2 de abril de 2024, 12:30 PM
2 de abril de 2024, 12:30 PM
Una nueva amenaza se cierne sobre la producción agropecuaria en Bolivia. A partir de 2025 se podría presentar un desabastecimiento de insumos para el sector, ya que el país debe cumplir con la Decisión 804 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que dispone que todo Plaguicida Químico de Uso Agrícola (PQUA) registrado en el país debe revaluarse hasta el 25 de junio del próximo año.
La Asociación Boliviana de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y Pecuarios (Aprisa) y la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) encendieron las alarmas debido a que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), acarrea una serie de tropiezos que comenzaron con la no consideración de la “Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola” (Decisión 436 de la CAN, de 1998), que fue modificada en 2015 (Decisión 804) y recién la aplica en diciembre de 2017.
Las dos asociaciones de importadores de insumos coincidieron que antes del 2017 el Senasag realizaba un registro ágil y menos burocrático. Con la implementación de la normativa de la CAN, el Gobierno incluyó en el proceso a los ministerios de Salud y Deportes (MSyD) y de Medio Ambiente y Agua (MAyA), incrementando el cobro de tasas que triplicaron los costos para el registro de nuevos productos importados.
El presidente de Aprisa, Jorge Araníbar explicó que para obtener el registro de un nuevo agroquímico, fitosanitario o plaguicida, se deben realizar bioensayos en dos campos, en Santa Cruz, para comprobar la eficacia y eficiencia del producto, y que cumpla los protocolos en materia medioambiental y de salud humana.
“La norma dice que en 90 días deberían darnos una respuesta. Pasan cuatro años y no tenemos respuesta. La tecnología avanza a pasos agigantados y si hoy día sale un nuevo producto, es más amigables con el medio ambiente, pero en Bolivia recién en cuatro años se puede usar”, lamentó Araníbar, al sostener que ese desfase obliga a los productores a seguir usando productos que se registraron hace varios años.
Según el ejecutivo, son casi 100 empresas importadoras las afectadas y por cada solicitud de registro se debe pagar entre $us 10 mil y 15 mil. “Cada bioensayo cuesta 800 dólares más o menos, con sus repeticiones. Después tienes que hacer el armado de las carpetas, la presentación y el pago de las tasas al Senasag, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Medio Ambiente. Son tres tasas que hay que pagar”, reveló Araníbar.
Por su parte, Martín Ascarrunz, presidente de APIA, señaló que a más de cinco años de la puesta en vigencia de la nueva normativa nacional basada en la de la CAN, se ve con mucha preocupación que el avance del proceso de evaluación y registro por parte de la Autoridad Nacional Competente (Senasag), que solo ha logrado la aprobación de aproximadamente 132 registros de un total de casi 1.000 solicitudes. “Es decir, de aproximadamente 26 registros por año. Anteriormente se hacían 470 registros por año; tal ritmo, no permitirá cumplir el plazo establecido en la Decisión 804”, expresó.
Agregó que “a todo ello se debe sumar el retraso tecnológico que enfrenta el agro boliviano por la falta de registro de moléculas nuevas en los últimos cinco años, a diferencia de lo que sucede en los países vecinos, que gracias a las mismas han incrementado la productividad y han reducido los impactos ambientales y de salud”, precisó.
Del mismo modo, subrayó que la situación puede provocar desabastecimiento de insumos para el sector agropecuario, e incremento los productos de contrabando, falsificados o adulterados. “De otra parte, esto no solo afecta directamente al Estado en sus ingresos por impuestos, sino que afecta el empleo formal que brindan las importadoras, además de poner en riesgo el control fitosanitario y producir daños a la salud y medio ambiente. Así mismo se priva al pequeño y mediano agricultor, sobre todo, del financiamiento, la asistencia técnica y la logística directa a su chaco, que solo las importadoras formales le proporcionan”, dijo Ascarrunz.
Al respecto, EL DEBER solicitó la versión del Senasag y de los ministerios MAyA, y MSyD, pero hasta el cierre de la presente edición no se pudo tener sus respuestas.
Una mujer, quien prefirió mantener su nombre en reserva y que realiza trámites ante el Senasag, de forma independiente para empresas importadoras de insumos, explicó a EL DEBER que para registrar un producto agroquímico, primeramente la empresa debe estar registrada como importadora de ese tipo de mercancía y luego cumplir con todas las normativas.
El problema -resaltó- se presenta a la hora de obtener las firmas que autorizan los procesos, las cuales demoran desde cinco a 15 días. “Cuando llega a la jefatura (del Senasag) no sé si se inventarán otros requisitos que no están dentro de la normativa, ahí tarda más de tres meses, incluso he escuchado que tarda más de dos años. Pero hay documentos que salen más pronto, entonces ahí está la interrogante: ¿por qué salen algunos pronto y otros no?
Esa es la incógnita que nadie quiere decir y, en base a ese vacío y esa tardanza, muchas empresas ya no importan ni exportan”, comentó.
En un nivel más ejecutivo, Martín Ascarrunz precisó que las explicaciones para el sector importador de agroquímicos se brindan en reuniones de alto sentido técnico, como la reciente Reunión del Comité Técnico Nacional de Plaguicidas (CTP): Análisis de situación de las evaluaciones de dossiers con fines de registro de PQUAS, que se realizó los días 25 y 26 de marzo en los Salones de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex).
En la oportunidad, los técnicos de APIA y Aprisa expresaron las dificultades y observaciones más comunes que se tienen en el Proceso de Evaluación del Dossier, exponiendo el criterio técnico y científico para cada caso, ante los Evaluadores del MSyD y Senasag. Se destacan los diversos consensos logrados entre representantes de las Empresas Miembro y los Evaluadores del MSYD para evitar observaciones recurrentes respecto a la Resolución 2075 de la CAN (Manual Técnico Andino). No se presentaron Evaluadores del MAyA en esta oportunidad.
Según el presidente de APIA, esa reunión ha sido un primer paso para los fines consiguientes. “Necesitamos la urgente revisión, modificación y aprobación de la normativa vigente para registrar plaguicidas en Bolivia, considerando y subsanando los problemas que se pusieron de manifiesto durante estos cinco años, por el sector que aplica la norma y conoce mejor que nadie los problemas que se generan en la práctica”, sostuvo Ascarrunz.
Al mismo tiempo, apuntó a lograr que la “Propuesta de Mejora de Evaluación de Dossiers con fines de Registro de PQUAs”, que ha sido remita por el Senasag, tanto al MSyD como al MAyA, en noviembre de 2023, entre en vigencia inmediatamente. Así también se prevé conseguir la optimización de la normativa para el registro y control de PQUA.
¿Qué importancia económica tienen?
Jorge Araníbar resaltó que el sector de provisión de insumos para el campo importa alrededor de $us 370 millones al año, que se convierten en $us 600 millones en el mercado local, tomando en cuenta el pago de impuestos y el valor agregado que se da, como la asistencia técnica y otros.
Ponderó que al no existir créditos en la banca para la adquisición de este tipo de mercadería, APIA y Aprisa otorgan créditos a los productores. “No hay créditos agrícolas y no existe un seguro de ese tipo. Nosotros, las casas importadoras, somos los que ponemos el recurso para que la agricultura funcione; no hay fomento a la producción agrícola”.
Remarcó que el perjuicio no es solamente para el sector importador, sino para los pequeños productores. No nos olvidemos que el 70% de los productores de soya tienen menos de 500 hectáreas, según datos de Anapo (Asociación de productores de Oleaginosas)”, concluyó Araníbar.
