24 de abril de 2024, 20:10 PM
24 de abril de 2024, 20:10 PM
Los reportes más recientes de Amnistía Internacional (AI) y del Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) sobre el estado de los Derechos Humanos en Bolivia revalidaron su preocupación por la independencia judicial, un asunto que es parte del debate nacional.
Frente a estas valoraciones, el gobierno del presidente Luis Arce, a través de la Cancillería, rechazó por completó el reporte emitido desde Washington y consideró que hubo injerencia por parte del gobierno estadounidense.
Amnistía, una organización internacional sin fines de lucro, hizo un recuento desde enero de 2023 hasta la fecha y observó la forma en la que las fuerzas de seguridad actuaron durante las protestas que tuvieron lugar tras la detención del gobernador de Luis Fernando Camacho.
Además, la organización también compartió la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al estado de la justicia. El reporte fue divulgado este miércoles y mencionó denuncias contra la libertad de expresión.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó Bolivia en marzo y expresó preocupación especial por la falta de independencia del poder judicial respecto del gobierno”, señala el reporte de AI que también muestra preocupación por la omisión de acciones estatales en favor de defensores de los Derechos Humanos como fue el caso de Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos cuya sede fue tomada por personas ajenas a su entidad.
EI informe de Derechos Humanos emitido el 22 de abril por el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que en 2023 hubo denuncias de tortura, tratos denigrantes y detenciones arbitrarias en Bolivia, así como la falta de independencia de la justicia.
El reporte de EEUU también hizo referencia a atentados a la libertad de expresión, corrupción gubernamental y violencia doméstica generalizada. Señaló que “no hubo cambios significativos” respecto a los acontecimientos de 2023.
El documento, que hace notar que varias vulneraciones se dieron a pesar de protecciones específicas establecidas en la Constitución, precisó que los señalamientos de tortura apuntan especialmente a la Policía.
“Los mecanismos para investigar abusos raramente fueron empleados. Frecuentemente, las investigaciones no fueron completadas debido a sobornos por parte de los sujetos investigados”, señala. “El poder judicial también fue objeto de múltiples acusaciones de corrupción. En general, las autoridades respetaron las órdenes judiciales, pero en varias ocasiones presionaron a los jueces para que cambiaran los veredictos», subraya.
Se menciona el caso de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena fallecido en 2022 tras siete años de detención, la cual denunció torturas y humillaciones. En ese contexto “el Gobierno no permitió que periodistas, oenegés y líderes religiosos visiten a prisioneros de alta visibilidad” como el gobernador Camacho, o la expresidenta interina, Jeanine Añez”.
“El Estado Plurinacional de Bolivia expresa su rechazo al informe unilateral emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos al que considera un acto de injerencia e intromisión en la política interna”, señaló la Cancillería en un comunicado.
El reporte utiliza “fuentes imprecisas que comprometen la veracidad del contenido”. “Bolivia reitera su compromiso inquebrantable con la promoción y protección de los derechos humanos para todas y todos los bolivianos, basado en principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre los Estados”, sentencia el comunicado.
“En su informe anual sobre derechos humanos 2023, el Departamento de Estado de EEUU, ha observado que el gobierno de Luis Arce está cometiendo atropellos, detenciones y torturas en contra de ciudadanos bolivianos. La comunidad internacional está empezando a reaccionar ante un gobierno que persigue, tortura y encarcela a la oposición, en abierta violación a los principios constitucionales y democráticos”, comentó Camacho a través de un mensaje emitido desde sus cuentas en redes sociales.
La expresidenta Áñez, por su lado, resaltó que “el informe reportado por el Departamento de Estado denuncia 300 presos políticos, torturas, prohibición de visitas, juicios injustos y los problemas estructurales de la justicia en nuestro país”.
