7 de abril de 2024, 4:00 AM
7 de abril de 2024, 4:00 AM
Luego de que la Gobernación de Santa Cruz respondiera de forma negativa a la demanda de la Vicepresidencia del Estado, de derogar 50 de 65 artículos de la norma 313/2023, de Conservación del patrimonio natural cruceño, en los primeros días de marzo de este año, David Choquehuanca derivó el trámite de supuesto conflicto de competencias al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Sucre.
Sin embargo, además de ese primer requerimiento, desde la Vicepresidencia también se solicitó al TCP la derogación de 10 artículos de otra ley departamental, la 208/2021, de creación de la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Güendá Urubó.
Según la oficina jurídica de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, cualquier anulación de ley es grave porque deja sin protección jurídica el área declarada como patrimonio, causa inseguridad jurídica, e impide la inversión pública en la zona.
Por ahora, tanto a la ALD, como al Ejecutivo Departamental y a la Vicepresidencia, les queda esperar el fallo del Tribunal de Sucre, que sería la última instancia.
Malas señales
Esta disputa por el control de las Unidades de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) en Santa Cruz se arrastra desde 2017. Primero tuvo que ver con el contexto de anuncios de exploración hidrocarburífera en áreas protegidas, y después con el proyecto carretero Las Cruces Buena Vista.
El 26 de mayo de 2017, el entonces vicepresidente Álvaro García Linera demandó conflicto de competencias a la ALD, por la Ley departamental 098/2015, de Conservación del patrimonio natural, que a su entender invadía las competencias privativas del nivel central del Estado.
Seis años después, en 2023, el TCP respondió a esa demanda con la sentencia 076/2023, que derogaba varios artículos. Este fallo obligó a la ALD a promulgar una nueva ley, la 313/2023, en lugar de la 098.
En la misma línea de García Linera, ahora es el actual vicepresidente, David Choquehuanca, quien tomó la posta, y usó esa sentencia, ahora para pedir la derogación de artículos en las leyes 208/2021, y 313/2023.
Para Luis Alberto Castro, miembro de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) y experto en ordenamiento territorial, “todo lo que quieren hacer es liberar y presionar para controlar el tema de la tierra, y que toda su gente se dedique al negocio de la tierra. Ellos han hecho las acciones para que la Gobernación esté subordinada al Gobierno nacional, por eso se cambió la ley”, argumentó.
Para Castro, la Gobernación no ha sabido defender, sacando la Ley de Ordenamiento de forma oportuna, pues fue contemplada hace poco.
“Tuvieron que hacer otras acciones, pero la Gobernación tiene tuición porque las áreas protegidas pueden ser nacionales, departamentales o municipales”, recalcó.
Asimismo, dijo que el nivel central no puede, por encima del departamental, anular sobre todo el tema de la protección al medio ambiente. “Tienen que aprender a defender las tuiciones que da la CPE a los gobiernos autónomos”, aseveró.
Castro, que fue secretario de Obras Públicas en la gestión de Rubén Costas, dijo que ya en 2012 se proyectó la Ley de Ordenamiento Territorial, que estaba lista para ser tratada en la ALD, para controlar cómo se iba a usar el territorio.
Sin embargo, explicó que desde el nivel central del Estado presionaron con la Cámara Agropecuaria del Oriente “para que Rubén no sacara la ley, y nos quedamos sin alguna herramienta”, dijo.
Según Castro, la gestión actual recién reaccionó cuando el tema se puso grave, “y ya habían loteado todo el Urubó, antes de la carretera Las Cruces – Buena Vista, y ahí saltó todo”, opinó.
El concejal de Comunidad Autonómica (C-A), Fede Morón, observó la escasa comunicación desde las instancias departamentales, para la gravedad que amerita el caso.
“Creo que es muy importante la comunicación, y en este caso, desde la Gobernación, con respecto a este atentado al patrimonio natural de los cruceños, hay que saber que existe un vicepresidente, entre comillas un ‘Pachamama lover’, que va por el mundo diciendo que protege a la Madre Tierra, pero que al mismo tiempo está encargado de cercenar o quitar la tuición de lo que le pertenece al pueblo cruceño, sus áreas protegidas departamentales”, arremetió.
Para Morón, hay un problema de comunicación porque el pueblo cruceño debería estar al tanto desde el Ejecutivo Departamental, instancia debería dar la certeza de que no solo se está comunicando, sino además defendiendo de la mejor manera las UCPN, para no llevarse sorpresas desagradables, “vía la justicia del MAS”.
Dijo que así como la población está preocupada por el predio del Mercado Mutualista, cosa que está muy bien, al mismo tiempo es importante tener conciencia del “riesgo de perder una cantidad infinita de hectáreas, y el futuro que conllevan las mismas”.
Una comunidad
Los dos requerimientos de derogación enviados al TCP desde la Vicepresidencia del Estado -y presidencia de la ALP-, específicamente por David Choquehuanca, se respaldan con carta de las organizaciones sociales de Santa Fe del Amboró, una comunidad de 500 habitantes ubicada en el municipio de Porongo, la misma que bloqueó el ingreso a Buena Vista en demanda del proyecto carretero que tenía que salir de Santa Cruz de la Sierra y pasar por La Guardia, Las Cruces y llegar hasta Santa Fe.
La Dirección Jurídica de la ALD observó que es la primera vez que este tipo de requerimientos se sustenta en presiones de organizaciones sociales.
“¿Cómo es posible que la Gobernación no mantenga informado al pueblo cruceño?, cuestionó Morón, sobre la posibilidad de perder la tuición sobre once áreas naturales departamentales, “solo porque Choquehuanca se está apoyando en no más de 500 personas para tomar esa decisión”.
Insistió en que la Gobernación tiene que dar certezas al pueblo cruceño de que esta situación está controlada, porque después las sentencias constitucionales robarían cualquier posibilidad de acción.
Para Karina Castro, titular de la Dirección Departamental de Conservación del Patrimonio Natural (Dicopan) de la Gobernación, lo extraño es que ahora se cuestione la normativa de creación de las UCPN o áreas departamentales, considerando que se supone que cada una de estas tuvo que ser socializada y consensuada con los lugareños.
Urbanizadores
En la lista de UCPN o áreas protegidas departamentales que podrían ser afectadas por la sentencia están: Parque Lomas de Arena, Espejillos, Santa Cruz La Vieja, Tucabaca, Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro, Meandros Antiguos del Río Ichilo, Río Grande Valles Cruceños, Humedales del Norte, Serranía Sararenda, Laguna Concepción, y Güendá Urubó.
Karina Castro admitió que tanto Lomas de Arena como Güendá Urubó están entre los patrimonios naturales más presionados por los urbanizadores.
“Hay empresarios pudientes detrás, y los intereses han sido frenados, temporalmente, con la pausa ambiental”, dijo.
Sobre la demanda de Choquehuanca, aclaró que al ser interpuesta por el vicepresidente, que además es presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), automáticamente el caso es asumido por su par, la instancia legislativa departamental.
Castro dijo que, como Ejecutivo, lo que han hecho es ayudar a la respuesta y argumentación de la ALD ante el TCP.
En caso de una sentencia desfavorable para la Gobernación, Castro recordó que antes de las leyes en cuestión en el TCP, varias de las UCPN ya eran consideradas como patrimonio natural, tanto por ordenanzas municipales como por decretos supremos.
La titular de Dicopan admitió que cada UCPN tiene su propia problemática, y que en algunos casos tiene que ver con la gobernanza; sin embargo, aseguró que todas las UCPN cuentan con responsables y con sus propios guardaparques.
Lomas de Arena
A través de una carta dirigida al gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, y como representante de la circunscripción 55, el diputado del MAS, Hernán Hinojosa Rojas, observó, basado en un informe de la Alcaldía de La Guardia, el asentamiento de 42 predios en el Parque Lomas de Arena, pero además actividades que dañan el medio ambiente, como deforestación, cultivos, chanchería, etc.
Hinojosa llamó a la Gobernación a realizar todas las acciones correspondientes, para preservar la zona de recarga de acuíferos.
Según el informe adjunto de la Alcaldía de La Guardia, casi la totalidad de los títulos son posteriores al año 2000, a pesar de que el Parque fue creado en 1989.
Hinojosa observó que incluso figuran urbanizaciones, como María Auxiliadora, pero también aparecen dos hermanos Novillo, con títulos de 2009, y que ya tienen proyectos urbanísticos en Warnes, Cotoca, Portachuelo, y Porongo, entre otros sitios.
PARA SABER
PLAN DE MANEJO
Desde diciembre de 2023 se anunció que estaba listo el plan de manejo de la UCPN Güendá Urubó; sin embargo, hasta la fecha no se ha reglamentado. Según Dicopan, ya se está trabajando en el tema, pero la socialización y consenso con comunidades es uno de los requisitos para su aprobación.
EL DEBER pidió una versión de la Vicepresidencia del Estado, a través de su Dirección de Comunicación, y también mediante el Viceministerio de Comunicación, pero no hubo respuesta.
