10 de mayo de 2024, 17:49 PM
10 de mayo de 2024, 17:49 PM
«Van dos años, seis meses y 12 días de Las Londras, y viendo los expedientes con la abogada, da una sensación de frustración. Parecía que la herida había cicatrizado, pero no es así, y cada vez hay un poco más de impotencia, dan ganas de llorar encima de los expedientes», ilustró Percy Suárez sobre la impotencia que le generan las trabas puestas por las mismas autoridades llamadas a hacer justicia.
Suárez, ex camarógrafo de ATB, el 28 de octubre de 2021 filmó la violencia de los avasalladores en la zona denominada Las Londras, aplicada contra él, y también contra seis periodistas más, además de policías y trabajadores de empresarios agrícolas.
La osadía le valió un cachazo en la cabeza y disparos que, afortunadamente, impactaron solo en su instrumento de trabajo, la cámara, pero no en su cuerpo.
Para Suárez, es ilógico que el Tribunal Primero de Sentencia de Concepción, municipio donde radica el caso, lo conminara a notificar a los cinco agresores, miembros de un grupo armado, para dar inicio al juicio oral.
«Estamos exactamente a seis meses de que este caso pueda cerrarse porque así la ley y el sistema lo permiten, hay trabas judiciales», lamentó sobre los tiempos especificados en el procedimiento penal.
Admitió que la situación es frustrante y dolorosa para él y su abogada, Raquel Guerrero, «peor ahora que el Tribunal nos conmina a poner un vehículo y que vamos con la secretaria del juzgado a notificar a nuestros agresores. Es algo imposible, y además no iré yo a buscar al tipo que me disparó y me dio un cachazo en la cabeza, casi nos matan», refrescó la memoria a los jueces a cargo.
Además, Suárez dijo que, de los siete periodistas violentados, y también de los policías, es el único que sigue dando la cara por el caso; advirtió que seguirá hasta lo último.
«En lo personal necesito gritar justicia, eso ocasionó que yo me hiciera a un lado del lugar donde trabajaba (Red ATB), era molesto porque yo era el único que gritaba y sigue gritando por justicia», compartió.
Suárez también admitió que se siente solo y desprotegido porque, para empezar, la empresa en la que trabajaba no le brindó algún tipo de ayuda, ni moral ni económica frente al trauma que estaba pasando.
Valoró el apoyo de su abogada, Raquel Guerrero, a quien conocía desde mucho antes del caso Las Londras, y de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, que en esa época, con Roberto Méndez como presidente, lo apoyó y tomó el caso.
«Todo eso me obligó a retirarme del trabajo porque yo era incómodo. Lo más lamentable es que se me cerraron las puertas y hoy no tengo un trabajo estable y tengo que estar arañando, tal como dice un informe de la Asociación Nacional de Periodistas, sobre nuestra situación pésima, precaria».
A pesar de ser el único que grabó las imágenes de los hechos, dijo que no se considera un héroe, sino una víctima más del sistema judicial. «Y lo más doloroso es pensar que el caso no puede moverse porque está en un juzgado de Concepción, empolvándose más», denunció y agradeció a la gente amiga que le da el espaldarazo.
El ex camarógrafo de ATB dijo que también le afectó que los demás periodistas no se acercaron, no acompañaron el proceso por diversos motivos, algunos por presión, y otros porque no superan ese trauma.
«Para mí las heridas no cierran y por eso voy a insistir. He notado que me afecta mucho el tema y nuestra situación es lamentable. No es a Percy Suárez, es al gremio al que amenazan y violentan. Suman las agresiones, como pasó ayer con los de ATB en la Gobernación», alertó.
Los jueces del Tribunal de Sentencia Primero de Concepción son: Elvio Cuéllar Claure, Ramón Quiroga Yabeta y Rosa Victoria Copa Tórrez.
Los denunciados son Paulino Camacho Vedia, Heber Sixto Canaza Sacaca, Nelson Revedeneira Escalante, Martín Tejerina Villalobos y Nicolás Ramírez Taboada.
Roberto Méndez, ex presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, apuntó a que estas trabas son señales que, de algún modo, los empujan a la conclusión de que estas tierras fueron entregadas al grupo armado “como parte de un arreglo político”.
En esa época, después de los sucesos y a diferencia de los periodistas, el entonces director departamental del INRA, Adalberto Rojas, fue recibido por los avasalladores, y acudió acompañado de un canal de TV.
Hasta la fecha, solo en fotocopias, los agredidos han gastado Bs 7.000, solo en fotocopias.
