11 de mayo de 2024, 11:23 AM
11 de mayo de 2024, 11:23 AM
El abogado y exfiscal Joadel Bravo desahució este sábado la denominada Ley Bukele propuesta por el Ministerio de Gobierno para sancionar con dureza delitos de robo, porque no tiene sustento constitucional y vulnera garantías establecidas por la Carta Magna. Además, sugirió al Gobierno que deje esas normas al Poder Judicial.
Con la nueva ley, cuando el sospechoso sea aprehendido, el investigador de la Policía Boliviana va emitir un informe de acción directa y escribirá que fue en el nuevo procedimiento denominado sumarísimo penal. Ya los fiscales no emitirán una imputación, directamente emitirán una acusación penal en contra de estos delincuentes”, dijo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo cuando presentó el proyecto de ley.
Esto, ante la necesidad de una normativa que permita encarcelar de manera efectiva a los ciudadanos acusados de “robos, hurtos, abigeatos y jukeo (robo de mineral), entre otros”.
En una entrevista con el programa ¡Qué semana!, de EL DEBER Radio, Bravo señaló que la denominada Ley Bukele no tiene probabilidad de nacer a la vida porque se choca de frente con garantías constitucionales como el derecho a la defensa, el debido proceso, la igualdad de partes contenidos en los artículos 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado.
“A su vez, a convenios internacionales de Derechos Humanos que precisamente señalan que toda persona sometida a un proceso tenga esas garantías para defenderse de ser tratado igual. Por eso esta norma no tiene posibilidades y es lo que sucede cuando las leyes vienen de parte del Poder Ejecutivo que afronta el artículo 149 inciso 6 de la CPE que manifiesta que corresponde al Órgano Judicial promover las leyes judiciales, como ocurre en este caso, que hace al ámbito jurídico. No son para contraer un préstamo, realizar una obra u otras de carácter administrativo. Esa es la problemática con la que chocará estos proyectos de ley”, aseveró el abogado.
Además, sumó que no garantiza cómo le vaya (al proyecto de ley) en la Asamblea Legislativa, “tomando en cuenta que tenemos serios problemas de gobernabilidad, ni siquiera puede allanar el camino hacia las elecciones judiciales. Considero que hay otros problemas que urgen ser tratados, antes del de robo de celulares. No digo que dejen de ser importantes, pero hay problemáticas superiores”.
Como ejemplo, “y hablando de crímenes, por qué no vemos la violencia intrafamiliar que es el delito que más se repite. Si se hace un relevamiento la unidad de víctimas especiales es la más importante en este momento, superando a narcotráfico, a otras divisiones de la Felcc. Por qué no vemos el tráfico de mujeres para explotación sexual. Creo que esos son los problemas que enfrentará esta ley”.
Destacó el hecho de que en menos de 24 horas, un decreto “que atentaba contra la propiedad privada” y el Tribunal Constitucional se abrió a congelarla ante el pedido de un asambleísta ‘evista’ y otro ‘arcista’, “aduciendo que no tiene las condiciones jurídicas mínimas para seguir adelante”.
Mencionó también otras normas que fueron propuestas por el Gobierno, como el de modificaciones al código penal y que tuvieron que dar marcha atrás ante movilizaciones sociales, como un paro cívico. Creo que el Ejecutivo, como señala la Constitución, debe dejar esas normas al Poder Judicial. Además, que pierde credibilidad”, complementó.
Durante la presentación del proyecto de ley ‘lo ajeno no se toca’, una iniciativa para endurecer sanciones por robo en flagrancia, los funcionarios del Ministerio de Gobierno mostraron carteles demandando ‘una ley Bukele’. Sucedió el jueves 9 de mayo. “Esta es una ley Bukele más necesaria que nunca”. Ese fue el mensaje de las pancartas, cuyas fotos fueron divulgadas a través de las cuentas del Ministerio de Gobierno en redes sociales.
El Salvador ha reformado su sistema judicial para que los jueces tengan la mínima posibilidad de dejar en libertad a los procesados. Los plazos para procesar a delincuentes, especialmente integrantes de las pandillas, se redujo al máximo.
El presidente de ese país, Nayib Bukele activó estas reformas para enfrentar a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 que llegaron a tener control territorial de varias regiones en El Salvador, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudc).
