La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe «Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia», pidió “iniciar, en el plazo inmediato, una reforma integral del sistema judicial”.
La Comisión sugiere que esta reforma se realice “con participación ciudadana plural, en seguimiento de las distintas cumbres que se han realizado al respecto y que tome en cuenta las demandas estructurales” que fueron advertidas por la CIDH desde 2006.
Esta reforma, según la CIDH, debe incluir el fortalecimiento de la carrera judicial y de la Fiscalía “por medio de la asignación de recursos suficientes para atender la situación de transitoriedad en las plazas judiciales y fiscales, en un plazo razonable; así como robustecimiento de las garantías de debido proceso en los procesos disciplinarios contra personas operadoras de justicia”.
También plantea que la reforma incluya la optimización de la asignación y la ejecución presupuestaria al Órgano Judicial que tome en cuenta parámetros de inversión anual, necesidades de equipamiento, infraestructura y personal, rendición de cuentas transparente y atención a las deficiencias de ejecución.
Sugiere la revisión de los programas en ejecución para la reducción de la mora procesal con el fin de comprender deficiencias, optimizarlos y garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
Recomienda una implementación efectiva de una política integral que involucre al Órgano Judicial y al Ejecutivo para reducir la excesiva aplicación de la prisión preventiva, según estándares internacionales, así como garantizar el acceso y la aplicación efectiva de los beneficios penitenciarios e indultos, con atención a la situación de personas mayores privadas de la libertad que puedan optar a dichas figuras legales.
Pide la garantía de recursos judiciales efectivos, con el apoyo de un mecanismo internacional independiente, que garantice la aplicación de estándares internacionales contra la detención arbitraria y la aplicación del debido proceso en cada una de las persecuciones penales que tuvieran posibles motivaciones políticas.
Propone el fortalecimiento de la jurisdicción indígena originario campesino por medio de una reforma a la Ley de Deslinde Jurisdiccional -previa consulta y consentimiento a los pueblos-; la asignación suficiente de presupuesto para su funcionamiento; y la implementación efectiva de la perspectiva de interculturalidad en todos los juzgados ordinarios.
Del mismo modo recomienda la mitigación de las barreras de acceso a la justicia, incluso las barreras físicas, lingüísticas, de conocimiento y culturales.
Además, plantea «la creación o reforma de leyes para la optimización del sistema de justicia, incluyendo la adopción de una ley de procedimientos de la jurisdicción agroambiental y la adecuación, a criterios objetivos, de los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y tortura, según estándares internacionales de las tipificaciones».
Estas recomendaciones surgen en medio de una profunda crisis judicial en el país que, en los últimos meses, fue agravada por una cuestionada prórroga de mandato de los magistrados, después de que en 2023 no se lograra realizar nuevas elecciones judiciales. Aunque ahora, este proceso se encuentra otra vez en marcha en la Asamblea Legislativa.
En ese sentido, la CIDH también recomienda “robustecer el marco legal para asegurar la inclusión de criterios objetivos para la preselección, elección y nombramiento de las autoridades judiciales de las cortes y del Consejo de la Magistratura, que tomen en consideración la participación ciudadana y transparencia; así como auditorías externas independientes”.
La Comisión remarca que “el Estado debe garantizar que los procesos de selección se realicen en los tiempos y modalidades constitucionalmente previstas, con el fin de evitar las prórrogas de mandatos».
