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27 de marzo de 2024, 11:15 AM

27 de marzo de 2024, 11:15 AM

La audiencia de apelación por el caso de los 36 días de paro, en la que se debatía la inhibitoria planteada por la defensa del rector Vicente Cuéllar, fue suspendida este miércoles debido a la inasistencia del gobernador Luis Fernando Camacho, quien se encuentra detenido en la cárcel de Chonchocoro en La Paz.

Martín Camacho, abogado del gobernador Camacho, explicó que la Sala Penal Tercera tomó la decisión de diferir la audiencia para no vulnerar los derechos y garantías constitucionales de su defendido. 

La nueva fecha se fijó para el lunes 1 de abril a las 8:30 de la mañana y se realizará de forma mixta: Camacho participará por videoconferencia mientras que el resto de los actores procesales estarán presentes en el salón de audiencias.

¿De qué se acusa a Luis Fernando Camacho?

Camacho está detenido preventivamente desde diciembre de 2022 por el caso ‘Golpe I’. En abril de 2023 se le dictó otros seis meses de detención por el caso del paro de 36 días y el 8 de marzo de 2024 la justicia amplió su detención por 120 días más en este mismo caso.

El gobernador es investigado por varios delitos, entre ellos terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa, desórdenes o perturbaciones públicas.

La Fiscalía abrió el caso a instancias del dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta, el 11 de noviembre de 2022.

Otros imputados

Junto a Camacho, también están imputados en este proceso Vicente Cuéllar, Rómulo Calvo, Reineiro Vargas y José Luis Santistevan. No obstante, Camacho es el único con detención preventiva.

Contexto

El caso de los 36 días de paro se refiere a las movilizaciones que se llevaron a cabo en Santa Cruz entre octubre y noviembre de 2022 en demanda de la realización del Censo de Población y Vivienda

El paro generó un fuerte impacto económico en la región y derivó en enfrentamientos entre los sectores movilizados y la policía.



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