26 de mayo de 2024, 4:00 AM
26 de mayo de 2024, 4:00 AM
Los tres jueces que componen el Tribunal Séptimo de Sentencia de Santa Cruz revelaron ante el ministro de Justicia, Iván Lima Magne, que ante la presunta intimidación que sufrieron de un grupo de policías vestidos de civil, en la audiencia de cesación a la detención preventiva solicitada por Misael Nallar Viveros, decidieron pasar la noche en el Palacio de Justicia antes que ir a sus casas por miedo de ser detenidos esa misma noche.
Así lo dio a conocer el titular de Justicia en una entrevista que concedió con EL DEBER, luego de la reunión que sostuvo la mañana del jueves 23 de mayo, con los vocales y jueces del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ).
“Creo que fue una reunión muy constructiva en la que se escucharon temas que los jueces ven como afectaciones a su independencia. Lo que llama la atención es la movilización policial, que ha ameritado que inclusive los jueces de este tribunal no vayan a dormir a sus casas y se queden en el tribunal”, aseveró Lima.
La autoridad reconoció que estas situaciones afectan a la independencia judicial y en ese sentido subrayó que toda medida que se toma desde el Estado tiene que ser ordenada por autoridades judiciales, por decisiones que tienen que estar debidamente fundamentadas.
El martes pasado se celebraba esta audiencia virtual para considerar el recurso planteado por Nallar, preso en la cárcel de Chonchocoro acusado por el triple asesinato de dos policías y un voluntario del Gacip en la ruta a Porongo en 2021, pero los jueces Freddy Coronel, Alacoma, Claret Llanos Martínez y Janet Noemy Paniagua Villa decidieron suspenderla porque hasta el piso 7 acudieron policías de civil y observaron un inusual movimiento. Al mismo tiempo circuló en redes sociales y medios de comunicación una orden de aprehensión en su contra, emitido por un fiscal anticorrupción de La Paz, que resultó ser falsa, según la Fiscalía paceña.
Por ello, los tres operadores de justicia plantearon tres acciones de libertad denunciando “amedrentamiento” e “intimidación” en contra del comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Erick Holguín, el jefe de la división anticorrupción Saúl Salazar y el fiscal Ómar Mejillones. La cuarta acción fue interpuesta por la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) por los mismos fundamentos.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, denunció que existe cierta parcialización de los jueces en cuestión para liberar al principal acusado de las muertes de los dos policías y el voluntario del Gacip, y en que en esa línea anunció que presentará una recusación.
“Nosotros estamos viendo que están parcializando su conducta porque ya casi sabemos qué es lo que va a pasar (en la próxima audiencia), en este tribunal están buscando liberar (a los procesados) y es por eso que hasta el día de mañana vamos a presentar una recusación, una vez más, en contra de estos jueces en Santa Cruz. Nosotros no queremos que sean ellos los que vayan a sentenciar a Nallar, nosotros no queremos que sean ellos quienes vean este proceso”, apuntó.
Consultado si es que existe tensiones entre el Ministerio de Gobierno y el de Justicia, Lima remarcó que la indebida intromisión no se refería al pedido de Del Castillo, sino a las cuatro acciones de libertad a las cuales la justicia le concedió la tutela.
“Puede haber un exceso de susceptibilidad de parte de los tribunales de Santa Cruz, pero creo que esta situación, que ha sido de conocimiento en las acciones de libertad, muestra un inusitado movimiento policial y un antecedente”, manifestó.
Remató que después de que los jueces decidieron que el Ministerio de Gobierno sea apartado del caso en calidad de víctima, esta entidad presentó un recurso de queja ante un Tribunal en La Paz y ésta decidió que mientras no se resuelva este pedido se suspendan todas las actuaciones judiciales en este hecho.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, expresó que existe respeto por la independencia de poderes y negó que algún fiscal tuvo participación alguna en el presunto “amedrentamiento” o intromisión al desarrollo de la audiencia virtual.
“Es importante mencionar que no se estableció la participación de ningún fiscal”, recalcó.
