21 de marzo de 2024, 18:40 PM
21 de marzo de 2024, 18:40 PM
Sonia Cecilia Limpias Zárraga, ex directora municipal de Bienes Inmuebles, que fue destituida por elaborar un informe erróneo sobre los terrenos del Mercado Mutualista, señalando que los predios son privados y no municipales, presentó un memorial y certificado psiquiátrico, como parte de su defensa.
Mediante el memorial, Limpias pidió que se le suspenda su declaración ante el Ministerio Público, en el caso de incumplimiento de deberes, argumentando que tiene problemas mentales y físicos.
La denuncia contra Limpias fue interpuesta por la diputada María Daniela Arispe Pozo y por el concejal Rolando Pacheco.
Según el certificado, Limpias presenta cuadro depresivo mayor, y se recomienda tratamiento de la especialidad por su delicado estado.
Marcelo Aliaga, abogado del concejal Pacheco, dijo que el objetivo de Limpias es que la justicia crea que no cuenta con la capacidad de obrar. «Imagino que la defensa que hará para evitar la responsabilidad penal, es hacer pasar de loca a la señora. Es la estregia que usa la señora Limpias», dijo Aliaga.
También remarcó que ella misma (Limpias) firmó el memorial y que trata de usar la misma fórmula que en su momento ocupó Percy Fernández en el caso ‘ítems fantasmas’, con la diferencia de que en esa oportunidad, quien demandó demencia senil fue el hijo de Fernández.
Aliaga dijo que no aceptarán el argumento y que demandarán una pericia sicológica y psiquiátrica al Instituto de Investigación Forense (IDIF).
Pacheco informó a EL DEBER que además está presentando ante el Consejo de la Magistratura una solicitud de intervención o auditoría a los juzgados que fallaron en contra del municipio cruceño, en este caso el de Pailón y el Plan 3.000. «Atentaron contra los bienes municipales y deben responder, no me quedaré de brazos cruzados», advirtió.
En primer lugar, el legislador del MAS acusó a la jueza Mery Yanet Mojica Peña, juez público mixto de Instrucción 1° de Pailón.
«Ella ilegalmente admitió la demanda, pese a que no tenía jurisdicción. Nosotros fuimos con notario a la casa de Crapuzzi, en la avenida San Aurelio (barrio, Las Palmeras), y lo notificamos con los Informes de las comisiones. Con eso demostramos que él vivía en Santa Cruz de la Sierra y pedimos la declinatoria de competencia, amenazando con usar la vía disciplinaria que, para estos casos, prevé la destitución de jueces», explicó.
Según Pacheco, esto «asustó» a la jueza, que pasó el caso a la Sala Constitucional Tercera.
«Pero cuando nos notificó, solo teníamos 24 horas para pedir el levantamiento de medidas cautelares, y ella ya había mandado el expediente varios días antes», aludió.
Pacheco también denunció a Alain Nuñez Rojas y Diego Ramírez Cruz, vocales de la Sala Constitucional Tercera.
Los apuntó por no pedir a Crapuzzi que acredite su derecho sucesorio. «Habla de terrenos de su difunto padre, pero no acreditó tener el derecho sucesorio. La Sala se justificó diciendo que la de Pailón ya había admitido la demanda», cuestionó.
Pacheco explicó que la Ley Municipal 417/2016, que quedó sin efecto por la resolución de la Sala Constitucional Tercera, y que declaraba el Mutualista como predio municipal, es del año 2016, es decir de hace ocho años, y que la ley solo permite presentar amparo hasta los seis meses.
«Al tener la Alcaldía su título de propiedad y Crapuzzi otro título, el Tribunal no podía resolver el derecho propietario, eso debe hacerse a través de la justicia ordinaria», dijo.
Agregó que no se había agotado la fase administrativa porque los Informes de las comisiones indican que debe enviarse una Petición de Informe Escrita (PIE) al Ejecutivo Municipal, para tener más información, por lo que no podía presentarse el amparo.
El legislador además informó que ya gestionó una reunión con el ministro Iván Lima, y aseguró que fue confirmada, pero que aún evalúan si será en La Paz o en Santa Cruz.
La dirección que lideraba Limpias depende del secretario de Finanzas, Mario Centellas y el concejal Pacheco presentó denuncia contra la secretaria de Planificación Andrea Daza, por incumplimiento de deberes.
Daza aclaró a Pacheco que ya declaró ante Fiscalía y que ella como funcionaria ha realizado todo el procedimiento y ha respondido más de 30 PIE sobre el tema.
Le recalcó que las dos funcionarias destituidas, Beatriz Galviz y Sonia Limpias, no están bajo su dependencia. «Existe alguna confusión en el concejal y me llama la atención que me acuse, cuando participó en la abrogación de la Ley 417/2016», dijo.
Fuentes reservadas del Ejecutivo Municipal observaron que la PIE debió ser contestada por la Dirección de Bienes, dependiente de Centellas, pero además por la Dirección de Expropiación, dependiente de Daza.
