5 de marzo de 2024, 4:00 AM
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La aprehensión de Gabriela Zapata, la expareja sentimental del expresidente Evo Morales, estuvo marcada por gestiones del propio Gobierno. Ayer, en sus declaraciones ante el Tribunal que la juzga, ella reveló que hubo un pacto con las autoridades de entonces, justo antes de entregarse a la Policía. Sucedió el 26 de febrero de 2016, cuando Evo era presidente del país.
“El día que me iban a detener se comunicó conmigo el doctor (Wálter) Zuleta a quien había conocido por personeros del Gobierno y me indica que si estaba en mi domicilio, porque ya estaba la vagoneta del Ministerio de Gobierno esperando. Voy, avanzo, veo la vagoneta, me paro atrás de ellos y me subo (a la vagoneta), me trasladan a la Felcc y me indican: ‘vamos a esperar a la prensa’. Me sacan a los medios indicando que tenía que estar tranquila, que solamente era la situación por la que estábamos pasando y que teníamos que justificar la derrota del 21 de febrero (21F) con esa detención”, dijo la exnovia de Evo, en medio de sollozos, ante los jueces del tribunal.
Zuleta fue el abogado que la patrocinó ante una denuncia del supuesto hijo con Evo Morales.
El juicio oral contra Zapata se instaló ayer tras ocho años de trámite legal. Comenzó a las 09:30 en la Sala Penal Cuarta de Sentencia de La Paz. Los delitos imputados tienen que ver con trata de personas y asociación delictuosa. Además, hay otras 10 personas encausadas. Zapata fue la última en declarar y respondió a las preguntas de la presidenta de este Tribunal. Reveló así que actualmente estudia para piloto privado en un centro de adiestramiento de Cochabamba.
También declaró el exabogado de Zapata, William Sánchez Peña, que estaba prófugo; y Pilar Guzmán, quien dijo ser pariente de la exnovia de Evo. El primero reveló que siete ministerios buscaron “al hijo del Presidente” e incluso desplegaron personal hasta Perú para impedir un pedido de asilo.
De acuerdo con la declaración del abogado Sánchez Peña, él viajó al Perú el 17 de mayo de 2016 y solicitó asilo porque en Bolivia se había iniciado la persecución contra todos los que estuvieron involucrados en el caso del supuesto hijo de Evo Morales. “Vi que Héctor Arce (quien fue ministro de Justicia) y Álvaro García Linera (entonces vicepresidente) dijeron que iban a denunciarnos ante el Ministerio Público, el 17 de mayo (2016), me acuerdo muy bien, un periodista me llama y me dice: ‘Existe mandamiento de aprehensión en contra de usted’. Por supuesto, yo agarro inmediatamente y me pongo a buen recaudo. Sí señora magistrada, porque no quería pasar lo que hoy muchos de los acusados han pasado, porque el abogado que habla, en ningún momento cometió ningún delito”, dijo Sánchez.
Explicó que en Perú acudió al Consejo Nacional del Refugiado (Conare) y fue entrevistado sobre las razones de su solicitud. Afirmó que el delito de trata y tráfico es delito de lesa humanidad; sin embargo, las autoridades peruanas constataron que no existía tal delito y que todo era una persecución política desatada desde la alta cúpula del Gobierno boliviano.
“Por eso en Perú se me otorgó el refugio, porque consideraron que yo era un perseguido político, además tomando en cuenta de que (en la audiencia de otorgación de asilo) por parte de los denunciantes estaba el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Transparencia (a través de Lenny Valdivia) y el Ministerio de Defensa; es decir, estaban como siete ministerios y por supuesto allá decían: ¿Por qué están estos ministerios? Justamente esa fue la acreditación de la persecución política”, relató el abogado ayer.
Los ministerios de Justicia, Defensa, Presidencia, Transparencia, Educación, Salud y la Cancillería trabajaron en todos los frentes del caso Zapata. El Ministerio de Educación revisó las listas de alumnos de todos los colegios del país para verificar dónde estudiaba el supuesto hijo de Morales. El de Salud revisó todos los certificados de nacido vivo de los hospitales y clínicas para verificar este dato. Justicia inició el juicio contra las 11 personas y designó al viceministerio de Transparencia para que sea la representante. La Cancillería hizo campaña contra los acusados para evitar los asilos. El Ministerio de la Presidencia, a cargo de Juan Ramón Quintana, fue el coordinador de la operación.
