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9 de mayo de 2024, 9:47 AM

9 de mayo de 2024, 9:47 AM

En operativos apoyados por la Policía Boliviana y la Fiscalía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) incautó el martes 10 vehículos y precintó dos estaciones de servicio por carguíos repetitivos e irregulares en Cochabamba y Santa Cruz.

En Cochabamba, en los municipios de Sacaba, Cercado y Quillacollo se identificaron cuatro vehículos que realizaban cargas repetitivas de carburantes, en las cuales se aprehendieron a cuatro personas. Los motorizados fueron incautados para fines investigativos.

En otra acción de fiscalización, en el mismo departamento, la entidad procedió al precintado de la Estación de Servicio Anita, ubicada en el Km 6, en la carretera a Sacaba, tras verificar que realizaba cargas irregulares de carburantes vulnerando el sistema de control.

Hay cinco vehículos detenidos y una moto que cargaba combustible con repetitividad, los cuales fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y una persona es investigada por este hecho.

Asimismo, personal del ente regulador procedió al allanamiento de una vivienda particular donde se realizaba la comercialización ilegal de carburantes.

En otro operativo en Santa Cruz, personal de la ANH precintó la Estación de Servicio SUR SRL Sucursal 4, ubicada en la localidad de General Saavedra, carretera a Minero, tras verificar que un motorizado realizaba cargas de manera ilegal en bidones con diferentes números de placas.

Hay dos personas aprehendidas y el motorizado fue incautado. En esta acción también se procedió al allanamiento de una vivienda particular donde se realizaba la comercialización ilegal de carburantes.

Como parte de sus funciones, la ANH intensifica los operativos de control para evitar el contrabando de combustibles que son subvencionados por el Estado.

Según el Código Penal Boliviano, en el artículo 226 (BIS), el transporte, almacenaje y comercialización ilegal de carburantes será sancionado con una privación de libertad de tres a seis años y la confiscación de bienes e instrumentos para la comisión de ese delito, según un reporte institucional.



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