4 de marzo de 2024, 4:00 AM
4 de marzo de 2024, 4:00 AM
Desde hace 15 días, aproximadamente, el Parque Ecológico Metropolitano Piraí, también conocido como Cordón Ecológico, acapara la atención mediática.
Este asunto cobró notoriedad luego que la secretaria municipal de Planificación, Andrea Daza, confirmara a EL DEBER que avanza un trámite para la ampliación de la mancha urbana sobre todo el el área que ocupa el cordón, es decir en 1.500 hectáreas.
Ambientalistas y organizaciones, como la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), alertaron que era poco sabido que esas gestiones urbanísticas estuvieran avanzando desde 2017, incluso con correcciones. “No tenía idea”, dijo Federico Morón, concejal de Comunidad Autonómica (C-A), tras enterarse de la noticia. Se declaró sorprendido porque recién había sostenido una reunión con Daza, precisamente, sobre el Cordón Ecológico. Lamentó que la autoridad no mencionara el proceso de homologación de esa faja protectora de la ciudad.
Daza Aseguró que esta solicitud de homologación no necesariamente implica que el “Polígono Cuatro” o cordón vaya a urbanizarse o que se debilite la categoría de zona de preservación ambiental. Dijo que existe una normativa, una guía técnica que establece los procedimientos de homologación de áreas rurales a urbanas, y que, en esa guía técnica, se establecen lineamientos y clasificaciones de tipologías para ste tipo ampliaciones en favor de áreas urbanizadas.
Sin embargo, al acceder a la documentación municipal sobre esa parte de la ciudad, EL DEBER evidenció que a partir de 2017, justo el año mencionado por Daza y como inicio del trámite de homologación, el derecho propietario de los predios se ha modificado en más del 60%.
De los aproximadamente 60 dueños, 38 tienen registros entre 2017 y 2021. “Esto se entiende como el registro de nuevas compras de predios”, especificó Morón.
Asimismo, en la lista hay empresas especializadas en venta y urbanización de terrenos; urbanizadores y comercializadores de materiales de construcción; emprendimientos de rubros diversos y también una cooperativa que presta servicios públicos; claro, para zonas urbanas.
Según la ingeniera ambiental Sandra Quiroga, el Cordón Ecológico vale mucha plata y los intereses no son solo de ahora. “Ahora vemos a Andrea Daza y en su momento estaba Angélica Sosa o Percy Fernández”, apuntó.
Para Quiroga, todos los alcaldes que pasaron en los últimos 30 años tienen en su entorno a alguien que funge como operador de quienes tienen predios en esa la faja protectora del Piraí.
“Entonces, el Municipio, que tiene las herramientas para hacer un control en ciertas áreas, porque tenía muchos predios en el cordón, ahora los ve en manos de privados porque los abandona, porque la gente se entra, aunque los saquen, y porque permite la extracción de áridos”, afirmó.
La lectura que hace Morón es que hay coincidencia de fechas. Cree que por un lado, hay el trámite de homologación de inclusión del cordón a la mancha urbana, y al mismo tiempo se trabajó en el cambio de la norma para favorecer, por ejemplo, la construcción del puente Urubó Village. “Ni siquiera se podía hacer puentes sobre el río y para eso había que anular dos artículos de la norma municipal del Cordón Ecológico”, recordó la autoridad.
El concejal dijo que ese trabajo en su momento lo hizo el legislador nacional Erick Morón, cuando fungía como diputado, además del actual ministro de Obras Públicas Edgar Montaño, y también mencionó al exvicepresidente, Álvaro García Linera.
“Están detrás del cambio en esos artículos para que se aprueben los puentes, ahí comienza el tema de la compra de predios dentro del Cordón Ecológico”, puntualizó la autoridad edil.
En la lista de dueños aparece Erick Morón, pero con fecha de derechos de 2013. Actualmente, uno de los propietarios, Sebastián Paz, ha ganado un recurso, que, según conocedores, ya abre la posibilidad de urbanizar dentro del cordón y eso puede sentar jurisprudencia. Otro de los propietarios ha interpuesto un segundo amparo para disponer de su predio para construir.
Fede Morón también recordó que existe el informe de 2021 de Darko Rodríguez, exdirector de Gestión Urbana, dirigido a Andrea Daza. “Es un funcionario que, a principios de gestión, se negó a firmar ciertas cosas irregulares, que mandó su lista de denuncias, entre estas, el tema de la mancha urbana y que renunció luego de denunciar”, apostilló.
En la carta de Rodríguez, en lo que respecta al cordón, el funcionario menciona una pavimentación ilegal y clandestina, además de contradicciones entre un uso de suelo para conservación, así como patrones urbanos.
Por último, a través de su carta Rodríguez, cuestionó que en la zona colindante con las lagunas de oxidación de Saguapac, al final de la Radial 26, y considerada zona de equipamiento distrital, hubiera sido aprobada la construcción de “gran cantidad de urbanizaciones y condominios”.
De acuerdo con Daza, en la ordenanza municipal aprobada en 2019, se autorizó la contratación para la elaboración de un plan de manejo de todo el Parque Ecológico Metropolitano Piraí.
“Dando cumplimiento a esa misma ordenanza es que la Secretaría de Medio Ambiente ha inscrito en el POA 2024 la elaboración de un plan de manejo, pero esto no significa que ya exista un plan de manejo aprobado”, aclaró la autoridad respecto a estas documentaciones.
La semana pasada, la Gobernación y la Alcaldía se unieron sobre la base de cinco ejes de trabajo: Censo, salud, transporte, concesiones y medio ambiente.
Como resultado de esta reunión —entre gobernador Mario Aguilera y el alcalde Jhonny Fernández— se acordó trabajar sobre el Cordón Ecológico, con el objetivo de aunar esfuerzos en favor de la protección del medioambiente, la sustentabilidad y la calidad de vida de los ciudadanos de la capital.
La afinidad entre Aguilera y Fernández generó suspicacias en algunos sectores, especialmente, respecto a una posible negociación para urbanizar el cordón.
El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic, se mostró cauteloso ante el encuentro y mencionó: “Hay que saber leer entre líneas”. Luego, basándose en declaraciones previas de varios funcionarios, Matkovic lanzó la hipótesis de que la reunión se generó por el presunto interés del alcalde y del gobernador suplente de “entrarse al cordón ecológico” que protege a la ciudad.
En este sentido, Matkovic resaltó que el nuevo director del Searpi, Luis Enrique Aguilera, tío del gobernador en suplencia, hubiera expresado su apoyo a la construcción del malecón en la zona del río Piraí, obra que solo puede ser aprobada por esa repartición, de acuerdo a la nueva Ley de Ordenamiento Territorial.
Paradójicamente, el Searpi fue el gran ausente de un reciente encuentro convocado por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), para debatir la problemática de la propiedad del cordón.
Para Sandra Quiroga, otra bomba de tiempo es la presencia de las lagunas de tratamiento de Saguapac dentro del cordón.
“La cooperativa se hizo acreedora de predios en el cordón después de 2017 para hacer lagunas, y, según la ley, no pueden tratarse aguas servidas dentro de esa zona de protección ambiental, solo se permitían las plantas que había en ese momento, porque son antiguas”, afirmó la especialista.
Quiroga aseveró que es llamativo que Saguapac tenga tres terrenos en colindancia con sus viejas lagunas. Dijo que tanto la Alcaldía como la Gobernación incumplen con funciones porque no hacen una inspección del estado de las lagunas de Saguapac, que ya han cumplido su ciclo.
Para la concejala Lola Terrazas, cuando hay ampliación de la mancha urbana, el municipio tiene tuición de hacer cambios de uso de suelo, muchas veces a solicitud de los vecinos, y en algunas ocasiones, en función de la planificación del desarrollo.
Colectivos ambientales dicen que la Alcaldía tenía derecho propietario sobre 800 hectáreas en el cordón. Daza informó que actualmente son 230 hectáreas.
EL DEBER pidió datos oficiales del derecho propietario municipal inicial en el cordón, y acerca de los nuevos registros después de la solicitud de homologación, pero explicaron que aún no había autorización para responder.
