5 de marzo de 2024, 13:28 PM
5 de marzo de 2024, 13:28 PM
El Gobierno del presidente Luis Arce Catacatora da un giro en su política minera. Este martes posesionó a Alejandro Santos Laura, que proviene de las cooperativas auríferas, sector que el año pasado protagonizó una protesta que paralizó a la ciudad de La Paz, en demanda de una ley para pagar menos impuestos y obligar a la entrega de más áreas de explotación.
Desde el 2020 (durante el Gobierno de Jeanine Añez), Santos Laura fue sugerido por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras Bolivia (Fencomin) para que asuma como titular en el Ministerio de Minería. Este pedido también fue permanente durante los primeros años de gestión del presidente Arce.
Es más, su nombre fue sugerido el año pasado. No obstante, los trabajadores mineros de la empresa estatal Huanuni rechazaron esta propuesta.
Según reportes de medios de La Paz, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Minera de Huanuni, a través de su secretario general, Mario Argollo, advirtió que no permitiría que el sector cooperativista se haga del Ministerio de Minería y Metalurgia.
“No podemos permitir que la minería estatizada sea manejada por los compañeros cooperativistas. Tenemos esa visión de precautelar este sector y estaremos atentos a lo que pase en el epicentro del país”, dijo a Radio Horizontes.
Según reporte de Brújula digital, Santos pertenece a la Cooperativa Caracoles del departamento de La Paz y, cuando accedió a la máxima dirigencia del sector, el año 2013, prometió hacer aprobar leyes de minería contra los avasallamientos, de autorización para la explotación minera y otras en beneficio de su sector.
Santos fue presidente de Fencomin durante la gestión de Evo Morales e incluso en el 2014 amenazó con tumbarlo si la Asamblea Legislativa no aprobaba la actual Ley Minera, que brinda muchas concesiones y privilegios a su sector.
“Si bien la Fencomin y todas las cooperativas del país hemos llevado a que Evo (Morales) sea el Presidente de Bolivia, así también podemos bajarlo, nosotros hemos sido los primeros autores de llevarlo a la presidencia el año 2003, en ese sentido la movilización de todas las cooperativas a nivel nacional vamos a masificarlo y no vamos a permitir, que a nuestros compañeros de base los estén manoseando”, manifestó Santos en declaración a los medios en ese año.
Santos representa a un sector que es el blanco de muchas críticas debido a las malas prácticas que emplean en la extracción de oro, en especial en el norte de La Paz. En esta zona otras organizaciones rechazan la presencia de las cooperativas debido al daño ambiental que producen al usar mercurio. Además, por los problemas que ocasionan las dragas en el cauce de los ríos.
A esto se suma un estudio del Cedla, que apunta a que este sector genera muchos ingresos, pero su aporte al estado resulta escaso.
Según esta entidad, en 2022, la explotación de oro marcó un récord en cuanto a volumen (53,4 toneladas) y valor ($us 3.073 millones).
De total, según el Cedla, el 99,5% de esa producción fue declarada como procedente del cooperativismo minero, que no paga impuestos, se asocia ilegalmente con capitales privados nacionales y extranjeros, y deja impactos ambientales significativos en el medioambiente.
“Se piensa que esos 3.073 millones de dólares benefician a los cooperativistas, pero, en áreas en las que las cooperativas se asocian con capitales privados, los socios extranjeros se llevan entre el 70% y el 80% de los ingresos generados por la operación aurífera”, apuntó Alfredo Zaconeta.
En este contexto, el nuevo ministro de minería tendrá que tender puentes con la minería estatal, en especial con el sindicato de Huanuni, que el año pasado dijo que impediría que un sector maneje el complejo estatal minero.
