12 de marzo de 2024, 4:00 AM
12 de marzo de 2024, 4:00 AM
Existe documentación correlativa e idónea desde 1933. En eso se resumió la explicación de Blanca Alicia Rojas, directora de Regulación Urbana, dependiente de la Secretaría de Planificación.
La exposición de la funcionaria se dio en la Subalcaldía del Distrito Municipal DM-12, luego de que el Concejo Municipal convocara a una reunión informativa para dilucidar lo ocurrido con un tema que parecía ‘turbio’ desde finales de 2022.
“Este debe ser el intento de tumbe, la estafa más grande del siglo, 100 millones de dólares, como si Santa Cruz de la Sierra fuera tierra de nadie”, dijo el concejal ‘Mamén’ Saavedra sobre el caso.
Pidió llamar a Beatriz Galviz y Sonia Limpias Zárraga, dependientes de las secretarías de Finanzas y Planificación, quienes respondieron a una Petición de Informe Escrito (PIE), asegurando que no existía documentación que respalde el derecho propietario del Gobierno Municipal sobre el mercado Mutualista.
“Estuvimos a nada de perder el Mutualista, llámese por funcionarios o legisladores vendidos, para que privados ganen. Hubo errores en el Ejecutivo, tardaron cuatro meses en enmendarlos, y tres meses en salir del despacho del alcalde”, aludió.
Saavedra pidió investigar responsabilidades e iniciar procesos penales.
Por su parte, la concejala Lola Terrazas dijo que hay mucha tela por cortar y cosas que aún no se entienden. Observó que, si ya hubo intenciones de quitar bienes al Municipio, todos deberían estar en alerta.
Observó que no correspondía la abrogación de la Ley 417/2016, que declaraba el Mutualista como de dominio municipal, ya que la orden de la Sala Constitucional Tercera era una resolución, y no un fallo.
“El equipo jurídico del Ejecutivo dejó que el alcalde interino promulgue esa ley. Es la única ley con dispensación de trámite que se promulgó y se puso en la Gaceta en 24 horas”, cuestionó.
Para Terrazas, el Municipio está a tiempo de enmendar errores, y sugirió que a la acción negatoria presentada por la Alcaldía, deben sumarse un control de legalidad y dejar sin efecto la ley que abroga la 417/2016.
“Ya hicieron lo mismo con el Zoológico y ahora se viene el nuevo mercado La Ramada”, advirtió, y llamó a desenmascarar lo sucedido. “Hubo funcionarios que se prestaron, y también concejales. Cuando hay derecho propietario de un privado, que se defienda el privado”, aludió.
Los comerciantes respondieron con gritos a las intervenciones de los concejales José Quiroz y Juan Carlos Medrano. “Vendido”, le dijeron a Quiroz, quien aseguró que hasta la fecha no ha recibido la documentación solicitada al Ejecutivo en 2022, que respalde el derecho propietario.
Sobre su participación en la sesión que abrogó la 417/2016, dijo que tuvo que hacerlo ante la ausencia de la presidenta y vicepresidenta del Legislativo. “Deberíamos denunciar al vocal”, se refirió a la Sala constitucional Tercera, que favoreció a un privado, en este caso Nelson Crapuzzi.
Por su parte, en medio de los gritos de “traidor” y “se te cayó el negocio”, Medrano observó que la reunión no se hubiera aprovechado para analizar documentos que respalden el derecho propietario municipal. “Es extraño que con tanta información no se hubiera presentado esto en el proceso para el amparo, pero sí en el monitorio”, dijo, y recordó que al Concejo llegaban respuestas, pero sin respaldo documentado.
A pesar de la conminatoria a la secretaria de Planificación, Andrea Daza, para entregar los planos. Esta respondió que prefiere ir presa antes que darlos. Sobre la Ley 417, aclaró que solo perfecciona la fusión de los terrenos, que antes eran de cinco dueños, pero hay que entender que se mantienen los antecedentes y registros de esos anteriores propietarios. “El terreno sigue siendo del Gobierno Municipal, pese a la abrogación de la ley”, recalcó.
«GARANTIZAN» DERECHO PROPIETARIO
Bernardo Montenegro, vocero jurídico del Ejecutivo municipal, dijo que «el derecho propietario está garantizado con toda la información y el registro que se tiene».
Según Montenegro, el amparo contra el Concejo se hace atacando una ley, la 417/2016, y le llamó mucho la atención que antes del amparo, un concejal pedía que se derogue esta ley.
Dijo que por un tema de seguridad no se dará a conocer toda la documentación a presentarse en el proceso.
«Internamente, el Concejo tiene muchas cosas que dilucidar en cuanto al comportamiento de los propios concejales, antes de pedir renuncias en el Ejecutivo. Nosotros también creemos que hay concejales que deben renunciar», comentario que fue cuestinado por varios legisladores.
Según el concejal José Alberti, nunca hubo dudas de que el Mutualista era un bien de dominio municipal, y dijo que la reunión informativa fue usada para que algunos se laven la cara.
«Nosotros hemos propuesto una acción de cumplimiento constitucional al Ejecutivo Municipal para que haga una defensa real de los predios. Hay concejales que dijeron que esos predios eran privados», aludió.
Alberti sugirió que los concejales que defendieron intereses privados sean procesados en la Comisión de ética. Además propuso la renuncia no solo del equipo jurídico de la Alcaldía, sino específicamente de la Secretaría de Planificación.
La presidenta del Concejo, Gabriela Garzón, respondió a Alberti que él estuvo en la audiencia en la que se abrogó la Ley 417. «Es bueno recordar que uno de los que propone llegar a la Comisión de ética fue uno de los partícipes de la abrogación de la 417. No se trata de lavarse la cara, sino de decir la verdad a la ciudadanía».
Según Garzón, el Ejecutivo reiteró muchas veces en sesiones del Concejo que estos predios siempre fueron municipales.
