12 de mayo de 2024, 4:00 AM
12 de mayo de 2024, 4:00 AM
En octubre de 2021, las balas corrieron en la provincia Guarayos, cuando un grupo de periodistas y policías realizaba una inspección en lo que se suponía un predio privado por la zona Las Londras, a invitación de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO).
El suceso puso en evidencia la gravedad de los conflictos por la tierra en Guarayos, pero además el avance empresarial e intercultural en lo que se supone es una tierra de vocación forestal permanente, es decir no apta para fines ganaderos o agrícolas.
Por un lado, los empresarios aseguraban que contaban con derecho propietario desde 1979, y por el otro, los Interculturales y los miembros de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) también se convirtieron en actores de la disputa, que ya lleva varios años y un fallecido por el nivel de violencia.
Después de los hechos, y hasta diciembre de 2023, Eulogio Núñez, director nacional del INRA, aseguraba que se trataba de tierras fiscales y que estas no serían cedidas, es decir que no estaban disponibles.
Según la Fundación Tierra, hizo falta un hecho de violencia de esa magnitud para exponer a la luz pública las maniobras “corruptas” que perfeccionaron tanto los empresarios, como los campesinos colonos, y también los funcionarios públicos para repartir y repartirse las tierras fiscales.
Desde la ONG se aseguró que el tour de periodistas a Las Londras fue un engaño, ya que los empresarios se presentaron como legítimos dueños de un predio avasallado por colonos.
“Los empresarios no son dueños de esas tierras, sino ocupantes ilegales que hicieron la venta ficticia y parcelación por debajo de 500 hectáreas para aparentar ser pequeños ganaderos con derecho de posesión y procesos legales”, dijeron desde la Fundación Tierra, pero además admitieron que los encapuchados, identificados como Interculturales de San Julián, en realidad suplantan la identidad de los verdaderos campesinos pobres para beneficiarse con la dotación de tierras fiscales.
“También son ocupantes ilegales tramitando personerías jurídicas para la creación de nuevas comunidades”, aludieron.
La Fundación Tierra especificó que se trata de colonos soyeros y sus allegados que ya tienen tierras, pero que pretenden adueñarse de, al menos, 50 hectáreas por persona, cuyo precio de mercado ronda los 200.000 a 300.000 dólares dentro de esta zona influenciada por la agricultura mecanizada, es decir, aproximadamente 6.000 dólares por hectárea.
“Pagan el acceso preferencial que tienen al INRA con su militancia política dentro del MAS y, desde luego, con “aportes económicos”, afirmaron.
Considerando que el saneamiento debería culminar en 2025, año del Bicentenario, la Fundación Tierra apuntó a que los funcionarios públicos del INRA han alargado el proceso de saneamiento de Las Londras por seis años, sabiendo que forma parte de la Reserva Forestal Guarayos.
“Pero en lugar de ello, creó expectativas entre los avasalladores de tierras fiscales y dejó que ganen tiempo para ocupar, asentarse, cercar las tierras con alambrados y portones, falsear y engordar expedientes de antecedentes agrarios”, opinaron.
En marzo de 2022 y en respuesta a una Petición de Informe Escrito (PIE) de la senadora Centa Rek, se había iniciado de forma inmediata el trámite de desalojo para las comunidades avasalladoras y para la empresa Jihusa SA. Asimismo, el 10 de noviembre emitió resoluciones finales de saneamiento para diez predios.
Sin embargo, en diciembre de 2023 la violencia explotó nuevamente entre dos comunidades Cañada Pailita de la Csutcb y de los Interculturales, dejando un muerto.
Negocio internacional
Un grupo de empresarios e investigadores ambientalistas hizo un hallazgo sobre los intereses que se mueven detrás de la zona Las Londras.
Accedieron a las carpetas comerciales de empresas inmobiliarias rurales con participación en las bolsas de valores de Brasil y de Estados Unidos, y con llegada a varios países sudamericanos.
El portafolio agrícola de Cresud, según su portal digital, asegura que tiene 800 mil hectáreas bajo manejo en 24 campos propios, y una concesión a largo plazo, en Argentina, Brasil Bolivia y Paraguay.
En el caso de Bolivia, la gráfica refleja cerca de 9.000 ha en Las Londras.
Desde el equipo de investigadores resaltaron que “nadie sabe que una inmobiliaria grande internacional aparece como dueña de Las Londras, una zona avasallada”, y que el negocio no es la seguridad alimentaria, sino inmobiliario, ligado a la deforestación y todo lo que va detrás, y que todo eso explica el grado de violencia y el interés extremo de varios actores por ese lugar.
Observaron que Cresud es una especie de holding, dueño de Brasilagro, “y en 2021, según acta de reunión, Cresud vendió a Brasilagro sus predios de Bolivia. Es un juego financiero, por 30 millones de dólares, una forma de apalancarse financieramente. Van a la Bolsa de Valores y Brasilagro emite unos valores para pagar 30 millones de dólares a Cresud”, explicaron.
Asimismo, agregaron que se trata de un holding que accede a la tierra, la deforesta para generar plusvalía, lo que “confirma que se saca más plata a la tierra al desmontarla”, enfatizaron.
Igual que otro comercializador de tierras, Adrián Barbero, dijeron que Cresud, a través de Brasilagro, compra un predio grande, lo parcela, y ahí es donde obtienen mayor ganancia.
“Hemos visto los documentos de las transacciones de sus carpetas comerciales,y la hectárea está entre 4.500 y 6.000 dólares la ha”, puntualizaron.
El economista ambiental Stasiek Czaplicki, que forma parte de estos investigadores, observó que este grupo privado está en el negocio de la tierra en Bolivia, y no en el negocio soyero o productivo, “atrayendo el negocio inmobiliario a Las Londras”.
Para llegar a este punto, según Stasiek, varias familias que se beneficiaron con concesiones forestales en otra época, encontraron formas legales y poco legales para quedarse con la tenencia de la tierra, o por lo menos de hacer la reivindicación de que esa tierra era suya.
Resaltó que el caos reinante en la TCO Guarayos ha permitido estas irregularidades, y que se trata de un modus operandi, que de alguna manera se puede llamar ‘grilagem de terra’, un esquema mediante el cual un antiguo dirigente indígena firma un documento, diciendo que una empresa estaba en el lugar en los años 60 o 70, lo que se conoce como derechos pre constituidos, es decir que son previos a la creación del área, y que por ende otorgan ciertos privilegios.
Catalogó esto como un proceso de acaparamiento de tierra que tiene que ver con la localización de la cadena de valor.
“Hay dos formas de ganar en este esquema, uno es el esquema de la especulación comercial, una tierra que vale 100 dólares la ha con bosque es desmontada poco a poco, y a medida que eso ocurre, vale más, con carreteras que se construyen cerca, plantas de transformación, etc., pero la forma de ganar dinero no es revendiendo esa tierra, porque en la medida que siga habiendo tierra forestal disponible, quién en su sano juicio estará comprando esa tierra, más bien invertirá, con créditos, para transformarla en valor”, ilustró.
Según Stasiek, esta es la diferencia con el modelo de negocios de San Julián y Cuatro Cañadas, donde la tierra sí se usa para la producción, más que para sacarle plusvalía.
Jorge Ávila, gerente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), recordó que tanto Anapo como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) vienen diciendo que la superficie cultivable se incrementa entre 5 y 10% cada año. “Entonces por qué hay 200 mil ha desmontadas cada año y cuatro millones de ha quemadas, en promedio”, cuestionó.
De acuerdo a su hipótesis, es que se trata del mercado de tierras, gente que se dedica a deforestar y a quemar bosque porque sin cobertura boscosa esa tierra tiene mayor valor económico.
“Durante algún tiempo logran consolidar algún tipo de derechos y posteriormente la venden. No existe lógica entre el avance de deforestación por año y los cultivos, “se nota que hay un mercado de tierras terribles. Investigando se sabrá quiénes son los responsables”, afirmó.
Sobre Las Londras, recalcó que desde la creación de la reserva forestal de Guarayos, en 1969, expresamente se prohibía la otorgación de derechos agrarios, o la conversión del bosque a uso agrícola. Lamentó que hoy la zona está ocupadas y deforestada en partes iguales por empresarios agropecuarios e interculturales.
Propuesta
Ávila también observó que el 55% de la deforestación es ilegal porque ocurre en tierra de producción forestal permanente (TPFP), y que incluso se está deforestando con más incidencia en áreas protegidas (AP).
Agregó que existen 25 millones de ha de TPFP, y que el 50%, aproximadamente, está bajo manejo forestal sostenible: 2 millones de ha en manos de empresarios; 8 millones dentro de territorios indígenas (TCO), y 2,3 millones en Asociaciones Sociales del Lugar (ASL), comunidades, etc.
Como Cámara Forestal, Ávila recordó que se hizo una propuesta al entonces ministro de Economía Luis Arce Catacora, poniendo énfasis en el concepto de complementariedad para administrar las 10 millones de ha forestales que no tienen manejo y que peligran.
“El Estado debe crear un marco de complementariedad que daría la seguridad jurídica. Debe ser un esquema de largo plazo para que la representatividad recaiga no solo en el delegado, sino en la asamblea de toda la comunidad”, dijo sobre la iniciativa, que está siendo retomada por la CFB en estos días.
Interculturales
“No son ningunos pobrecitos”, dijo Percy Suárez, camarógrafo agredido por los avasalladores violentos de octubre de 2021 en Las Londras.
Junto a su abogada, Raquel Guerrero, dijo que algunos de los acusados presentaron garantías como papeles en provisión nacional de sus predios. “Son de condición acomodada, empresarios agrícolas”, dijo Guerrero.
Para Ávila, la participación de los Interculturales parece ser parte del mercado de tierras, ya que tienen la experiencia en ocupación de predios, por esencia institucional y naturaleza.
“Deforestan, queman y venden la posesión. Esa tierra entra en el circuito inmobiliario rural, es lo que hemos visto en Guarayos y en menor medida en El Choré”, apuntó.
