14 de marzo de 2024, 11:48 AM
14 de marzo de 2024, 11:48 AM
La arquitecta Andrea Daza, secretaria municipal de Planificación de la comuna cruceña, respondió a las acusaciones lanzadas el miércoles por el concejal del MAS, Rolando Pacheco. Este último presentó una denuncia formal en contra de Daza y de otras dos funcionarias por no defender de manera ‘proba’ los predios del mercado Mutualista a favor del municipio.
«Me siento afectada, porque siento que es algo personal. Como mujer me siento agredida con las alusiones que está haciendo, pero lo invito al concejal Pacheco a estudiar mis funciones y competencias como secretaria municipal de Planificación para el Desarrollo, y estas no incluye capacidades para defender procedimientos judiciales», dijo Daza en conferencia de prensa este jueves.
El miércoles, el concejal Pacheco informó que formalizó «la denuncia contra tres funcionarios del ejecutivo: Andrea Daza, secretaria de Planificación; la abogada Beatriz Galvis Ayala y la arquitecta Sonia Limpias, jefa de departamento de Bienes de Dominio Público».
Aseguró que hizo su denuncia, acompañado de la diputada Daniela Arispe, por el delito de incumplimiento deberes, «por no hacer una defensa proba de los terrenos del (mercado) Mutualista».
Es más, el legislador municipal aseguró que se trata de «un clan, una mafia, un cartel que está operando dentro de la Secretaría de Planificación, porque no es la primera vez, y no es de ahora, de esta gestión, es de anteriores. Este mismo clan hizo perder los terrenos del Zoológico”.
Para la funcionaria municipal aludida, sostuvo que «la secretaría (de Planificación) no es custodia de la documentación y datos históricos del terreno, por tanto esa denuncia está fuera de contexto y exijo que se revise y consulte quién está incumpliendo y no protegiendo los bienes municipales».
Sin embargo, Daza sostuvo que fue su instancia municipal la que «no ha firmado un plano de uso de suelo que es ilegal aprobar, mientras no tenga el respaldo de la documentación exigida».
Al finalizar, cuestionó al concejal por aprobar la abrogación de una normativa que perfeccionaba el derecho propietario municipal.
