22 de marzo de 2024, 4:00 AM
22 de marzo de 2024, 4:00 AM
La administración de Luis Arce, apuesta a los biocombustibles con el objetivo de reducir los gastos en la importación de gasolina y diésel que en 2023 sumó $us 3.000 millones.
A corto plazo, Arce anunció la puesta en funcionamiento, este mes, de la planta de Biodiésel I, en Santa Cruz, que según datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tendrá una capacidad máxima de producción de 2.000 barriles diarios.
A fines de 2024, en El Alto, la planta de Biodiésel II, llegará a producir otros 2.000 barriles diarios.
Ambas plantas producirán 4.000 barriles diarios, un 6,6% de la demanda a escala nacional que es de 60.000 barriles diarios.
Ven una solución “pequeña”
Al respecto, el ex superintendente de Hidrocarburos y experto en el tema, Hugo De La Fuente, señaló que el volumen de producción de ambas plantas “es una miseria y son insignificantes” comparado con lo que se consume en el mercado interno. Por lo tanto, no es una solución a corto plazo.
“Nosotros en el país necesitaríamos básicamente 60.000 barriles de petróleo por día para generar la cantidad de gasolina, diésel, GLP (Gas Licuado de Petróleo) y esos 3.000 barriles (tomando en cuenta la posible producción de las dos plantas) no es nada. Ese volumen, no es que es malo, definitivamente es bueno, pero es apenas el 3% de las necesidades del país”, indicó De La Fuente a EL DEBER.
La propuesta de De La Fuente es que Bolivia importe crudo de Argentina, tomando en cuenta que las dos refinerías: Guillermo Elder Bell de Santa Cruz y Gualberto Villarroel de Cochabamba, tienen una capacidad de producir 60.000 barriles por día, pero en la actualidad se está empleando unos 30.000 barriles, es decir, la mitad de su capacidad.
Para el exministro de Hidrocarburos y experto en materia energética, Álvaro Ríos, la producción de biodiésel nacional es “una pequeña solución” a la demanda interna, puede ayudar en alguna medida, pero tomando en cuenta los datos oficiales, será en una cantidad mínima para el mercado local, además que se tiene que garantizar la materia prima necesaria.
“Esa planta (la de Santa Cruz) solamente representa el 3,5% de la demanda (nacional) del diésel, y si también funciona la planta de El Alto con otro 3,5% de la demanda de diésel nacional y esa demanda crece día a día. Estas dos plantas pueden ser una solución, pero es una solución muy pequeña, muy escasa”, dijo el Ríos a EL DEBER.
La exautoridad agregó que una de las primeras cosas que se debe precisar es cómo van a funcionar estas plantas, por ejemplo, conocer la cantidad de materia prima que va a necesitar y si el sector agropecuario en Bolivia está en la capacidad de dotar de toda la materia prima que se necesitará.
La propuesta de Ríos es que el sector privado del país esté a cargo de la producción de estas plantas de producción por la larga data que se conoce de que “el Estado no es un buen empresario. Lo ha demostrado en muchas empresas estatales que no funcionan, o tienen problemas o trabajan con muy poca capacidad”.
Este año, al menos en dos ocasiones, el jefe de Estado afirmó que con la instalación de estas plantas y la producción de biodiésel es evitar la dependencia en la importación de carburantes y aumentar la producción de la agroindustria. En esa línea va el Decreto 5135 para la sustitución gradual de la importación de insumos, aditivos y diésel oíl.
Arce subrayó que ahora, el diésel importado será “en menor proporción porque lo vamos a mezclar con biodiésel boliviano, hecho con nuestra materia prima boliviana, en nuestra planta boliviana que arranca su producción este mes en la ciudad de Santa Cruz”.
Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos y Energías, informó que en 2023, Bolivia gastó más de $us 3.000 millones en la importación de carburantes.
“El Estado ha trabajado durante todos estos años para garantizar el suministro (de carburantes) y tiene que ver con un proceso paulatino de bajar ese costo que sin duda es importante para el país, Nos referimos que entre diésel y gasolina los costos de importación están superando los $us 3.000 millones y sin duda ese es un efecto que de alguna manera tenemos que reducir”, sostuvo el ministro Molina.
