18 de marzo de 2024, 9:26 AM
18 de marzo de 2024, 9:26 AM
Se dice que no era necesario abrogar la norma municipal 417/2016, que declaraba el Mercado Mutualista como un bien municipal, pues con la resolución de la sala constitucional tercera, automáticamente quedaba sin efecto de forma directa.
Sin embargo, los concejales se sintieron presionados cuando los amenazaron con acción de cumplimiento y tuvieron que llamar a sesión. El tema no estaba en la orden del día, y justo para esa fecha Gabriela Garzón, la presidenta del ente legislador, se excusó.
Finalmente, como concejal decano, presidió esa audiencia José Quiroz, que dejó como resultado el fin de la Ley 417/2016. Con esto, el Mutualista quedó a la deriva.
La abrogación se dio el 20 de febrero, y en menos de 24 horas, la 417/2016 no solo se abrogó, sino que además, históricamente, se publicó en la gaceta, velocidad que sorprendió en su momento a Lola Terrazas, ya que nunca había pasado con otro tipo de leyes municipales de vital relevancia.
En ese momento de la abrogación, el concejal Miguel Fernández, hijo del alcalde Jhonny Fernández, estaba como alcalde interino.
Ahora resulta que no era necesaria la abrogación, en eso coinciden varios legisladores, sino que, de acuerdo con los procedimientos y al fallo de la Sala Constitucional Tercera, quedaba sin efecto, con o sin abrogación.
Tardanza para arreglar el daño
Pasó un mes de la abrogación, un plazo del Tribunal Constitucional Plurinacional en Sucre para responder a cuestionamientos, pero mientras se espera este decisivo fallo, el Concejo tampoco hace algo, hasta el momento, para reponer el daño de dejar a la deriva el Mutualista, sin una ley paraguas.
El 12 de marzo, la legisladora Lola Terrazas, a través de una carta a Silvana Mucárzel (UCS), presidenta de la Comisión de Constitución, pidió el control de legalidad de la Ley 1692/2024, con la que se abrogó la 417/2016.
Sobre todo Terrazas llamó a contemplar los efectos pasados, como la inscripción en DDRR, entrega por usufructo, concesiones, etc. «Solicito la programación de una reunión urgente para ese control de legalidad de la 1692.
Por su parte, otro concejal, José Alberti de C-A, el 13 de marzo envió por carta al pleno del Concejo su proyecto de ley para reponer el dominio municipal de Mutualista. La carta estaba firmada por toda la bancada.
En las últimas reuniones, como la informativa del lunes pasado, en el DM-12, y en varias más, es notorio que los legisladores de UCS, como Silvana Mucárzel y Gabriela Garzón, y otros, se dirigen a los gremiales para manifestarles que se preocupan por ellos, y apuntan a sus colegas que sí aprobaron la abrogación.
Para que se entienda las razones de la lentitud en resolver el problema del Mutualista, Alberti, proyectista del proyecto de ley, apuntó a que en el Concejo no se mueve nada si el alcalde no da el visto bueno.
«Lamentablemente, en este momento el Concejo está cooptado por la línea política del alcalde y su parte ejecutiva, sus secretarios. En las comisiones y en el pleno no se mueve nada, solo tenemos concejales levantamanos del poder del alcalde, que cuenta en este momento con 7 votos asegurados, de los 11, son 4 de UCS, 2 del pacto UCS-MAS, y uno que se ha declarado independiente», dijo.
Para Alberti, estos concejales del pacto UCS-MAS moverán el tablero, según lo que diga el alcalde, «por eso decimos que el alcalde debe dar el informe técnico de la viabilidad de este proyecto de ley, que solucionará el problema, pero lo que hacen es seguir echando la culpa al Concejo, cuando no es esta instancia la que defiende los bienes patrimoniales, ni expropia, ni da el plano de uso del suelo o catastro. La finalidad del Concejo es fiscalizar la plata que gasta el alcalde, y además legislar», apuntó.
Alberti ve inacción por parte del pacto UCS-MAS, pero considera que esta inacción es de parte de la línea política del alcalde, que no da una solución, y que más bien está buscando una salida política, porque quedaron tan embarrados con las denuncias, «que incluso firmamos nueve concejales una denuncia, y que involucra a funcionarios públicos apartados por alteración de documentos. Es grave decirle a alguien que ya no es propietario», aludió a sus colegas que no aceleran las cosas.
