La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y sus nueve asociaciones departamentales rechazaron este martes, 1 de abril, las amenazas emitidas por representantes del autodenominado Estado de Kailasa contra periodistas y medios de comunicación bolivianos.
En un comunicado conjunto, condenaron los intentos de intimidación que sufrieron medios como EL DEBER, Brújula Digital y Sumando Voces, tras publicar investigaciones que revelaron presuntos acuerdos irregulares entre grupos indígenas y los enviados de esta organización sin reconocimiento internacional.
Entre los periodistas afectados se encuentra Silvana Vincenti, de EL DEBER, quien destapó el escándalo. Vincenti recibió amenazas tanto de un dirigente indígena como de miembros del grupo extranjero, tras la publicación de su reportaje.
“La exigencia de retractaciones, eliminación de contenido y disculpas públicas por parte del ficticio Estado de Kailasa constituye una estrategia de intimidación inaceptable”, señala el pronunciamiento, que recuerda que el periodismo cumple un rol esencial para la democracia y debe ejercer su labor sin presiones ni censuras.
Los periodistas explicaron que las notas cuestionadas por Kailasa están basadas en documentos, testimonios y fuentes verificadas. Recordaron que la libertad de expresión está protegida por la Constitución Política del Estado y tratados internacionales, por lo que pidieron al Estado boliviano que se pronuncie y garantice la seguridad de los profesionales afectados.
El comunicado también destaca que el llamado Estado de Kailasa carece de legitimidad y de reconocimiento legal a nivel internacional, por lo que sus amenazas no tienen ningún sustento jurídico.
“Saludamos la contundente respuesta de los medios amenazados y su decisión de no ceder ante presiones ilegales ni retirar información debidamente verificada”, concluye el pronunciamiento de la ANPB.
Caso Kailasa
Las amenazas surgieron tras una investigación de EL DEBER que reveló la firma de contratos entre tres pueblos indígenas y supuestos representantes de Kailasa. El contenido de esos documentos incluía la entrega de más de 500.000 hectáreas de territorio por 1.000 años, además de derechos sobre el espacio aéreo y los recursos del subsuelo.
El caso generó indignación pública, llevó a la expulsión de los representantes extranjeros y derivó en una denuncia penal en la Fiscalía por presunto tráfico de tierras.
