23 de mayo de 2024, 11:54 AM
23 de mayo de 2024, 11:54 AM
La Justicia ordenó el procesamiento disciplinario de policías en la Dirección Departamental de Investigación Interna (Didipi), así como en la Fiscalía. Fueron señalados como responsables de vulneración de derechos, hostigamiento, intimidación y amedrentamiento a jueces del tribunal Séptimo de Sentencia de Santa Cruz, cuando desarrollaban una audiencia considerando la solicitud de cesación a la detención de Misael Nallar, principal acusado del asesinato de tres uniformados en el camino a Porongo (en 2022).
Tres de las principales acciones de libertad fueron interpuestas por los mismos jueces del tribunal Séptimo, Freddy Coronel Alacoma, Claret Llanos Martínez y Janet Noemy Paniagua Villa, por vulneración de derechos, hostigamiento, intimidación y amedrentamiento. La cuarta demanda fue planteada por la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), por los mismos fundamentos.
Los demandados fueron el comandante de la Policía de Santa Cruz, coronel Erick Holguín, el jefe de la policía anticorrupción, mayor Saúl Salazar y el comandante de seguridad física estatal Cristian Pablo Álvarez. También fue demandando el fiscal anticorrupción de La Paz, Omar Alcides Mejillones que aparece firmando una orden de apremio contra los jueces, pero que la Fiscalía negó haber emitido y dijo que era falsa.
En audiencia en Santa Cruz ante la jueza de garantías, Gabriela Salas, los jueces demandantes revelaron que tras instalar la audiencia de manera virtual conectado con el acusado desde Chonchocoro de La Paz, Misael Nallar, la comunicación de internet fue interrumpida.
Dijeron que vieron la presencia de al menos 50 efectivos de civil en las mismas puertas del tribunal, en las gradas y los pasillos.
Estos hechos -según los jueces- fueron considerados como actos de hostigamiento reprochables desde todo punto de vista. Calificaron como restricción y una evidente transgresión a la investidura del juez. Los juzgadores aseguraron que en otras audiencias nunca llegan policías y en este caso de forma curiosa fueron asediados por policías.
“Somos seres humanos, ante todo, madres, tenemos familia ya estamos cansados de tanto amedrentamiento e intimidación”, aseguró la juez Janet Paniagua, integrante del tribunal. En la misma línea, sus colegas de sala dijeron ser víctimas en la vulneración de sus derechos.
La juez Gabriela Salas, en su fallo concedió la tutela y consideró que se debe determinar la responsabilidad de las autoridades que lesionaron derechos. Ordenó la anulación del mandamiento de apremio, que los jueces desempeñen funciones, libres de presiones de policías y de fiscales por respeto a su independencia.
Además, ordenó que los policías demandados pasen a ser procesados a la Dirección de Investigaciones Policiales (Didipi), además a la Fiscalía anticorrupción para su procesamiento. De la misma manera al fiscal Omar Mejillones, que pase a la Fiscalía y sea procesado de forma disciplinaria.
Cambios en Anticorrupción
En la cuarta acción de libertad planteada, la Justicia ordenó el cambio del jefe de la unidad Anticorrupción, mayor Saúl Salazar, así como todo su personal. Fueron los jueces demandantes los que pidieron el cambio y en el fallo se ordenó el inmediato cambio a otras unidades por considerar que desde hace años no son movidos de esa función.
A su vez, el fiscal general Juan Lanchipa, ordenó la apertura de una investigación por la circulación de una orden de aprehensión falsa con la firma del fiscal Mejillones. La orden era para detener a los jueces Freddy Coronel Alacoma, Claret Llanos Martínez y Janet Noemy Paniagua, para ser procesados por prevaricato.
Lanchipa aseguró que se debe investigar por qué esa orden generó total desinformación. Además, aclaró que la Fiscalía nunca abrió investigaciones contra los jueces del tribunal de Santa Cruz. Asimismo, dijo desconocer el trabajo que realizaban los policías que se encontraban en el Palacio de Justicia durante la audiencia de cesación a la detención solicitada por el procesado Misael Nallar.
