15 de marzo de 2024, 10:58 AM
15 de marzo de 2024, 10:58 AM
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, consideró este viernes que es lapidario el informe denominado «Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia», que fue elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con base a lo observado durante su visita in loco del 27 al 31 de marzo de 2023.
“La CIDH reconoce que en Bolivia hay persecución judicial por motivaciones políticas. El informe de la CIDH es lapidario contra la justicia manejada por el gobierno de Luis Arce. Reconoce la existencia de perseguidos y presos políticos en Bolivia y recomienda un mecanismo internacional independiente para que pueda garantizar que el gobierno del MAS no continúe manipulando los fallos judiciales, persiguiendo y deteniendo opositores por motivos políticos”, afirmó Camacho en sus redes sociales.
La CIDH, en su extenso informe de más de 200 páginas, dio a conocer que recibió denuncias de personas que enfrentan múltiples procesos penales y que tienen la percepción de que el sistema de justicia penal está “persiguiéndoles de manera subjetiva”.
La Comisión señala que recibió “múltiples denuncias de supuestas injerencias indebidas de los órganos Ejecutivo y Legislativo en el Órgano Judicial, lo que generaría una politización del sistema de justicia”.
Incluso, “en reunión con la ALP se afirmó que: ‘existe una decisión política del gobierno de continuar teniendo a la justicia como martillo destinado a la persecución política’”, señala parte del informe.
También la Comisión “escuchó sobre múltiples procesos penales contra personas que ejercen liderazgos en los comités cívicos, presuntamente alentadas por autoridades actuales en distintos niveles de Gobierno, lo que ha alimentado una percepción de persecución penal con posibles motivaciones políticas”.
Asimismo, la CIDH «se reunió durante su visita con personas que participaron en el gobierno interino de Jeanine Añez que enfrentan procesos penales y que, según indicaron, no contarían con suficiente fundamentación jurídica y estarían desarrollándose sin un debido proceso».
En ese sentido, la CIDH recuerda que los Estados deben trabajar en el fortalecimiento de la independencia de los órganos de Justicia a fin de evitar un uso indebido del derecho penal y la percepción de parcialidad de las personas operadoras de Justicia.
La CIDH, además, señala que “ha observado, históricamente, desafíos para la garantía del debido proceso en Bolivia”.
“Se ha reconocido que, en Bolivia, históricamente la justicia se ha manejado de manera instrumental dependiendo de los intereses del poder político en turno; falencia sobre la que coincidieron todos los actores entrevistados durante la visita. Esto no es exclusivo de la situación actual, sino que es un problema de larga data que atraviesa las distintas administraciones gubernamentales y composiciones del órgano de Justicia”, indica la Comisión Interamericana.
En ese contexto, la CIDH recomendó “iniciar, en el plazo inmediato, una reforma integral del sistema judicial, con participación ciudadana plural, en seguimiento de las distintas cumbres que se han realizado al respecto, que tome en cuenta las demandas estructurales que han venido siendo advertidas por la CIDH desde 2006”.
