14 de abril de 2024, 4:00 AM
14 de abril de 2024, 4:00 AM
Cada vez más bolivianos se registran al Sistema Único de Salud (SUS) con la esperanza de acceder a un seguro universal gratuito en el sistema público. Sin embargo, al momento de buscar atención en los centros hospitalarios se encuentran con la cruda realidad de un sistema precario, donde la agonía por las largas filas, la sobresaturación de los servicios y la espera en la atención son parte del día a día. La gratuidad tampoco se cumple.
En medio de los paros del sector salud que prolongan la espera por asistencia, la Defensoría del Pueblo dio un informe sobre los resultados de una evaluación a la implementación del SUS. De acuerdo con datos oficiales, 7.467.593 personas se han adscritos al SUS hasta 2023, cifra que equivale al 62% de la población boliviana.
El SUS se implementó a través de la Ley 1152, del 20 de febrero de 2019, que amplió la población beneficiaria que no se encuentra cubierta por la seguridad social, con atención gratuita de salud, en avance hacia un sistema único de salud, universal y gratuito.
A cinco años de su vigencia, la Defensoría del Pueblo identificó al menos cuatro debilidades en el sistema público y el SUS que afectan a la población: la capacidad de atención no está en función a la demanda, el sistema de referencia y contrarreferencia hace que los pacientes peregrinen de un hospital a otro, el sistema de fichaje es precario y la distribución de medicamentos no es regular. Lo sufren especialmente los pacientes con cáncer.
El informe señala que en el país hay 3.282 centros de primer nivel, 87 hospitales de segundo nivel, 38 nosocomios de tercer nivel y tres de tecnología nuclear, que deben absorber a los más de 7,4 millones de asegurados. Esto se traduce en hospitales llenos y servicios sobresaturados.
La gratuidad tampoco se cumple, pese a que el artículo 18 de la Constitución Política del Estado, establece que todas las personas tienen derecho a la salud. “El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de las personas, sin exclusión ni discriminación alguna. El sistema único será universal, gratuito, equitativo (…), con calidad, calidez y control social (…)”, dice parte del texto de la CPE.
En la práctica esto no se cumple en el Sistema Único de Salud, donde el ciudadano está librado a su suerte, a las donaciones y a kermeses para costear sus tratamientos. Los pacientes se ven obligados a cubrir las camas, las atenciones y hasta los medicamentos que son caros o que no están disponibles en las farmacias institucionales.
Los pacientes reconocen que la gratuidad se cumple casi en su totalidad en embarazadas, menores de cinco años y adultos mayores de más de 60 años.
La Defensoría del Pueblo también expresó su preocupación por los paros del sector salud que terminan alargando la espera por atención. Conmina a los trabajadores y profesionales a protestar contra la modificación de Ley de Pensiones sin afectar la atención de los pacientes. Muchos pierden sus fichas para las consultas y deben esperar reprogramaciones para dentro de semanas e, incluso, un mes.
El drama de los pacientes
Los enfermos sufren en carne propia las deficiencias de un sistema precario que, además, enfrenta constantes paros que deja sin atención a cientos de pacientes que peregrinan varios días a la espera de una consulta.
Una mujer, en su rostro reflejaba no solo el dolor que sentía en su cuerpo, sino también la impotencia de no haber logrado la atención para su papá que el martes tenía una consulta con el proctólogo, pero con el paro se vio obligada a reprogramar la cita para el 7 de mayo, dijo una mujer que se retiró apresurada del hospital San Juan de Dios. “Esa consulta la necesitábamos urgente”, recalcó.
Otras se ven seriamente perjudicadas con las pruebas que son imprescindibles para seguir con tratamientos que salvan su vida. Claudia Zapata (41), que padece de un cáncer gástrico y necesita estar en tratamiento en el Oncológico, también se perjudicó con los constantes paros.
“La quimioterapia mantiene la atención para los que están programados, pero las consultas se tienen que reprogramar y no hay campo para laboratorio en el Oncológico, por eso nos envían al San Juan de Dios, pero como no trabajan durante los paros tenemos que buscar en un privado, donde pagamos Bs 480. En el San Juan de Dios es gratuito, porque lo cubre el SUS”, indicó la mujer que acompañaba a Claudia.
La referencia es otro problema. Martha Suárez, que tiene un tumor en el vientre, no consiguió atención porque en su centro de salud la enviaron al San Juan de Dios y debían haberlo a la maternidad.
La representante de las personas con cáncer, Rosario Calle, denunció que la distribución de medicamentos oncológicos tiene deficiencias, debido a faltantes en la lista de los 42 fármacos establecidos por el Ministerio de Salud.
“Siempre faltan (medicamentos) no solo los oncológicos, sino también para cuidados paliativos, como la morfina en cápsulas. El paciente debe comprarse y conseguirla es muy difícil porque es un medicamento controlado y no se puede comprar de cualquier parte”, señaló.
La doctora Kadidja Ovando, vocera de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), insiste en que toda la población se debe unir a las movilizaciones en rechazo a la modificación de la Ley de Pensiones porque lo que se viene agravará más la crisis hospitalaria. Señala que, si se aprueba el proyecto de ley, en Santa Cruz afectará a un 30 por ciento de los médicos que trabajan en el tercer nivel, es decir, a unos 800 especialistas, entre cirujanos oncólogos, cirujanos pediatras, radioterapeutas y otros.
Agrega que el déficit de profesionales es uno de los problemas que agrava la saturación y que los médicos deben darse modos para atender cada vez a más pacientes. Hace notar que la dotación de ítems no está acorde con el crecimiento de la población ni con el aumento de los afiliados al SUS.
“Esto (la modificación de la Ley de Pensiones) es totalmente lapidario y sería atentatorio para la población, porque en Santa Cruz tenemos un déficit de 14.000 ítems en salud, y en lugar de tratar de meter gente joven como dice el Gobierno, que doten esos ítems y meta a esos profesionales para que se capaciten”, recalcó la representante del Fesirmes.
Hay necesidad de planificar
Por su lado, el gobernador cruceño en ejercicio, Mario Aguilera, resaltó la necesidad de encarar una planificación estructural del tema de salud con la Región Metropolitana, para encarar la problemática de la saturación y las deficiencias en el sistema público de salud.
Señala que los hospitales de la capital cruceña bridan asistencia a pobladores de municipios del departamento y del país.
Explicó que solo en 2022, la capital cruceña hizo casi cuatro millones de atenciones médicas a pacientes de todos los municipios aledaños, demandando un gasto superior al medio millón de bolivianos al municipio capitalino, lo que representa un 43 por ciento del gasto en salud y más del 9 por ciento del gasto total.
“Cuando existe complementariedad (en la planificación) bajan los costos operativos, se relaciona toda la infraestructura de servicios”, argumentó el gobernador en suplencia.
