15 de mayo de 2024, 7:00 AM
15 de mayo de 2024, 7:00 AM
Retrocedió una vez más. El presidente Luis Arce optó por anular el Decreto 5143, la norma que establecía la reforma de Derechos Reales a merced de la digitalización del registro de la propiedad privada a cargo de una agencia del Ministerio de la Presidencia. Es la tercera normativa eliminada ante demandas sociales por la ausencia de una socialización.
“Como Gobierno nacional hemos atendido una vez más la solicitud de las organizaciones sociales y hemos tomado la decisión de abrogar este Decreto Supremo (5143) para evitar cualquier distorsión, cualquier convulsión social que se está buscando, porque lo que menos queremos es que utilice este tipo de herramientas para fines políticos personales y de grupos que no tienen nada que ver con los intereses del pueblo boliviano”, declaró Arce al momento de anunciar esta decisión junto a dirigentes del Pacto de Unidad, además del secretario de la COB, Juan Carlos Huarachi.
El anuncio se produjo ayer en la Casa Grande del Pueblo 24 horas después del ampliado nacional de los Trabajadores Gremiales que habían dado un plazo de 72 horas para la eliminación de esa y otras normativas, además este sector exige regularización de la provisión de dólares.
El plazo, que vence el viernes, tiene que ver con el anuncio de movilizaciones de protesta a partir de ese mismo día, incluso desde este lunes 20 por parte de los gremiales y otros sectores. El sábado se reunirán los dirigentes leales a Evo Morales para asumir medidas de presión en favor de su candidatura presencial. Además, aseguran que el gobierno de Arce “quiere proscribir al MAS”.
A pesar de haberlo anulado, el Presidente defendió la reforma de Derechos Reales vía decreto. Dijo que la iniciativa buscaba garantizar la propiedad privada de los bolivianos, pero que “fue manipulado con fines políticos”.
Arce afirmó que hay un plan de desestabilización que pretende desencadenarse en las próximas semanas, aprovechando este y otros temas que son sensibles para la población boliviana. Esto es “para convulsionar el país” y “llevar a la población a algo no deseado, porque el pueblo boliviano lo que quiere es trabajar”.
El politólogo Marcelo Arequipa consideró que el contexto de esta abrogación tiene que ver con una etapa preelectoral en la que sectores activos del país requieren de la movilización social. Además, señaló que el Gobierno debería “repensar” la estrategia a la hora de validar leyes y normas.
En noviembre de 2021, Arce tuvo que dar marcha atrás y con la derogación de la Ley Madre, una normativa que daba vida a varios decretos para endurecer la persecución penal en materia de lucha contra el terrorismo y acumulación de ganancias ilícitas. También anuló el proyecto de Ley 218 que estaba vinculado con esa política pública. Esos retrocesos se produjeron tras una movilización social que incluyó un paro cívico en Santa Cruz.
El jefe nacional de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, dijo que la anulación de la reforma de Derechos Reales es una “nueva victoria frente a las arbitrariedades del MAS”., “No hay la capacidad, no hay gestión de parte del Gobierno de Luis Arce, ya es la cuarta vez, si no me equivoco, que estamos abrogando decretos y leyes desde ya en la gestión de Arce”, afirmó el exmandatario
Miguel Roca, diputado de CC, consideró “el pueblo boliviano no confía en el manoseo político que el Gobierno hace con todo”, mientras que el senador evista, William Torres calificó de “abusivo” el intento del Arce de “imponer” una política pública a través de un decreto supremo.
