13 de abril de 2024, 4:00 AM
13 de abril de 2024, 4:00 AM
La justicia ordenó la detención domiciliaria, con derecho al trabajo, para el alcalde del municipio de San Ignacio de Velasco, Rudy Dorado, al encontrar indicios en su contra por el delito de incumplimiento de deberes.
Fue el concejal José Ortiz que inició el proceso contra Velasco, al denunciarlo en dos ocasiones por hacer, supuestamente, compras y firmar contratos sin autorización del Legislativo y sin licitar, como ordena la norma.
El juez Primo Flores ordenó que el alcalde pague una fianza de Bs 20.000 y le prohibió salir del país, comunicarse con los testigos del caso, además determinó su detención domiciliaria de 20:00 a 07:00.
Sin embargo, el concejal Ortiz apeló la resolución de la justicia, pues señala que existen suficientes indicios en contra del alcalde de San Ignacio que hacen presumir su culpabilidad por el delito de incumplimiento de deberes y pide su detención en la cárcel.
Según el concejal Ortiz, en agosto del 2021, a sólo unos meses de asumir como alcalde, Dorado empezó a realizar compras y contratos, la mayoría de los cuales necesariamente debían tener la aprobación del Concejo, por la cuantía.
Sin embargo, Ortiz lamentó que, de dos procesos de compras, en los que logró detectar irregularidades, ninguno pasó por el Concejo. Asimismo, Ortiz indicó que el Decreto Supremo 0181, que regula las modalidades de compras, establece que para compras mayores a Bs 20.000, se debe licitar.
«Cosa que no ocurrió, lo hicieron por orden de compra directa, sin licitar, violando la normativa establecida en el DS 0181 y violando nuestra Ley Municipal 53. Ambas tuteladas, protegidas constitucionalmente», recalcó.
El primer proceso fue por la compra de luminarias, «a casi Bs 2.000 cada una, y que en las tiendas no valen ni Bs 300″, aludió.
En el segundo proceso, Ortiz formalizó denuncia contra cinco concejales oficialistas, dos del MAS y tres de la agrupación Fuerza y Esperanza (FE), que llevó a Rudy Dorado al sillón edil. Estos son: Ernesto Rivera Ocampo, Nancy Céspedes Ardaya, Danitza Moruno Zeballos, Víctor Flores Ledezma, y Marcos Méndez Mattos.
«La denuncia fue por aprobación ilegal de una obra de casi Bs 13 millones, para la pavimentación de la avenida Prado Velasco, que conecta la Terminal de buses y el cementerio. Esta obra no estaba en el POA 2022, pero además presentaba otras observaciones; sin embargo, cinco concejales autorizaron, a pesar de las recomendaciones», dijo con anterioridad.
