Las impugnaciones indígenas contra las elecciones generales fueron desahuciadas por el propio presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassenteufel, quien dijo que ya el tema está cerrado y espera que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) defina estas demandas respetando el compromiso que expresaron dos de los autoprorrogados de ese alto tribunal.
“Algunas organizaciones han interpuesto recursos o acciones abstractas, de modo que la sala plena (del TSE) determinó ya no insistir con esa acción y la situación es que hay que esperar que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre esas acciones, creemos que ese pronunciamiento no va a poder salir ya para este proceso electoral”, dijo el presidente del ente electoral.
Las organizaciones indígenas acudieron por separado al ente electoral para presentar sus postulaciones propias al TSE de cara a las elecciones generales de agosto. Los indígenas reivindican la participación directa amparados en el artículo 209 de la Constitución Política del Estado, sin embargo, esta norma señala que esa participación debe estar regulada por ley.
“Cuál es la ley, es la ley 1096, la ley 1096 en sus artículos 5 y 15 de manera expresa circunscribe la participación indígena al ámbito subnacional, es decir hay una norma legal que circunscribe esa participación, el Tribunal Supremo Electoral no puede, por tanto, simplemente decir que participen”, argumentó Hassenteufel.
El exmagistrado Gualberto Cusi, la Central Indígena de Pueblos del Oriente Boliviano (Cidob) y otras dos organizaciones presentaron acciones de inconstitucionalidad pidiendo que se deje sin efecto esos dos artículos de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 1096) y se les permita participar de este proceso.
Los asesores de estas organizaciones ya adelantaron que incluso llegarán hasta los tribunales internacionales para hacer valer sus derechos, algo que parece lejano, por los requisitos que exigen esos tribunales a la hora de admitir los casos.
Dos de los autoprorrogados, Gonzalo Hurtado e Yvan Espada llegaron esta semana hasta el TSE para comprometerse a garantizar la realización de las elecciones generales el 17 de agosto sin ninguna interferencia legal, deslizando de ese modo que los recursos planteados no tendrán la celeridad que aplicaron a otros casos.
