19 de abril de 2024, 7:00 AM
19 de abril de 2024, 7:00 AM
Ysidro Umaña Pereda se apersonó este jueves a las oficinas de EL DEBER para mostrar los documentos judiciales que avalan que es propietario de un terreno de 1.639,89 metros cuadrados, que la Alcaldía Cruceña reclama como área verde, y refutar las declaraciones de Jhonny Fernández, quien lo tildó de “avasallador”.
“Yo no soy ningún avasallador, yo tengo los documentos que acreditan que yo soy propietario del terreno, en el cual vivo hace 35 años. Esta propiedad la he demostrado en un juicio ordinario de mejora de derecho que ya se encuentra con sentencia constitucional a mi favor”, dijo el propietario a este medio de prensa.
Ysidro Umaña explicó que vivió en el terreno de 1.639,89 metros cuadrados, ubicado por el cuarto anillo entre la Radial 26 y 27, con el permiso de la entonces propietaria, Ruth Ivonne Galindo Tardío de Mejía, hasta que realizo la compra en 2017.
“Tengo el alodial del terreno a mi nombre y ahí he construido mi vivienda. Además, lo tengo inscrito en derechos reales, pero la Alcaldía cruceña se niega a emitirme el certificado catastral y el plano de vivienda”, lamentó.
El propietario señala que le ganó al municipio de Santa Cruz de la Sierra un juicio ordinario de mejora de derecho, que inició en 2019 y en ese entonces lo había iniciado el proceso la expropietaria Ruth Ivonne Galindo.
Una vez que realizó la compra del inmueble, Ysidro Umaña Pereda dice que continuó el proceso con los documentos a su nombre y que obtuvo a su favor una Sentencia Constitucional emitida el 15 de noviembre de 2023, en Sucre.
“Esta sentencia es de cumplimiento vinculante y obligatorio, y tiene una sanción de dos a seis años de cárcel por el incumplimiento. Entonces la justicia ha pedido que la Alcaldía emita mi certificado catastral y el plano de vivienda, pero hasta ahora no lo han cumplido”, cuestionó.
Ysidro Umaña aclara que él no denunció al alcalde Jhonny Fernández y explica que presentó una queja ante el juez de Roboré, Héctor Yabeta, porque la Alcaldía no cumplía con la resolución constitucional y fue esta autoridad de justicia la que ordenó al fiscal departamental Róger Mariaca que se inicie una investigación por el supuesto delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa e inconstitucionalidad.
“Yo no he denunciado al alcalde, fue la justicia que ordenó a la Fiscalía que investigue a las autoridades municipales. Yo solo estoy pidiendo al alcalde Jhonny Fernández que sea respetuoso de las leyes y de los fallos judiciales”, agregó.
