7 de mayo de 2024, 20:56 PM
7 de mayo de 2024, 20:56 PM
Marchas, demandas judiciales y aprontes de más movilización provocó el Decreto Supremo 5143 que ya está vigente desde el 10 de abril de este año. Los gremiales iniciaron las protestas este martes en la sede de Gobierno y adelantaron que es la primera medida que pide la abrogación de esta norma. El ministro de Justicia, Iván Lima, llamó a una conferencia de prensa para asegurar que no abrogará la norma.
“La Fejuve marchó y pidió la abrogación; nosotros pedimos lo mismo, como gremiales hemos iniciado la primera medida en contra del Decreto Supremo 5143. Rechazamos totalmente y decirle al gobierno, que es la primera medida y se vienen otras marchas porque ya hemos convocado a ampliado”, advirtió el dirigente de los gremiales alteños, Toño Siñani, este martes, luego de una masiva marcha en el centro de La Paz.
Derechos Reales se denomina al registro de los documentos de las propiedades que tienen los bolivianos en todo el Estado y están a cargo del Consejo de la Magistratura. El decreto 5143 establece la obligatoriedad que tiene el Consejo de la Magistratura a coordinar su trabajo con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información (Agetic) que depende del ministerio de la Presidencia.
“El decreto supremo lo único que hace es reglamentar esa ley (de 1887) y por lo tanto nosotros vamos a mantener la norma en el sentido de que solamente busca transparencia, proteger el derecho a la familia boliviana”, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima en conferencia de prensa.
Los gremiales observan la discrecionalidad que tiene el artículo 6 del decreto que dispone la designación de una autoridad en la Instancia Competente Nacional del Registro de Derechos Reales, que debe ser por cinco años y sin selección previa, lo que consideran como un ‘dedazo’.
“Ya vimos cómo en el pasado querían imponer una ley la 1386 para atentar contra el derecho propietario y ahora vemos que de nuevo está queriendo el Gobierno atentara contra la propiedad de la familia gremial, con ese decreto van a confiscar bienes solo porque el Gobierno va a decidir, es la ley 1386 pero disfrazada”, graficó el dirigente gremial.
No es el único sector, en Santa Cruz, las instituciones también pidieron la abrogación del decreto, la senadora Centa Rek (Creemos) recordó que la propia Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley del Órgano Judicial establecen con claridad que para regular los derechos reales se requiere de una ley especial y el gobierno atropella con un decreto.
El senador Luis Flores (MAS-ala evista), adelantó que presentará un recurso directo de nulidad contra el decreto por vulnerar varias normas que establecen cómo se regula el derecho propietario.
La Ley del Consejo de la Magistratura; El Código Civil; la Ley del Órgano Judicial el artículo 109 de la Carta Magna están siendo violentados por este decreto, resumió el senador evista. Lima dijo estar dispuesto a debatir los alcances de una nueva ley, pero que no abrogarán este decreto.
