14 de abril de 2024, 4:00 AM
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El caso ‘Terrorismo’ también fue nombrado caso Rozsa por el apellido del supuesto cabecilla del grupo de ciudadanos extranjeros y bolivianos que fue ejecutado por la Policía el 16 de abril de 2009 durante el asalto al Hotel las Américas de Santa Cruz de la Sierra.
Otros sobrevivieron al ataque, pero otro grupo, aún mayor, fue procesado y encarcelado bajo cargos de separatismo, incluso de un supuesto intento de “magnicidio” contra Evo Morales. Nada se probó, pero quedaron secuelas.
Algunos de los procesados conversaron con EL DEBER. Recordaron cómo fueron detenidos sin mandamientos de aprehensión y los años que pasaron en tres cárceles del país. Sufrieron bajones en su salud y en sus familias.
El expresidente de la cooperativa Cotas Ronald ‘Chichi’ Castedo manifestó que, si bien se encuentra en proceso de recuperación de su salud, durante las pesquisas sufrió un deterioro progresivo de su corazón por efecto del estrés y la reducción de su patrimonio.
Castedo lleva marcado el 17 de septiembre de 2011. Esa fecha fue declarado clínicamente muerto y a raíz de ello y, por el tiempo que llevaba en terapia intensiva, sus allegados le realizaron un necrológico, porque en el hospital sufrió dos infartos al mismo tiempo.
“Llegaron a hacer mi necrológico, me estaban sacando a una camilla para que me hicieran la autopsia en la morgue, tuve dos infartos al mismo tiempo, uno cerebral y otro coronario, y no supe qué pasó, eran las tres y media de ese día, y yo desperté días después de salir del coma, buscando explicaciones”, relató a EL DEBER.
Agradece a Dios por las personas y médicos que lo colaboraron cuando se debatía entre la vida y la muerte. Ahí se le viene a la mente al doctor de apellido Méndez, que decidió no retirar el tubo que le pasaba oxígeno al cerebro, lo que permitió que los galenos vuelvan a pasarle corriente y recurrir a la resurrección mecánica. “Después me enteré de lo que había pasado y terminé con tres costillas rotas, durmiendo tres meses en un sillón, pero aquí estoy. Pasé esa dura prueba”, expresó.
Por su lado, Gary Prado Araúz, quien patrocinó a varios de los que fueron detenidos desde que comenzó este caso que fue muy parecido a “una cacería de brujas”. Aseguró que la situación del expresidente de Cotas fue una de las más graves entre los procesados, porque pasó a una disfunción cardiaca y que por tal motivo debía ser tratado como una persona con discapacidad, lo que no ocurrió.
“Lo trataron como si estuviese sano igual como los demás, lo obligaban a ir a permanecer las ocho horas de audiencia, lo hicieron ir a Cochabamba y Tarija, ciudades de altitud donde su corazón no tenía la misma capacidad. A él (Ronald) le violentaron un derecho humano a la vida y a la integridad, que hizo agravar su situación. Si tenía una perspectiva de 30 años, con todo esto fue recudido a 15”, remarcó.
También dijo que este ‘calvario judicial dejó con secuelas de tortura en la vida de otros dos cruceños procesados, como Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza e Ignacio Villa Vargas, este último que falleció hace dos años.
Guedes recibió al equipo de EL DEBER en su domicilio donde tenía un sillón apartado y un vaso con una gaseosa para la entrevista. Ahí vestido con camisa negra y pantalón del mismo color, zapatillas plomas, expresó que este tiempo, desde que recuperó su libertad en 2020, lo pasa junto a su esposa y sus cuatro hijos, para tratar de atesorar esos momentos en familia. Además, señaló que desde que el fallido caso ‘Terrorismo’ fue acerrado en 2020 durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, se dedica a trabajar, en un aserradero en una zona dural.
Sobre su salud, afirmó que está recuperando gradualmente después de los 10 años y medio que estuvo con detención preventiva. Estar encarcelado en San Pedro, al que calificó el lugar como un “pequeño campo de concentración”, le afectó en su presión, derivó en problemas cardiovasculares y por la alimentación que recibió le fue diagnosticado diabetes tipo dos.
Y aunque pasaron 15 años, aún siente como la primera vez aquel 28 de abril de 2009 mientras iba con su esposa Martha Landívar a recoger a su hija pequeña del colegio al caer la tarde, fue interceptado por agentes de la extinta Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), quienes lo tumbaron al suelo y le propinaron al menos tres culatazos de un fusil en la espalda, mientras otro agente lo tenía reducido con su pie sobre su cabeza.
“Mientras estaba en el suelo veo como Walter Andrade, que ahora es coronel, llega inmediatamente y le agarra de los pelos de mi esposa, la tumba en el piso y le pone el pie en la espalda y le dice, no mires puta”, recuerda mientras se toma la polera en la parte del pecho y sus ojos se llenan de lágrimas.
La madrugada del 16 de abril de 2009, tipo 04:00, agentes de inteligencia de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) irrumpieron en el Hotel Las Américas, ubicado en la calle 21 de mayo de la capital cruceña, donde ejecutaron a tiros al boliviano húngaro Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi (húngaro-rumano) y Michel Dwyer, de nacionalidad irlandés.
En ese operativo resultaron ilesos Elöd Tóásó y Mario Tadic. Ahora ellos tramitan un juicio internacional contra el Estado.
Este operativo se perpetró, según versión del Gobierno que fue duramente cuestionada, para desarticular a una “célula terrorista”, que llegó a Santa Cruz contratados supuestamente por líderes opositores de aquel entonces, para instaurar un plan separatista y atentar contra la vida del ahora expresidente Evo Morales.
A partir de ahí, la tesis del Gobierno se vio confusa y carente de fundamento, a eso se sumó el ‘infierno judicial’ que padecieron las 39 personas procesadas y más de 300 individuos llevados a La Paz para presentar su declaración. La vida de los señalados por el Gobierno cambió por completo.
Con la salida de Evo Morales en 2019, el Ministerio de Gobierno que comandaba Arturo Murillo se apartó como parte demandante quedando como único la Fiscalía que decidió retirar su denuncia en contra de los acusados en base a que el principal acusador, el exfiscal Marcelo Sosa, recibió una condena de 12 años de cárcel y su edecán ocho por uso indebido de influencias y concusión.
El 4 de febrero de 2020 en una audiencia en el Palacio de Justicia, el extinto juez Sixto Fernández leyó dictó la extinción del caso terrorismo y la absolución de los 39 procesados, incluidos los exiliados y las seis personas que se declararon culpables en juicio abreviado.
12 procesos contra el Estado
El Estado boliviano tiene sobre sus espaldas, en este caso específico, 12 denuncias en su contra sentados por algunos de los procesados del caso terrorismo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La raíz de estas denuncias es porque el entonces gobierno de Evo Morales, violó los derechos humanos de ciudadanos bolivianos y extranjeros.
El abogado Gary Prado manifestó que la actual administración de Luis Arce debe cumplir con las cuatro recomendaciones que emitió en 2021 la CIDH al Estado, en las que menciona que deben adoptar las medidas de compensación económicas y satisfacción; e identificar a los responsables e imponer sanciones por las graves violaciones de derechos humanos.
En ese punto mencionó que desde Evo y gran parte de sus autoridades deben ser procesadas. ayer en el DEBER Radio, el excívico Branko Marinkovic también dijo que, finalmente, Evo debería acudir a una corte internacional.
“El proceso fue inventado para someter a un pueblo”
El ex integrante de la Unión Juvenil Cruceñista, Juan Carlos Guedes, habló con este rotativo sobre diferentes temas. Desde su pedido de resarcimiento que está en la etapa final y cómo respondió el Estado en el caso de Blas Valencia; sus años en la cárcel, quiénes lo acompañaron y quiénes lo traicionaron.
Juan Carlos Guedes no descarta una candidatura.
¿Qué se le viene a la mente cada 16 de abril?
Una matanza extrajudicial, de muchachos que no tenían ni la más remota idea de lo que estaba pasando.
Estando preso en diferentes cárceles, ¿pensó renunciar?
Las propuestas para ir a un proceso abreviado siempre estuvieron latentes. El tema económico para involucrar a otras personas que no conocía también. ¿Por qué hacerlo? Renunciar no estaba en mi visionario. Yo tenía que llegar al final de esta historia porque si yo me declaraba culpable no podría mirarme al espejo, ni podría responderle a mis hijos, pero aquí estoy para explicarle mi ausencia en los diez años que estuve encarcelado.
¿Cómo avanza el proceso de indemnización?
El Gobierno debe cumplir, estamos tropezando con el problema del monto. La Procuraduría se basa en la jurisprudencia de otros países donde son demasiadas estrechas las cantidades que no están acordes con una realidad.
Esto es un caso extraordinario. Nosotros no somos delincuentes. El grupito de Blas Valencia recibió un millón y medio de dólares, pero son delincuentes, han matado a sus camaradas, han robado en bancos. ¿Y nosotros? Es un caso inventado para querer someter a un pueblo valiente. Hay muchas cosas que duelen.
¿Qué otras situaciones duelen?
Aparte de dejar a la familia, hubo mucha gente traidora. Yo creo que esa gente hay que sacarla en su momento, debe ser un nuevo liderazgo.
Tal vez en junio o julio nos veremos las caras en la arena política.
¿Cuánto pidió de indemnización?
Yo tengo un documento por escrito, nos quedamos parados en 766 mil dólares por daño material e inmaterial. Puede subir porque iremos a la CIDH y eso implica un gasto.
¿Qué significó para usted el doctor Herland Vaca Díez?
Una de las cosas que sustentó a mi familia desde que yo caí preso hasta que salí, fue el doctor Herland Vaca Díez. Cada fin de mes el doctor llamaba a Martita para decirle que pase por la oficina a recoger el sobre que ya tenía preparado.
Su muerte me dolió, fue cómo perder a mi propio padre.
