18 de marzo de 2024, 4:00 AM
18 de marzo de 2024, 4:00 AM
“El contrasentido siempre existirá en esta brecha entre el reconocimiento formal de los
derechos y su implementación, que no se ha podido cerrar; más bien se profundiza, a partir de un proceso que denomino de ‘desconstitucionalización’ de la CPE”, explicó Miguel Vargas, director del Centro de Estudios
Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), al hacer un diagnóstico sobre la situación de los pueblos indígenas, en casi dos décadas de
Estado Plurinacional.
Su afirmación la fundamenta en que los órganos del aparato público han empezado, desde hace 10 a 14 años, una práctica de ir en contra de lo que dice la Constitución Política del Estado (CPE), y “que por eso hay una Ley
Marco de Autonomías que pone un montón de trabas burocráticas que impiden que las autonomías se puedan consolidar”.
A pesar de esto, Vargas admitió que el Estado Plurinacional ha logrado avances y sirvió para el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, de su justicia, y de un sistema propio de toma de decisiones. “Bolivia es un referente”, aseveró.
Sin embargo, también afirmó que “hay una serie de situaciones que en alguna medida ponen en duda la vigencia de la plurinacionalidad”.
Hoy, extractivismo
Desde su experiencia con 11 territorios indígenas en Beni y Santa Cruz, Vargas dijo que es evidente que la situación económica del país, desde 2014 – 2015, ha generado que se presenten varios factores de presión hacia los territorios indígenas, fundamentalmente por la consolidación del modelo extractivista y de la ampliación de las fronteras hidrocarburífera, minera, agrícola.
En 2021, el CEJIS hizo un estudio, que concluyó que en diez años, entre 2010 y 2020, se quemó el 42% de la superficie de las 58
Tierras Comunitarias de Origen (TCO), reconocidas y tituladas en las tierras bajas.
“Es una cuestión recurrente y que responde a esta política de ampliación de la frontera agrícola”, argumentó.
A la lista, Vargas agregó la problemática de la deforestación en tierras indígenas, y recordó que Bolivia es el tercer país del mundo con mayor pérdida de bosque (primario), lo que incide en las comunidades y territorios indígenas, que por lo general se caracterizan por ser áreas de producción forestal permanente, donde están importantes reservas de bosque.
Otro factor que arrincona a los territorios de los originarios es la ampliación de la frontera hidrocarburífera. “Estamos concluyendo el ciclo de bonanza de reservas de gas natural, que se concentraban en el Chaco, y hoy, al agotarse, el Estado ya tiene políticas específicas sobre la frontera hidrocarburífera hacia el norte, hacia la Amazonía Norte,
principalmente”, indicó.
Los datos que maneja Vargas son que de 2007 a 2022, a escala nacional, hay 106 áreas de reserva hidrocarburífera – gasífera, declaradas mediante decreto supremo.
“El total de estas 106 áreas se sobrepone al 80% de la superficie de las TCO tituladas en tierras bajas”.
Para Vargas, este caso reviste mayor preocupación porque la ampliación de la frontera se está dirigiendo no solamente hacia
zonas con importante valor natural, como áreas protegidas y territorios indígenas, sino con
presencia de pueblos en alta situación de vulnerabilidad, de contacto reciente con la sociedad occidental”, advirtió.
En este grupo vulnerable citó a los ayoreos, tsimanes, esse ejja, chacobo pacahuara, y sirionó, que aún mantienen esa dinámica
cultural de ser nómadas, recolectores, cazadores.
Precisamente, por esta dinámica, a algunos de estos pueblos, como el tsimane
de Yacama, el Estado boliviano no les ha respondido con su demanda de tierras, a pesar de que el saneamiento llega a su fin en 2025. “Empezarán a ser interpelados en sus sostenibilidad”, advirtió.
Como si todo eso fuera poco, Vargas recordó que desde hace unos 15 años, hay ampliación de la minería a nivel de los territorios indígenas, generando varios impactos que han sido denunciados de manera contundente, principalmente por el uso irracional del mercurio, presencia ilegal de cooperativas o de extranjeros en los ríos del norte de La Paz, Beni y Pando, “donde se dedican a explotar oro, también de manera irracional”, agregó.
Por último, sumó también la presencia importante de actividades ilícitas en territorios indígenas, como el narcotráfico, y de las que no se cuenta con datos concretos.
Informe de la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó la semana pasada el informe titulado Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia.
En el apartado sobre tierra y territorio, la CIDH se hizo eco de la crítica situación que afrontan
los pueblos indígenas frente a distintas amenazas a sus territorios, con el incremento de avasallamientos violentos y despojo
en los últimos años.
Identificó la sustitución de cultivos de subsistencia por monocultivo, impactos del cambio climático, deforestación e incendios, ampliación de fronteras extractivas y presencia de actividades ilícitas.
La CIDH recomendó al Estado boliviano medidas de protección frente a acciones de terceros que afectan a los pueblos indígenas.
“La pregunta es ¿hará caso el Estado Plurinacional a estas recomendaciones?”, apuntó la diputada de Creemos, María René
Álvarez, y defensora de la Chiquitania, una de las zonas más afectadas por la deforestación y
el narcotráfico.
Desde el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Benigno Noza, dirigente de la comunidad Galilea, dijo que están siendo cada vez más arrinconados por los cocaleros y que, incluso las comunidades de la parte sur, pidieron al presidente Luis Arce un sobrevuelo, ante la presencia, desde el año pasado, de minería con maquinaria.
“Son del MAS, pero como han visto lo sucedido
en el Madidi, temen a la contaminación aguas abajo hasta el Mamoré”, compartió.
Amazonía en la agenda
La selva tropical tiene más atención del mundo en este momento, mientras que se ha ‘normalizado’ la contaminación, sobre todo minera, en los pueblos indígenas de las
tierras altas. En estos años, la minería se trasladó de las montañas a los ríos amazónicos.
Carreteras
En el norte amazónico, la carretera Riberalta – Rurrenabaque atraviesa cuatro TCO. En el chaco cruceño está la ruta El Espino – Abapó.
“En ninguno de esos procesos se han
desarrollado procesos de consulta de acuerdo a lo establecido en la CPE”, dijo Miguel Vargas, que elabora un informe sobre rutas desde el CEJIS.
