1 de abril de 2024, 4:00 AM
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El gobierno de Luis Arce busca que exautoridades y exfuncionarios públicos, alguno de ellos ya fallecido, devuelvan al Estado unos tres millones de dólares que se erogó como resarcimiento en ocho procesos en los que el Estado fue responsable de violar los derechos humanos. Las víctimas fueron víctimas de vejámenes. Los procesos fueron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) de San José.
Esos casos corresponden al periodo comprendido entre 1971 y 2001; la primera década de ese periodo, Bolivia soportó gobiernos de facto por lo que la mayor parte corresponden a regímenes militares y los dictadores como son Hugo Banzer Suárez y Luis García Meza que ya están muertos.
Hay varios de estos fallos fueron emitidos durante el gobierno de Evo Morales. Además está en puertas el proceso por la “ejecución sumaria” que tuvo lugar hace 15 años en el hotel Las Américas de Santa Cruz de la Sierra, cuando la Policía abatió a un grupo de ciudadanos extranjeros.
Entre los procesos en los que la Corte -IDH sentenció al Estado boliviano están: Trujillo Oroza versus Bolivia; Ticona Estrada y otros versus Bolivia; Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña versus Bolivia; Familia Pacheco Tineo versus Bolivia; Caso I.V. versus Bolivia; caso Andrade Salmón versus Bolivia; caso Flores Bedregal versus Bolivia; caso Angulo Lozada versus Bolivia y y caso Valencia Campos versus Bolivia.
El primer caso que se ventiló ante la Corte-IDH es el de José Carlos Trujillo Oroza, un estudiante de Filosofía de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, detenido ilegalmente el 23 de diciembre de 1971 y que fue visto por última vez el 2 de febrero de 1972 en Santa Cruz.
“Durante su detención, José Carlos Trujillo Oroza fue objeto de torturas y a la fecha de la emisión de la presente Sentencia se encuentra desaparecido (…) se desconoce el paradero de los restos mortales de José Carlos Trujillo Oroza”, dice parte de la sentencia de la Corte-IDH.
La sentencia en uno de sus puntos resolutivos conmina al Estado a pagar $us 407.400 como indemnización a la familia de Trujillo por su desaparición. La Corte-IDH empezó el proceso el 9 de junio de 1999. El fallo se emitió el 27 de febrero de 2002.
La segunda sentencia de la Corte-IDH es en el caso de Renato Ticona Estrada, detenido, torturado y desaparecido el 22 de julio de 1980 en el gobierno de facto de Luis García Meza. Ticona tenía 25 años, era profesor de música y estudiante de Agronomía en la UTO de Oruro.
“El 15 de abril de 2004, Luis García Meza reconoció (…) que personal bajo su mando fue el responsable de la detención de los hermanos Ticona y posterior desaparición de Renato Ticona”, se lee en la sentencia de la Corte-IDH. La entidad tomó el caso el 27 de julio de 1993.
En este caso, la Corte-IDH resolvió que el Estado indemnice a la familia de Renato con $us 710,720 por su desaparición. La sentencia fue emitida el 27 de noviembre de 2008.
El tercer caso también es relativo a las actuaciones en gobiernos de facto como es la “desaparición forzada de José Luis Ibsen Peña y Rainer Ibsen Cárdenas, padre e hijo respectivamente, entre octubre de 1971 y febrero de 1973, en la dictadura de Hugo Banzer.
La denuncia fue presentada el 25 de septiembre de 2009 y la indemnización fue de $us 540.000.
El cuarto caso es de los esposos Rumaldo Juan Pacheco Osco y Fredesvina Tineo Godos, ambos de nacionalidad peruana. Los Pacheco Tineo llegaron a Bolivia en febrero de 2001 para pedir refugio político, después que en su país cumplieron una condena por terrorismo.
No obstante, por los antecedentes, el gobierno negó ese pedido por lo que optaron por pedir refugio en Chile, pero al momento de abordar el bus que los llevaría a la frontera, fueron detenidos por la Policía y llevados hasta el Desaguadero junto a sus tres hijos. Por los perjuicios a la familia que no viajó a Chile, ya que fue devuelta a su país tras una expulsión el 25 de noviembre de 2013, la Corte -IDH sentenció al Estado a pagar $us 35.000.
El quinto caso es de la ciudadana peruana identificada por las siglas I.V. Denuncia que el año 2000, en un hospital público sin su consentimiento, le practicaron una salpingoclasia conocida como ligaduras de trompas de Falopio con un método que esteriliza a la mujer.
Después de tres juicios que duraron hasta 2006, en 2007, la Defensoría del Pueblo acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad que en 2008 admitió el caso. En 2014 aprobó el informe de fondo y ante el incumplimiento, en 2015 acudió a la Corte-IDH y en 2016 emitió la sentencia que instruye pagar al Estado $us 69.000 dólares a la víctima.
El sexto caso ante la Corte-IDH es el de la exconcejala y exalcaldesa de La Paz, Lupe Andrade, que en 2000 fue procesada y detenida por los casos de ‘Luminarias Chinas’, ‘Gader’ y ‘Quaglio’. Fue acusada de enriquecimiento ilícito entre otros delitos. En 2001, Andrade acudió a la CIDH para denunciar que el Estado violó no cumplio con el debido proceso.
En 2009, la CIDH admitió la petición de Andrade y en marzo de 2013, emitió el informe de fondo con las recomendaciones que el Estado no cumplió y en enero de 2015 el caso pasó a la Corte-IDH.
El 1 de diciembre de 2016 la Corte declara que el Estado es responsable por la violación del derecho a la propiedad privada y por la violación del derecho de circulación, en perjuicio a Andrade por lo que el Estado debe indemnizarla con $us 40.000.
El séptimo proceso contra el Estado es por la “desaparición forzada”, en el marco del golpe de Estado del 17 de julio de 1980, de Juan Carlos Flores Bedregal, dirigente del Partido Obrero Revolucionario. El caso fue presentado ante la CIDH en junio de 2006 y admitido en agosto de 2009.
El 8 de mayo de 2018, se emitió el informe de fondo y, en julio de ese año, la CIDH notificó al Estado y ante el incumplimiento, en octubre de 2018, el caso pasó a la Corte-IDH que el 17 de octubre de 2022 estableció que el Estado violó la Convención Americana de Derechos Humanos e instruyó como reparación integral y el pago de $us 481.550 dólares a la familia del dirigente desaparecido.
El informe de la Corte-IDH describe la jornada fatídica en que los militares ejecutaron a Flores ese 17 de julio de 1980: “Juan Carlos Flores Bedregal se encontraba en la COB al momento de la incursión. Los atacantes hicieron salir del edificio a los líderes de la Conade —entre ellos a Juan Carlos Flores Bedregal— con las manos en la nuca. Se alega que, en ese momento, los atacantes reconocieron al líder político y diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, a quien apartaron del grupo a fin de ejecutarlo. Conforme a la versión del testigo Eduardo Domínguez Böhrt, Juan Carlos Flores Bedregal fue reconocido por los atacantes y recibió una ráfaga de disparos”.
El octavo proceso es el caso Valencia Campos y otros. Es relativo al atraco del 14 de diciembre de 2021 a una furgoneta de Prosegur en La Paz donde murieron tres personas, entre ellas un policía. El coronel Blas Valencia fue identificado como el líder de la banda y fue procesado y sentenciado a 30 años de cárcel.
El caso llamó la atención de la Corte por los violentos allanamientos de la Policía en horas de la madrugada, cometiendo actos de tortura y vejámenes contra varones, mujeres y niños, según informe.
En total, la sentencia de la Corte-IDH instruye pagar al Estado $us 786.000 como indemnización por las torturas, violaciones, abusos sexuales y demás vejámenes cometidos contra 23 personas, incluyendo niños y una mujer embarazada que perdió su bebé por las torturas.
El presidente Luis Arce aprobó el Decreto 5083 que faculta a la Procuraduría impulsar la “acción de repetición” y procesar a las personas responsables que están en los fallos de la Corte IDH.
A la CIDH le preocupan los excesos con la detención preventiva que se aplica contra líderes políticos
En el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)a por su visita in loco a Bolivia, uno de los aspectos que más le preocupa es el “uso y abuso” que hace el Estado boliviano a la detención preventiva, sobre todo contra autoridades, exautoridades y exdirigentes que son políticamente contrarios al gobierno del MAS, tal es el caso del gobernador Fernando Camacho, la expresidenta Jeanine Añez y el cívico potosino Marco Pumari.
“Tiene que haber debido proceso, eso lo estamos diciendo claramente, tiene que haber menos uso y abuso de la detención preventiva”, dijo a EL DEBER, el alto comisionado relator para Bolivia de la CIDH, José Luis Caballero. Esta acción se enmarca como una violación de derechos humanos “que no responde a un estado constitucional ni democrático de derecho”.
En la visita in loco de marzo de 2023, el gobernador Camacho denunció a la comisión de la CIDH los “abusos” del Gobierno desde las detenciones por el caso “golpe” y la excesiva violencia de la Policía en las represiones en Santa Cruz en el paro de 36 días a fines de 2022, acciones que se enmarcan en la constante violación a los derechos humanos.
Al Estado boliviano le quedan 10 días para que cumpla las recomendaciones de la CDIH en la primera petición del denominado caso “terrorismo” de 2009 cuando la Policía ejecutó a tres extranjeros en el hotel Las Américas, entre ellos a Michel Dwyer. Si no cumple se abre el proceso en la Corte-IDH.
Abogados de defensa del caso “terrorismo”, apuntan directamente al expresidente Evo Morales como el principal responsable de la ejecución de tres hombres en el hotel Las Américas y los procesos a más de 30 personas detenidas 10 años en las cárceles del país, acusadas de “separatismo”.
Decreto y proyecto de ley
El presidente Luis Arce aprobó el Decreto 5083 que faculta a la Procuraduría impulsar la “acción de repetición” para procesar a autoridades que violaron los derechos humanos de los bolivianos. También presentó un proyecto de ley al Legislativo.
Por el caso denominado “terrorismo” existen unas 12 denuncias admitidas por la CIDH mismas que están en proceso de investigación y se espera la emisión de su informe de fondo y recomendaciones.
Esta acción apunta más a Evo Morales
Gregorio Lanza/Sociólogo
En esos casos como en el de José Carlos Trujillo Oroza, en el que el responsable era el gobierno dictatorial de Hugo Bánzer pero él ya ha fallecido, entonces, el caso se extingue. ¿A quién le van a cobrar? Esa es una responsabilidad directa de la autoridad, el hecho no recae en sus hijos o familiares y lo mismo en el caso del dictador Luis García Meza.
Creo que esa medida más bien apunta hacia el futuro con el caso que en principio ha sido aceptado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es respecto a las muertes en el Hotel Las Américas. En este caso que ha sido un ajusticiamiento por orden del expresidente Evo Morales.
Directamente él (Evo Morales) porque además él ha asumido públicamente la responsabilidad, ni siquiera el gobierno, él como Presidente del Estado Plurinacional y Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ha ordenado ese operativo.
En caso del hotel Las Américas en el corto plazo la Corte Interamericana va a dictar una sentencia a favor de las personas que han presentado la denuncia, junto a los otros casos pendientes de las personas que han sido detenidas y perseguidas.
Es por eso que creo que la medida apunta a que debe ser Evo Morales que asuma esa responsabilidad, y no solo es el hecho de la indemnización hacia las víctimas, sino que tiene que haber también un arrepentimiento. Es decir, en este caso Evo Morales tendría que pedir perdón, decir, por ejemplo: “Lo hice por seguridad nacional, no sabía y me arrepiento”. Morales tiene que rendir cuentas de varios delitos que ha cometido, entre ellos, está el caso de los ajusticiamientos del hotel Las Américas.
Y esto va más allá de la disputa política que existe actualmente entre el presidente Luis Arce y Evo Morales No pueden violarse los derechos humanos.
