11 de abril de 2024, 17:31 PM
11 de abril de 2024, 17:31 PM
Las autoridades de Régimen Penitenciario incumplieron por segunda vez la orden judicial para trasladar desde el penal de Chonchocoro al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. La instrucción fue emitida para que la autoridad asuma defensa presencial en el caso ‘Decretazo’.
Por eso, los jueces del Tribunal Octavo de Sentencia emitieron un fallo para postergar el este proceso hasta el 27 de mayo. La defesa de Camacho duda que se cumpla la nueva instrucción y anticipó un proceso por incumplimiento de deberes contra el director del penal de Chonchocoro, Marco Antonio Gonzáles.
Además, de acuerdo con la decisión del Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz, los argumentos de estas autoridades no lograron justificar el incumplimiento de la instrucción judicial vinculada con “el derecho inviolable a la defensa” al que tiene todo ciudadano, según el Artículo 119 de la Constitución Política del Estado.
Este reporte legal fue ratificado ayer por las juezas Charlín Tapia y Angélica Sánchez, así como por su colega René Quezada, quienes integran al Tribunal Octavo de Sentencia. Así, exigieron que se cumpla con el traslado de Camacho en mayo próximo y Se ratificaron en su postura ante la insistencia del subprocurador Ricardo Condori Tola que exigió trasladar el caso a La Paz.
¿Qué sucedió en la fallida audiencia del 11 de abril?
Pero el funcionario estatal llegó a elevar la voz ante las autoridades jurisdiccionales para reclamar que sean tomados en cuenta los argumentos de su entidad y hubo una discusión con los abogados de la defensa. La Procuraduría se adhirió a la denuncia de la Fiscalía, precisamente antes del inicio del juicio por el caso Decretazo.
Según Condori, representante del Procuraduría, Camacho no puede dejar el penal de Chonchocoro ni la jurisdicción de La Paz porque “cualquier salida judicial se debe dar con la aquiescencia de todas las autoridades jurisdiccionales” de los otros casos planteados contra Camacho y que derivaron en restricciones para su libertad. Así, el subprocurador solicitó el traslado del caso para que se sustancia en el “salón celeste” del Tribunal de Justicia de La Paz.
Así figuran los juicios por el llamado caso Golpe I, así como los cargos por el paro de los 36 días que se sustancian en La Paz bajo cargos de Terrorismo. El decreto 138 de mayo de 2009 señaló que los juicios por este delito se sustancien únicamente en la sede de Gobierno. Esta norma se dio tras el asalto al Hotel Las Américas que derivó en un caso por terrorismo que ahora está extinto y que generó demandas internacionales contra el Estado.
Las acusaciones prevalecieron estos años, incluso a pesar a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que analizó la vulneración de derechos durante la crisis de 2019 estableció que hay un uso frecuente de las figuras penales de “sedición y terrorismo” para promover la persecución penal de personas participantes en la movilización social y de líderes de oposición. Ese informe también identificó la falta de independencia y el uso de la persecución penal con finalidades políticas “y no son coyunturales a la crisis electoral de 2019 (…) que persisten en la actualidad”. El informe del GIEI se presentó en 2021, cuando el país debatía la necesidad de una reforma estructural de la justicia.
¿Cómo reaccionó la defensa?
“La solicitud es prepotente y atrevida de parte de los abogados de la Procuraduría y del Viceministerio de Transparencia rayando incluso una discriminación que ha solicitado que el tribunal se pueda trasladar hasta el salón celeste del Tribunal Departamental de Justicia de la Ciudad de La Paz en donde se pueda instalar la audiencia de juicio, ha sido una de las peticiones más absurdas que he escuchado en toda mi carrera como abogado”, señaló Martín Camacho, abogado del gobernador Camacho.
La audiencia original por el caso Decretazo estaba programada para el 11 de marzo, pero fue diferida para este 11 de abril debido a la ausencia de Camacho. El caso se refiere a la aprobación, presuntamente irregular, del Decreto Departamental 373 en 2022.
Camacho está acusado del delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, por haber encargado sus funciones al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, en lugar del entonces vicegobernador Mario Aguilera, antes de un viaje a Brasil en marzo de 2022.
APUNTES
– El Gobernador en ejercicio acudió a la audiencia para atestiguar en este proceso. Los jueces no alcanzaron a escuchar su postura sobre el juicio
– El abogado de la defensa de Camacho demandó respeto para las autoridades del Tribunal cruceño ante los abogados del Gobierno
– El Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz exige que Camacho asuma defensa «presencial» en el caso Decretazo.
