En 2024 se quemaron más de 14 millones de hectáreas en el país, 8 millones con cobertura boscosa, y como ocurre desde 2019, Santa Cruz fue el departamento más afectado, con un área quemada de 9.149.469 de hectáreas.
Ya en septiembre del año pasado, un informe de la Fundación Tierra evidenció que las zonas más agredidas por el fuego eran los territorios indígenas (TCO/TIOC), las reservas forestales y ex concesiones forestales (hoy ATE’s), y las áreas protegidas (AP) nacionales y subnacionales.
De los territorios indígenas, el más afectado -de todo el país- fue Monte Verde, en la Chiquitania, con casi un millón de hectáreas de superficie, de las cuales ardió más del 80%.
Ni bien acabaron los incendios en noviembre de 2024, ya en diciembre el equipo de monitoreo satelital de la Central Indígena Paiconeca de San Javier (CIPSJ) constató la apertura de caminos desde el lado de Guarayos, específicamente de la Autorización Transitoria Especial (ATE), o ex concesión Forestal Vasber, avasallada desde hace varios años, justo cuando tocaba renovar el permiso para continuar con el manejo forestal.
Ante la alerta satelital, la Central Indígena Paiconeca de San Javier entregó una serie de cartas a autoridades locales y nacionales, para denunciar los avasallamientos y desmontes ilegales, que desde Vasber atravesaron el límite de la TCO, y que actualmente se encuentran afectando el Plan de Manejo Integral de Bosques de Santa Fe, dentro de Monte Verde.
Desde el 20 de marzo, la CIPSJ viene denunciando ante varias entidades, sin respuesta alguna.
Entre las autoridades convocadas están el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, con sus carreras y facultades correspondientes; el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya; la secretaria departamental de Medio Ambiente de la Gobernación cruceña, Ana Patricia Suárez; el gobernador en ejercicio; Mario Aguilera; el director nacional de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT), Luis Roberto Flores Orellana; el alcalde de Ascensión de Guarayos, Pablo Eddie Guaristi Peredo; el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo; y a la presidenta del Colegio de Ingenieros Forestales, Viviana Molina.
A las autoridades citadas en las cartas, la CIPSJ les exige pronunciarse sobre los incendios forestales, con el consiguiente daño a la biodiversidad y a las costumbres de los pueblos indígenas, pero también que apoyen la solicitud de intervención de la ABT, para la identificación de los responsables de los desmontes ilegales y los avasallamientos, además de la aplicación de la ley y los castigos correspondientes.
“Es imperativo que las autoridades responsables tomen medidas inmediatas para erradicar las prácticas ilegales, sancionar a los responsables y proteger los derechos de los pueblos indígenas, conforme a lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE).
Asimismo, denunciaron la falta de acciones oportunas y efectivas para mitigar los efectos de los incendios, que no solo devastaron áreas de bosques nativos, sino que además generaron serios impactos ambientales, sociales y económicos para los habitantes de la zona.
“Alertamos sobre las consecuencias que estos siniestros podrían tener en el futuro, si no se toman las medidas preventivas y correctivas necesarias”, dejó por escrito la CIPSJ.
En la carta a la ABT, la CIPSJ, en representación de la TCO Monte Verde, hizo llegar las coordenadas donde se encuentran los desmontes y caminos pos incendios, que ya llegan a las 100 hectáreas, sin contar el daño por incendios, solamente en el Plan de Manejo Integral de Bosques (PMIB) de Santa Fe.
Muy aparte está la afectación a la ex concesión Vasber, en Urubichá, administrada por la empresa Cimal, donde hasta agosto del año pasado ya se habían desmontado y quemado más de 50 mil hectáreas. Es desde ese lado que los avasalladores están entrando a Monte Verde.
Según datos del equipo de Vasber, desde 2023 existe orden de desalojo para este lugar, que dos años después sigue sin ejecutar. Al tratarse de tierra fiscal no disponible, la competencia para proceder a este desapoderamiento atañe al INRA, la ABT y la Policía Boliviana.
Paralelamente, en San Julián, según las denuncias de la CIPSJ, en los últimos días, a una cuadra de la Alcaldía, varias personas están anotando a los interesados en tener parcelas en lo que los colonos denominan el “Gran Guarayos”.
Infografía: Imagen satelital multitemporal muestra el grave daño por incendios en Minte Verde
ABT e INRA
Ya en septiembre de 2024, según la CIPSJ y las cartas y hojas de ruta, tanto la ABT como el INRA están informados, de manera oficial, de los daños a Monte Verde.
El 23 de septiembre del año pasado, La CIPSJ hizo llegar una denuncia a David Rojas Escalera, director de la Unidad Operativa de Bosque y Tierra (UOBT) de Guarayos, dependiente de la ABT.
En la misiva, solicitaron la intervención coordinada con otras instancias del Estado, para prevenir futuros incendios y otros daños.
El 19 de septiembre de 2024, la CIPSJ también envió su denuncia escrita a Eulogio Núñez Aramayo, director ejecutivo del INRA, dándole a conocer la situación en la zona.
Desde la CIPSJ lamentaron que no han obtenido respuesta. EL DEBER también pidió una respuesta a varias de las autoridades notificadas con la denuncia: ABT (Franz Agapito Valdez), INRA (Eulogio Núñez), Defensoría del Pueblo, y Gobernación de Santa Cruz (Ana Patricia Suárez).
Solamente respondió a EL DEBER Suárez, del Gobierno Departamental. “El año pasado hemos contestado, indicando la coordinación sostenida con diferentes niveles, y poniéndonos a su disposición para coordinar cualquier aspecto”.
Asimismo, Suárez aseguró que profundizaría en el tema, haciendo la consulta respectiva en otra oficina para este lunes 7 de abril.
Víctor Yucra, experto en temas forestales y ex autoridad, lamentó que los avasallamientos en las ex concesiones, hoy ATE’s, coincidan con la culminación del periodo otorgado para operar con planes de manejo. Aclaró que la ley es muy clara al respecto, que el fin de un periodo no significa la culminación de los derechos, sino que estos pueden ser renovados cuando se cumple con las certificaciones requeridas.
Ataques al bosque
Adicionalmente al ingreso ilegal a Monte Verde por el lado de Vasber, ya desde noviembre del año pasado, EL DEBER, en un recorrido por este territorio indígena, evidenció inmensos desmontes en tierra fiscal, por el ingreso a la comunidad Madrecita, en el municipio de Concepción, provincia Ñuflo de Chávez.
Otra ex concesión forestal, donde ya se había realizado un desalojo, y donde actualmente los colonos se encuentran cultivando y cosechando productos agrícolas, es Marabol.
Asimismo, en el área protegida nacional y Área Natural de Manejo Integral (ANMI) San Matías, un nuevo plan de manejo omite nueve ex concesiones forestales en ese lugar.
El ANMI San Matías, segunda área protegida nacional más grande de Bolivia, fue la más quemada durante los incendios forestales del año pasado.
El 14 de marzo, la ABT brindó su Audiencia Pública Rendición de Cuentas Final 2024, en la que se reveló que en esa gestión se iniciaron 136 procesos judiciales correspondientes a incendios. De ese total, solo seis obtuvieron sentencias. Jhovana Morales, de Fundación Tierra, cuestionó qué pasó con los procesos restantes.
PARA SABER
TIERRA FISCAL
Es la tierra que pertenece al Estado boliviano, y se divide entre disponible y no disponible, esta última no está sujeta a dotación, y en esta categoría entran áreas protegidas y reservas forestales.
MENONITAS
Según la CIPSJ, el monitoreo satelital muestra dos tipos de apertura de brechas, una que es común entre los colonos o interculturales, y la otra que es típica de las colonias menonitas. Además, aseguran que vieron a estos ciudadanos bolivianos-extranjeros en la zona.
MENOS TIERRA FORESTAL
La Cámara Forestal de Bolivia (CFB) denunció anteriormente que la tierra de uso forestal se achicó de 5,9 a 2 millones de hectáreas con fines agrícolas. Los nuevos avasallamientos muestran que sigue la presión sobre área boscosa.
