18 de mayo de 2024, 11:46 AM
18 de mayo de 2024, 11:46 AM
El teniente Víctor Hugo Santalices Jáuregui, quien se encuentra bajo proceso penal por agredir a periodistas en Santa Cruz, fue ascendido a capitán durante los primeros días de enero de este año.
Santalices fue imputado por los delitos de lesiones graves y atentado a la libertad de expresión por agredir físicamente a los periodistas Miguel Ángel Rivero Manaira y Joel Orellana de la red Unitel, a principios de enero de 2023 durante las protestas en Santa Cruz tras la detención del gobernador Luis Fernando Camacho.
En una audiencia de conciliación este miércoles, el ahora capitán Santalices ofreció a los periodistas la suma de $us 100 como resarcimiento por los daños causados y algunos gastos. Esta propuesta fue calificada como «indignante» por gremios periodísticos que defienden la libertad de expresión.
A pesar de las pruebas en su contra, Santalices negó haber sido el agresor de los periodistas durante la cobertura de las protestas. Sin embargo, los periodistas lo identificaron plenamente, incluso con el rostro cubierto por una capucha.
El abogado de Santalices, Carlos Dante Reyes, aseguró que su cliente ascendió a capitán debido a su «constancia como buen servidor público», según los reglamentos de la Policía Boliviana.
Ante la oferta de dinero y la negativa a admitir su culpabilidad, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones departamentales del país expresaron su repudio.
En un comunicado, la ANPB señaló que la oferta de Santalices «constituye una afrenta inaceptable, mella la dignidad de los periodistas y vulnera el derecho a la libertad de expresión y de prensa». La asociación también afirmó que «la vida y la integridad física de los periodistas es innegociable» y que «no se puede permitir que la impunidad naturalice la violencia y deje sin sanción a quienes cometen delitos contra la prensa».
Las acciones legales contra el capitán Santalices, además de otros casos de agresiones a periodistas, están siendo impulsadas por la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, con el asesoramiento legal de Roberto Méndez y la abogada Raquel Guerrero.
