Diputados de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) investigan las razones por las que no se publicaron las certificaciones de reservas hidrocarburíferas de los años 2022 y 2023, siendo que la estatal petrolera, YPFB, tendría los resultados de los estudios realizados por dos empresas consultoras internacionales. Aseguran que esos estudios demandaron un gasto de $us 900.000 al Estado.
El diputado Alejandro Reyes dijo a EL DEBER que la bancada de CC hijoz una petición de informe oral para que el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, explique las razones por las que no se publicaron las certificaciones y los procesos de contratación de las consultoras Ryder Scott (2022), a la que se pagó $us 475.000 -inscrito en el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes)- y DeGolyer & MacNaughton (2023), a la que se pudo pagar $us 425.000 por invitación directa y sin licitación.
“Por lo tanto, se ha pedido primero la publicación de la certificación de reservas y, por supuesto, lo hemos hecho exigiendo también la renuncia del presidente de Yacimientos (YPFB) que claramente estaría vulnerando la normativa”, indicó Reyes al mencionar que la fecha para el informe oral de Molina está prevista para el 20 de marzo y, en caso de encontrarse responsabilidades, se tomarán debidas las acciones por incumplimiento de deberes y posible daño económico al Estado.
La abogada y experta consultora en energía, gas y petróleo, Claudia Gutiérrez, explicó que la Ley No. 3740 señala que YPFB, mediante licitación internacional, cada año debe contratar empresas especializadas para certificar el nivel efectivo de las reservas hidrocarburíferas en el país y debe publicar los resultados hasta el 31 de marzo del próximo año.
Sin embargo, la normativa no establece sanciones ante el incumplimiento, aunque de manera general, todo servidor público está sujeto a los alcances de la Ley Safco (1178) que establece el régimen de responsabilidades por la función pública. “Entonces sí, existe la posibilidad de aplicar sanciones administrativas, ejecutivas, civiles y/o penales por incumplimiento; en estos casos la responsabilidad se determina tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión”, detalló Gutiérrez.
La experta recordó que en septiembre de 2023, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen anunció que se daría a conocer un nuevo estudio de la cuantificación de reservas de gas natural y petróleo, sin embargo, tales resultados no se conocen todavía, al menos no oficialmente.
“El último estudio fue realizado por la canadiense Sproule International Limited, con información al 31 de diciembre de 2017 y presentado el 29 de agosto de 2018. La certificación determinó que las reservas probadas de gas natural llegaban a 10,7 TCF (trillones de pies cúbicos). En noviembre de 2019, el entonces presidente de YPFB, José Luis Rivero informó que al 31 de diciembre de 2018 las reservas probadas de gas natural llegaron a 8,95 TCF, indicando que el estudio también había sido realizado por la canadiense Sproule”, detalló.
Al mismo tiempo mencionó que en 2020 no se certificaron reservas a raíz de la disminución de actividades por la pandemia y en 2021 YPFB publicó en su sitio web el DVC para consultoría por producto (proponentes extranjeros) para la cuantificación y certificación de reservas de hidrocarburos al 31 de diciembre de 2021, que no se hicieron públicas. “En las Notas a los Estados Financieros de YPFB, al 31 de diciembre de 2022, señalaban que el país contaba con 6,71 TCF de gas natural, vale decir que continuaban en declinación”, subrayó Gutiérrez.
Las reservas de gas natural en Bolivia se encuentran en declinación
El experto en Hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, mencionó otra serie de irregularidades que acompañan los últimos procesos de certificación de reservas. “Llama la atención que se ha hecho un contrato, el año pasado con una fecha de agosto, siendo que la certificación debería ser pública en marzo del año pasado. También hay una denuncia de un asambleísta de Tarija, que dice que hay un nuevo contrato, firmado este año con otra certificadora para que haga una certificación con datos a diciembre de 2023”, aseveró.
Por su parte, el analista Hugo Del Granado lamentó que estas situaciones resten confianza a Bolivia en materia hidrocarburífera. “Nadie va a querer venir a invertir sabiendo que el Gobierno está ocultando información. Y la confianza en materia petrolera es un elemento vital porque se trata de inversiones muy grandes”, consideró.
