22 de abril de 2024, 17:52 PM
22 de abril de 2024, 17:52 PM
Luego de la detención del exministro de Minería, Luis Alberto Echazú, la exministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales, denunció la presunta ilegalidad de la acción policial ordenada por el Ministerio Público. Además, indicó que con esto el Gobierno pretende ocultar el fracaso en la industrialización del litio.
La anterior semana la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) denunció que encontró varias falencias en la planta de Carbonato de Litio ubicada en pleno salar de Uyuni. Estas anormalidades corresponden, según YLB, a fallas de diseño y supervisión que dejaron inutilizadas 18 piscinas de evaporización, proceso con el cual se extrae litio.
Esto generó un daño calculado en Bs 425 millones. Por eso, la estatal junto con el Ministerio de Hidrocarburos y la Procuraduría informaron que realizarían una acción penal contra 10 exfuncionarios entre los que se encuentra Echazú.
Ante esta situación, la exministra María Teresa Morales, denunció que la detención de la también exautoridad busca ocultar el fracaso del actual Gobierno en el desarrollo de la industria del litio.
Morales observó que Echazú no fue citado y que su detención obedece a una persecución política.
“En primer lugar, no solo denunciamos ante el país, sino a nivel internacional, que no se está respetando la ley, ni las formas, ni el protocolo”, dijo. Agregó que en segundo lugar, esta detención busca ocultar “el fracaso del Gobierno de Luis Arce en el tema litio”.
Sostuvo que Echazú denunció los malos manejos realizados por el Gobierno en el programa de litio iniciado por el Gobierno de Evo, en especial la falta de mantenimiento de la planta de Carbonato.
“Esa planta no funciona. Y entonces, como no tienen otra forma de justificar su fracaso, el haber dicho que las piscinas no valen, que no sirven, que las van a desechar. Pero hace cuatro años no hacen ningún mantenimiento a las piscinas y no hacen nada”, dijo.
Por su parte, Vladimir Ochoa, abogado de Echazú, señaló que la orden de aprehensión es por un proceso iniciado en 2023 que inicialmente fue resuelto a favor de su defendido y que ahora fue reabierto por el Gobierno.
“Lo que llama la atención es que el primer cierre de este proceso ha sido por la negligencia tanto de la supuesta empresa en condición de víctima y del Ministerio Público. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que ante esta coyuntura y crisis económica y política”, dijo.
El abogado explicó que su defendido permanecerá las próximas 24 horas en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la ciudad de La Paz. Además, hizo notar que se trata de una persona de 74 años con cuatro enfermedades de base.
