El abogado cruceño, Róger Mariaca Montenegro, cumplió el pasado 23 de abril seis meses al mando de la Fiscalía General del Estado, con muestras de cambios en la modernización, atención a sectores vulnerables, pero también con desafíos pendientes y al menos cuatro fuertes procesos investigativos que son como un fierro caliente en esta coyuntura preelectoral.
Juristas y políticos consultados por EL DEBER, destacaron que por primera vez en la historia litigante boliviana sea un cruceño y joven quien haya sido designado como Fiscal General con respaldo de parlamentarios, tanto del oriente como del occidente. Eso sí, los entrevistados coincidieron en que, si bien se evidencian algunos temas importantes avanzados en este corto tiempo, aún restan reformas profundas por realizar para cambiar completamente la imagen del Ministerio Público.
Mariaca, de 37 años, oriundo de Santa Cruz, fue elegido el 23 de octubre de 2024 durante el proceso de selección en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la elección del representante máximo del Ministerio Público, tras el término de gestión de seis años de su antecesor, Juan Lanchipa, quien fue duramente cuestionado por su presunta parcialidad con los gobiernos de turno.
El abogado cruceño, que renunció como fiscal de Santa Cruz donde cumplía funciones, para participar del proceso de selección, obtuvo una arrasadora mayoría de apoyo de parlamentarios con un total de 115 votos de 161.
La evaluación
Martín Camacho, abogado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, manifestó que la designación de un fiscal general cruceño, y de otras autoridades judiciales, también cruceñas, hace notar el posicionamiento de Santa Cruz dentro de la política.
En ese contexto, indicó que previo a los comicios generales del 17 de agosto, esta situación hace notar que el voto cruceño, la opinión cruceña, importan. Hecho que no ocurría antes. Empero, apuntó a que judicialmente no ha habido aún el cambio que se espera respecto al Ministerio Público.
“Creo que el doctor Róger Mariaca ya tiene mucho que hacer, no solamente respecto a los fiscales departamentales, sino también a los fiscales de materia, porque no se ha notado ninguna mejora en realidad, pero además ninguna mejora respecto a los temas judiciales y sobre todo, a lo que sería la protección del debido proceso”, expresó Camacho.
Por su parte, el abogado constitucionalista José Luis Santistevan, manifestó que el Ministerio Público, al ser un órgano que defiende la legalidad y los intereses de la sociedad, no está ajeno a la crisis de poderes que vive el país, porque en los últimos 12 años se vio envuelto en “casos armados” donde “el Poder Ejecutivo ha coartado las funciones de la Fiscalía”. Por ejemplo, mencionó el caso Terrorismo, Golpe, la asonada militar y procesos a líderes de oposición que piensan distinto al partido de turno “en la que actuaron fiscales y jueces”.
Entonces, “el Ministerio Público perdió toda credibilidad y transparencia. Fiscales se prestaron y se siguen prestando a las acusaciones políticas y que esta política promovida por el poder Ejecutivo ha hecho que la política se judicialice. Ahí hubo una ruptura del Estado constitucional del derecho”, afirmó, esperando que esa situación ahora se revierta.
En tanto, William Herrera, abogado constitucionalista, consideró que aún se esperan los grandes impactos dentro de la Fiscalía. Además, indicó que la revolución jurídica se da con el acompañamiento de otras instituciones del Poder Judicial, vale decir, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“Han sido seis meses de organización, de acomodo. Hay muchas cosas por hacer, no se resolvieron la injusticia ni la persecución política. Quizás una pequeña señal positiva hubiese sido el anular el juicio a Jeanine Áñez”, dijo Herrera a esta casa periodística.
La diputada de Creemos, Laura Rojas, sostuvo que el nombramiento de Mariaca representó no solo un reconocimiento a su trayectoria, sino también a la capacidad profesional de los habitantes de Santa Cruz y del oriente boliviano. “Su gestión destaca por la modernización del Ministerio Público para reducir la mora procesal y mejorar la transparencia”, señaló. Y es que si bien la modernización se inició con Lanchipa, durante la gestión de Mariaca se dotó el equipo más sofisticado y se capacitó a los fiscales en su manejo.
Atención a los vulnerables
La fiscal Especializada en Delitos de Género, Jéssica Echeverría, resaltó que un Fiscal General priorice la repartición que ella dirige, fortalezca la justicia penal juvenil y trabaje en la lucha contra la pornografía infantil.
“Es un hito que el fiscal presente un proyecto de ley que ayude a proteger a los niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales”, valoró.
