Nov 21, 2024 @ 5:09
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En el segundo día de impugnaciones contra candidatos habilitados salpicaron al presidente, Luis Arce, porque la feminista María Galindo, presentó su objeción a la postulación de Israel Campero Méndez a quien calificó como “el candidato predilecto” del Gobierno; mientras que los aspirantes inhabilitados que piden la reconsideración de sus casos llegan por cuentagotas y con protestas.

“Esta es la documentación sellada, es la impugnación contra el candidato Israel Campero por haber tomado decisiones ilegales, él está candidateando al Tribunal Constitucional, es el candidato predilecto de Luis Arce y de Iván Lima, este señor ha tomado decisiones judiciales contra la Constitución Política del Estado”, protestó Galindo al mediodía de este miércoles luego de intentar ingresar al edificio legislativo por más de una hora.

Esta semana estaba reservada para recibir las impugnaciones de los candidatos inhabilitados para que su caso sea reconsiderado por los asambleístas de las comisiones mixtas de Constitución y la de Justicia Plural, sin embargo, la ciudadanía e instituciones también llegaron para objetar a los candidatos habilitados.

Entre ambos grupos suman 70 impugnaciones, hasta el miércoles, la comisión mixta de Constitución recibió 18 impugnaciones para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); 16 para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); en la comisión mixta de Justicia Plural 19 para el Tribunal Agroambiental y 17 para el Consejo de la Magistratura.

Los inhabilitados

Al margen de la impugnación de María Galindo, otros candidatos que fueron inhabilitados también llegaron hasta las oficinas del edificio legislativo a presentar su objeción a la decisión de los parlamentarios.

Johnny Farel Mérida, es un profesional de Santa Cruz, ejerció de forma libre desde que se tituló como abogado y postuló al TSJ por este departamento pero fue inhabilitado por no cumplir los requisitos 4 y 5 de la convocatoria; no tenía 8 años de experiencia como funcionario judicial, abogado libre o en docencia universitaria.

“Tengo 24 años de experiencia, no soy como funcionarios públicos que están en una sola área, los abogados libres tenemos el derecho de postularnos, somos los más indicados porque sabemos cuál es el problema de la justicia”, dijo al dejar sus documentos que acreditan su trabajo desde 2000.

En su criterio la convocatoria está destinada a los funcionarios judiciales o públicos -asesores legales- que tienen más de 8 años en el Estado y no para los profesionales abogados que transitan en los tribunales a diario.

En coincidencia, un grupo de abogados presentó una impugnación colectiva contra cinco candidatos de La Paz, todos vocales departamentales, jueces o funcionarios judiciales que están habilitados para la fase de calificación de méritos, si es que no son inhabilitados por las objeciones ciudadanas.

El ‘consentido’

Israel Campero Méndez no es un abogado ajeno al poder, de hecho estuvo vinculado al MAS desde 2010 cuando fue asesor de la presidencia de la Cámara de Diputados, cuando el cargo era ejercido por Héctor Arce Zaconeta, actual embajador de Bolivia ante la OEA y se vinculó al poder hasta 2016 en distintos puestos jerárquicos.

Actualmente ejerce el cargo de vocal departamental del Tribunal de Justicia de La Paz y es uno de los dos vocales que en agosto de 2023, junto con su colega Alfredo Jaimes, firmaron la resolución constitucional que anuló las interpelaciones en el parlamento.

Los parlamentarios del ala evista del MAS presentaron una denuncia penal por el delito de prevaricato contra Campero por esa decisión; sin embargo, en septiembre la fiscalía desestimó la denuncia y archivó el caso.

La denuncia de María Galindo contra el vocal Campero señala que incumplió resoluciones constitucionales al haber otorgado detención domiciliaria a William Kushner, un sentenciado por feminicidio, “eso no fue gratis”, acusó Galindo.

Hay otra denuncia en 2020 cuando Campero ejercía el cargo de juez, también dictó la liberación de un violador en serie que estaba condenado a 15 años de prisión; pero durante la pandemia del coronavirus dejó salir al sentenciado.



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