14 de marzo de 2024, 13:35 PM
14 de marzo de 2024, 13:35 PM
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe denominado «Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia», que analiza la situación de los derechos humanos en el país.
Este informe, que fue elaborado con base a lo observado durante su visita in loco del 27 al 31 de marzo de 2023, incluye 32 recomendaciones:
1. Diseñar e implementar una mesa de diálogo con alcance nacional y funcionamiento periódico que habilite espacios de diálogo democrático entre los distintos sectores de la sociedad para promover visiones conjuntas; evitar el ahondamiento de la polarización; prevenir la violencia y la discriminación étnico-racial; y contribuir a la gobernabilidad democrática.
2. Implementar una estrategia nacional de fortalecimiento de capacidades institucionales centrada en técnicas de diálogo, negociación y solución pacífica de conflictos, con enfoque intercultural que tome en cuenta las formas de organización propias de cada comunidad.
3. Impulsar, en el plazo inmediato, una revisión integral de los procedimientos para el reconocimiento de autonomías indígenas con el fin de elaborar un diagnóstico que identifique los obstáculos para que estos procedimientos sean ágiles, sencillos y eficaces.
4. Diseñar e implementar una política pública integral, en un plazo corto, que finalice el proceso de saneamiento y titulación de tierras de pueblos indígenas originarios, campesinos y afrobolivianos y prevea protección contra acciones de terceros.
5. Diseñar e implementar una política pública que, para garantizar la consulta desde un enfoque del derecho a la libre determinación, contemple el consentimiento previo, libre e informado respecto de cualquier medida legislativa, administrativa o de cualquier índole, susceptible de afectar los derechos de los pueblos indígenas, campesinos y afrobolivianos.
6. Diseñar e implementar una política pública nacional que garantice el funcionamiento institucional para prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar la violencia de género contra las mujeres y personas LGBTI, con perspectiva de género, interseccional e intercultural, con recursos adecuados.
7. Diseñar e implementar un programa de capacitación permanente al personal de salud respecto de la interrupción legal del embarazo.
8. Reglamentar el uso de la objeción de conciencia en centros de salud.
9. Adoptar una ley para la garantía de los derechos humanos, incluyendo los DESCA, derechos políticos, derecho a la familia y filiación, de las personas trans, no binarias y de género diverso.
10. Diseñar e implementar una política pública nacional, con perspectiva intercultural y educativa, para el manejo de sustancias tóxicas, la prevención y reparación por contaminación ambiental y humana.
11. Diseñar e implementar un plan de acceso al agua potable sin discriminación, en un plazo mediano.
12. Dotar de un financiamiento adecuado a los establecimientos que garantizan los servicios públicos de salud, con enfoques de interculturalidad, género y solidaridad intergeneracional, tomando en cuenta los prácticas curativas y medicinas tradicionales.
13. Adoptar una política y plan de implementación que asegure el acceso de las trabajadoras del hogar a la seguridad social, protección laboral y condiciones dignas de trabajo.
14. Adoptar una política pública para promover el acceso a la educación de calidad con perspectiva intercultural, género y discapacidad, con el objetivo de garantizar espacios educativos en condiciones de igualdad para las personas en especial situación de vulnerabilidad.
15. Crear e implementar un plan estratégico, mediante un programa a lo interno de cada uno de los órganos del Estado, para la reconstrucción de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado, que tome en cuenta la separación y equilibrio de los órganos públicos.
16. Aprobar una norma que equipare los procedimientos para el juzgamiento de integrantes del TSE en igualdad con el de autoridades del órgano Judicial y Ejecutivo.
17. Diseñar e implementar una política integral de protección a la vida, integridad y labor de las personas defensoras de derechos humanos, que incluya un sistema de alertas tempranas para la identificación de riesgos.
18. Desarrollar el censo nacional de población y vivienda, de manera oportuna, en los plazos y condiciones aprobados en la ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda, asegurando, en la medida de lo posible, en esta o en futuras encuestas censales, la inclusión de categorías desagregadas por origen étnico-racial, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y discapacidad.
19. Diseñar e implementar una campaña pública de información sobre el respeto a la legitimidad e independencia de la labor periodística, como manera de fortalecer el Estado de Derecho y la confianza ciudadana en la institucionalidad democrática.
20. Adecuar el derecho interno para que la protección al honor y a la reputación no ocurra por medio del uso del derecho penal, de tal forma que, garantizando la libertad de expresión y de prensa, las eventuales responsabilidades ulteriores a la libertad de expresión transcurran en otro ámbito jurídico, distinto al criminal.
21. Diseñar e implementar un plan de estímulo para que los medios de comunicación adopten, voluntariamente, medidas dirigidas a su autorregulación, como son los códigos de ética, la formación de consejos de prensa, la adopción de principios para una cobertura ética, los sistemas de reclamación, entre otros.
22. Adoptar una ley para garantizar el derecho al acceso a la información, que vincule a todos los órganos del Estado en todos sus niveles de su organización.
23. Adoptar un marco normativo integral sobre la distribución de la publicidad oficial, sin discriminación y sin interferencia en las políticas editoriales de los medios, y que incentive a los medios de comunicación que sean independientes de la política de publicidad oficial del Estado.
24. Implementar una política pública nacional para el acceso universal a la internet; la alfabetización digital; la capacitación sobre el impacto de herramientas de mensajería automática automatización de publicaciones, bots y publicidad en redes sociales.
25. Investigar, procesar y, en los casos aplicables, sancionar, de manera adecuada y oportuna, el uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden en contextos de protestas sociales, incluyendo los responsables por la cadena de mando.
26. Desarrollar e implementar una política pública nacional sobre el manejo del conflicto por parte de agentes públicos y fuerzas de seguridad, que incluya la capacitación en el uso de la fuerza; la prohibición de las detenciones ilegales, arbitrarias o masivas; diálogo, negociación y solución pacífica de conflictos en manifestaciones; y construcción de planes para responder a posibles disturbios con un riesgo mínimo para la vida y seguridad de todas las personas involucradas.
27. Diseñar e implementar un protocolo sobre el manejo de la protesta social desde la perspectiva del diálogo, que involucren las más altas autoridades del Estado, y que resalte el deber de los funcionarios públicos y personas con liderazgos, de abstenerse de estigmatizar una protesta o a las personas que participan en ella.
28. Robustecer el marco legal para asegurar la inclusión de criterios objetivos para la preselección, elección y nombramiento de las autoridades judiciales de las cortes y del Consejo de la Magistratura, que tomen en consideración la participación ciudadana y transparencia; así como auditorías externas independientes. El Estado debe garantizar que los procesos de selección se realicen en los tiempos y modalidades constitucionalmente previstas, con el fin de evitar las prórrogas de mandatos. Esto es esencial para la construcción de la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y la institucionalidad democrática, así como para el resguardo los procesos políticos institucionales democráticos.
29. Iniciar, en el plazo inmediato, una reforma integral del sistema judicial, con participación ciudadana plural, en seguimiento de las distintas cumbres que se han realizado al respecto, que tome en cuenta las demandas estructurales que han venido siendo advertidas por la CIDH desde 2006. Esta reforma debe incluir:
I) el fortalecimiento de la carrera judicial y de la Fiscalía, por medio de la asignación de recursos suficientes para atender la situación de transitoriedad en las plazas judiciales y fiscales, en un plazo razonable; así como robustecimiento de las garantías de debido proceso en los procesos disciplinarios contra personas operadoras de justicia;
II) la optimización de la asignación y la ejecución presupuestaria al órgano judicial que tome en cuenta parámetros de inversión anual, necesidades de equipamiento, infraestructura y personal, rendición de cuentas transparente y atención a las deficiencias de ejecución.
III) la revisión de los programas en ejecución para la reducción de la mora procesal con el fin de comprender deficiencias, optimizarlos y garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
IV) la implementación efectiva de una política integral que involucre al órgano judicial y el ejecutivo para reducir la excesiva aplicación de la prisión preventiva, según estándares internacionales, así como garantizar el acceso y la aplicación efectiva de los beneficios penitenciarios e indultos, con atención a la situación de personas mayores privadas de la libertad que puedan optar a dichas figuras legales.
V) la garantía de recursos judiciales efectivos, con el apoyo de un mecanismo internacional independiente que garantice la aplicación de estándares internacionales contra la detención arbitraria y la aplicación del debido proceso en cada una de las persecuciones penales que tuvieran posibles motivaciones políticas.
VI) el fortalecimiento de la jurisdicción indígena originario campesino por medio de una reforma a la Ley de Deslinde Jurisdiccional -previa consulta y consentimiento a los pueblos-; la asignación suficiente de presupuesto para su funcionamiento; la implementación efectiva de la perspectiva de interculturalidad en todos los juzgados ordinarios.
VII) a mitigación de las barreras de acceso a la justicia, incluso las barreras físicas, lingüísticas, de conocimiento y culturales.
VIII) la creación o reforma de leyes para la optimización del sistema de justicia, incluyendo la adopción de una ley de procedimientos de la jurisdicción agroambiental y la adecuación, a criterios objetivos, de los delitos de terrorismo; financiamiento del terrorismo y tortura, según estándares internacionales de las tipificaciones.
30. Investigar, juzgar, sancionar y reparar, con la debida diligencia, de casos de graves violaciones a los derechos humanos, así como adoptar políticas públicas y reformas legales que comprendan medidas de no repetición.
31. Crear e implementar una política pública nacional para reducir el hacinamiento en las cárceles, que incluya la gestión unificada y eficiente de la información que permita identificar el estado de cumplimiento de las condenas y agilizar las órdenes de libertad.
32. Diseñar e implementar una política pública respecto del sistema penitenciario, que garantice, en condiciones dignas, el acceso de las personas privadas de libertad a la alimentación; agua potable y segura; atención médica adecuada, especializada y de calidad -incluyendo la prestación regular de servicios de salud sexual y reproductiva-; acceso a la educación en todos los niveles; y una vida familiar para las niñas, niños y adolescentes.
