31 de marzo de 2024, 4:00 AM
31 de marzo de 2024, 4:00 AM
El Gobierno nacional envió a la Comisión de Constitución en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley para que se sancione a las autoridades o funcionarios “que con su acción u omisión hayan provocado daños” al Estado boliviano.
Hace unos días, el procurador general del Estado, César Adalid Siles Bazán, indicó que el Gobierno boliviano no logró un acuerdo con la familia del ciudadano irlandés, Michael Dwyer, victimado en Bolivia en 2009, en el bullado caso por supuesto terrorismo, cuando agentes del Gobierno de Evo Morales dispararon contra tres personas a las que luego se acusó de presunto terrorismo.
La indemnización que estaba solicitando la familia de Dwayer alcanza los $us 2 millones, según anunció el procurador César Siles.
En una entrevista con EL DEBER Radio, el vocero presidencial Jorge Richter manifestó que el artículo 113 de la Constitución Política del Estado (CPE) dice que en caso de que el Estado boliviano sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios por violación de Derechos Humanos, como en el este caso, se debe interponer una acción de repetición contra la autoridad.
“Esta acción de repetición (contra la autoridad) se ha transformado en un proyecto de ley, que fue enviada por el Procurador a la Comisión de Constitución allí está tratándose para que se pueda establecer la responsabilidad sobre el funcionario o autoridad que con su acción u omisión haya provocada el daño (al Estado)”, dijo el vocero.
Sobre si Evo Morales, presidente del país cuando se realizó la intervención al hotel Las Américas en el que falleció Dwyer, deba ser procesado por estos hechos Richter dijo “que se debe mirar quiénes son los autores mediatos e inmediatos” porque es un proceso complejo y por ello se tendría que investigar por un coactivo civil para “finalmente” sancionar, adelantó el vocero presidencial en su entrevista con EL DEBER Radio.
Denuncias
Tras 15 años del operativo policial en el hotel Las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió al menos 12 denuncias contra el Estado boliviano por violar los derechos humanos de ciudadanos bolivianos y extranjeros. Cada proceso tiene un avance distinto y hay uno que está a punto de llegar a juicio.
El director de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, Rubén Darío Cuéllar, indicó que, aunque “es muy difícil precisar cuántas denuncias hay porque el procedimiento ante la CIDH, es personal y reservado”, se conoce que por lo menos una docena de estas denuncias fueron admitidas en todo este tiempo transcurrido.
“Son alrededor de 12 las peticiones que ya tienen informe de admisibilidad. Eso significa que la CIDH se encuentra estudiando con mayores antecedentes que le pide tanto al Estado como a la parte denunciante, si han sucedido las violaciones a los derechos humanos denunciadas en la petición. En caso afirmativo, la CIDH emite el ‘informe de fondo’ en el que recomienda a los estados tomar una serie de medidas para remediar la violación de los derechos humanos”, explicó el experto.
Antecedentes
La CIDH hizo cuatro recomendaciones al Estado boliviano, entre las que están: Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos. Adoptar las medidas de compensación económicas y satisfacción; disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de las víctimas; iniciar una investigación penal para esclarecer los hechos, identificar a los responsables e imponer sanciones por las graves violaciones de derechos humanos. Hasta la fecha, el Estado boliviano no cumplió ninguna.
