8 de marzo de 2024, 4:00 AM
8 de marzo de 2024, 4:00 AM
La defensa del gobernador Luis Fernando Camacho pedirá incluir al gobernador en suplencia Mario Aguilera como testigo dentro del caso ‘decretazo’. Según una orden judicial, Camacho, que se encuentra recluido en el penal de Chonchocoro, deberá asistir a una audiencia presencial el próximo 11 de marzo.
Martin Camacho, abogado del gobernador detenido, indicó que la defensa y el Ministerio Público están proponiendo esto para que Aguilera explique que no fue perjudicado por el decreto 373, emitido en marzo del 2022, que delegaba funciones al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro.
“Dentro de la etapa investigativa fue importante un informe que presentó el señor (Mario) Aguilera certificando que él no había sido perjudicado en ninguna de sus funciones, a raíz del decreto 373”, manifestó el abogado.
Agregó que ninguna de las otras partes; los asambleístas departamentales del Movimiento Al Socialismo (MAS), el viceministerio de Transparencia y la Procuraduría General del Estado (PGE), han propuesto pruebas, salvó la solicitud de una audiencia virtual realizada por el asambleísta del MAS, Clemente Ramos.
El asesor general de la Gobernación, Luis Fernando Roca, manifestó que, si el gobernador Aguilera es notificado y si se instala el juicio, él participará.
Días antes, la defensa del gobernador cruceño denunció que el Gobierno está evitando que el gobernador Camacho, quien debería llegar el domingo 10, sea trasladado a Santa Cruz. Según el abogado de la defensa, la Policía y la Gobernación del penal de Chonchocoro presentarán un informe al Tribunal Octavo de Sentencia con el fin de obstaculizar el traslado.
En sus redes sociales, el gobernador Camacho escribió que el presidente Luis Arce “decide desobedecer la orden de un juez de trasladarme a Santa Cruz, eso es una muestra de que estamos en una dictadura, como en Cuba y en Venezuela”.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, recordó que se solicitó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Comando de la Policía Boliviana y a la Dirección de Régimen Penitenciario, todos los elementos necesarios para ver si es viable el traslado del gobernador cruceño.
“Esto con la finalidad de saber si el traslado de esta persona privada en libertad, no va a poner en riesgo la vida del pueblo boliviano y cruceño. No olvidemos que en la gestión anterior cuando se aprehendió al señor Luis Fernando Camacho se quemaron 28 instituciones”, dijo la autoridad.
El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic, calificó como un “abuso” que el Gobierno nacional no quiera cumplir una orden judicial.
“Me parece que eso es lo que se debería analizar primero; el abuso que hay en tratar de tenerlo recluido ilegalmente en Chonchocoro y cuando se lo tiene que convocar para su juicio, donde tiene que defenderse, no le permite asistir”.
Por su parte, la asambleísta de Creemos Paola Aguirre advirtió que, de no cumplirse esta resolución judicial, todos los representantes del Gobierno nacional que han incitado abiertamente a la desobediencia podrían enfrentar acciones penales.
