11 de abril de 2024, 13:53 PM
11 de abril de 2024, 13:53 PM
Pese ser una Reserva Fiscal No Disponible, legisladores nacionales de la Comisión de Autonomía encontraron chozas con el adhesivo oficial entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el Bajo Paragua, área que desde 2021 es amenazada por avasalladores que se identifican como parte del sector intercultural.
Un equipo de EL DEBER, que acompañó esta delegación, captó las imágenes de las improvisadas viviendas, que son de reciente creación.
Esto porque tanto el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) como la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT) no emitieron resoluciones de asentamientos, por lo que la presencia de personas en este lugar es ilegal.
“Estoy desde el censo”
En el recorrido hecho por los parlamentarios se encontró a una persona realizando labores agrícolas que aseguró que está en este lugar desde el Censo y que viene de San Matías.
“Tengo un poco de frejol…estoy trabajando de forma legal”, se limitó a decir esta persona e indicó que incluso tiene aval de organizaciones y autoridades municipales para estar en el lugar.
Los legisladores se dirigen a Piso Firme, una comunidad en disputa entre Santa Cruz y Beni. Para llegar a este lugar se tiene que pasar por el Bajo Paragua.
Omisión de autoridades
Se supone que Bajo Paraguá está dos veces protegida, primero por ser reserva forestal y en segundo lugar por ser área protegida municipal. Sin embargo, ni la ABT ni la Alcaldía de San Ignacio de Velasco han adoptado medidas de fondo, como el decomiso de maquinaria pesada o procesos penales.
Por ejemplo, la ABT solo se limitó a realizar procesos administrativos y no acciones penales contra las personas que han ingresado a esta área.
Desde la llegada de Luis Arce Catacora, el conflicto por tierras se recrudeció en especial en el departamento de Santa Cruz. Tal situación incluso generó las pérdidas de vidas humanas en enfrentamientos por la tenencia de los suelos cruceños.
