y al Ministerio de Gobierno.
