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27 de mayo de 2024, 4:00 AM

27 de mayo de 2024, 4:00 AM

Hoy me dirijo a ustedes con un llamado urgente y conmovedor. El Hogar San Lorenzo, un refugio para niños desamparados, huérfanos y en situación de calle, enfrenta una situación crítica que requiere de nuestra solidaridad y apoyo inmediato”, iniciaba la publicación del 4 de mayo, en las redes sociales de ese centro.

El mensaje de las Hermanas Benedictinas de la Divina Providencia proseguía con la explicación de que, debido a la falta de desembolso de la beca de alimentación por parte de la Gobernación durante los primeros cuatro meses del año, los albergados y administradores estaban en una situación desesperante.

“La beca de Bs 15 por niño, por día, es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de alimentación de nuestros pequeños. Esta situación pone en riesgo la salud y bienestar de los que dependen de nosotros”, agregaba la publicación, e invitaba a una rifa.

También solicitaban la donación de alimentos, entre estos, leche Nan 1 y 2, y leche Nutrilón.

El caso del Hogar San Lorenzo no es un hecho aislado. Tras un sondeo, representantes de algunos de los hogares infantiles admitieron que están atravesando una situación muy compleja, no solo por el aumento en los precios de la canasta familiar, sino también por la disminución de recursos para Santa Cruz, los problemas políticos entre el nivel central y departamental, y la nueva forma de entrega de dinero de parte de la Gobernación, que de ser mensual pasó a trimestral.

“A veces las autoridades se hacen las vivas, nos exigen cosas, pero la obligación de tener a estos niños es de la Gobernación, por ley. Entiendo que hay una crisis, deudas, que tampoco reciben lo mismo que antes, que el nivel central les hace la guerra, pero hay que buscar soluciones, y no tratarnos como a los esclavos de las plantaciones, lamentó Gheorghe Micoti, voluntario que administra dos hogares AME para niños especiales.

Según él, en las reuniones todos se quejan de que las cosas empeoraron, y los precios siguen subiendo.

“Entiendo que el hogar Ebenezer también lo está pasando bastante mal. Y quienes tampoco tienen una buena economía son los del Hogar Santa Cruz, por todos los problemas que pasaron, ya que dejó de llegar mucha ayuda”, dijo, por las denuncias de abuso a principios de este año.

Para los dos hogares AME, que hoy acogen a 67 personas, Micoti indicó que reciben 66 becas de la Gobernación; sin embargo, admitió que a veces llegan hasta a 75 albergados. “Donde comen 66 comen algunos más sin problema, la olla grande da para disimular”, ironizó.

En detalle, en AME, por día, por niño, los ingresos son de Bs 12 para alimentos; Bs 1,5 para limpieza; Bs 1,5 para higiene personal. Trimestralmente, reciben Bs 22,5 para gas; Bs 50 para botiquín; y al mes, Bs 210 para farmacia especializada por discapacidad.

En el caso de los centros que albergan a menores que no requieren atención especializada, informó que la mayoría recibe solo Bs 50 por niño, cada tres meses, para gastos de medicación.

“A los que tenemos personas con discapacidad, nos dan una beca de Bs 210/mes por paciente. Con lo que me abonan para la medicación de un año, a lo mucho cubro cuatro meses”, cuestionó.

Micoti explicó que, bien administrados, antes los recursos alcanzaban, hasta ahora, pero confesó que, con la subida de todos los precios, verán qué les depara el futuro.

Adicionalmente, reconoció que la Gobernación cubre los salarios de cuatro cuidadores y una trabajadora social, pero que incluso así, en total, esos aportes del Ejecutivo departamental, constituyen el 30% de todos los ingresos de AME. Sin embargo, aclaró que el porcentaje que las becas alimenticias y otras representan, varía de acuerdo a las características de cada hogar.

“En nuestro caso, la mayor parte del trabajo se basa en voluntariado. No tenemos el gasto del personal, que es el más grande, pero en la mayoría de los hogares se sufre mucho con los salarios, hay centros donde solo el 5 a 10% de los ingresos está cubierto por la Gobernación”, aseveró.

Karina Rocha, de los hogares Don Bosco, informó a EL DEBER que este año firmaron convenio por 90 becas con el Gobierno Departamental de Santa Cruz.

Maneja las mismas cifras que los hogares AME, y observó que al especificarse en el convenio el número de beneficiarios, si en algún momento albergaran menos de esos 90 menores, deben devolver el presupuesto sobrante, luego de ajustarlo al número oficial, “esto se hace con listas mensuales, pero no nos devuelven si tenemos más. Podemos pedir aumento de becas, demostrando con las listas, pero sería para el año siguiente”, explicó.

Ya les pasó con uno de sus centros, Mano Amiga, donde les dieron 35 becas, “pero algunos meses tuvimos entre 37 y 42. Solicitamos para este año, y ahora tenemos 40 becas”, dijo.

A las becas alimenticias, de limpieza, etc., agregó la escolar, de Bs 200 anuales por niño, que “cancelan cuando presentamos listado con número de Rude y sello de la unidad educativa donde estudian”, añadió.

Otro aporte de la Gobernación a los hogares Don Bosco es para los servicios básicos.

De acuerdo a Rocha, este beneficio no llega a todos los hogares. “En nuestro caso nos financia una factura de luz y una de agua, pero ellos hacen un cálculo general, un ejemplo es que ahora, por luz, según estipula el convenio, recibiremos Bs 58.872, pero también se estipula que no podemos pasar de ese monto, que se divide entre 12 meses y se plantea como una suma fija”, detalló.

De sobrepasar ese presupuesto, no se repone la diferencia; “sin embargo, tenemos que entregar la factura por el monto total#, dijo.

Según ella, estos ajustes se hicieron con esta gestión departamental, ya que antes se desembolsaba el dinero con la presentación de la factura.

Más burocracia, menos plata

Para Karina Rocha, esta modalidad trimestral acarrea problemas porque no solo demora la llegada de los fondos y pone en apuros a los hogares, como está pasando con San Lorenzo, sino que además tardan en llegarles las observaciones.

“Cuando se hacía todo mensualmente, había mejor seguimiento y control, incluso de existir fallas o errores. Ahora, cuando nos hacen la observación, es difícil realizar ajustes después de tres meses, y muchas veces anulan las facturas que ya no pueden corregirse. La nueva ley que hicieron contempla que, si bien en alimentos e higiene los gastos son mensuales, la paga es trimestral, lo que genera mucho conflicto”, aseguró.

A Micoti también le incomoda esa nueva modalidad de trabajo. Puso como ejemplo que los recursos para el primer trimestre de este 2024 recién llegaron a mediados de mayo.

“Hicieron muy burocrático el proceso de firmar los convenios. La cosa está complicada, pusieron personal que no sabe nada, la directora del Servicio de Políticas Sociales (Sedepos) es arquitecta, el responsable de Asistencia Social y Familia es ingeniero en sistemas. Es un desastre, entraron a lotear; los políticos no piensan en nosotros”, criticó.

A eso sumó que, luego de la pandemia, se siente la crisis, lo que dificulta más las donaciones, no solo en los centros AME.

“Aparte de lo que entrega la gobernación, todo son donaciones. Los hogares que trabajan con financiamiento se quejan bastante de que no hay el mismo financiamiento (de antes)”, dijo.

Hairo Caba, de las Aldeas SOS, valoró que “por lo menos” ahí tienen otras fuentes de ingresos que ayudan a garantizar el bienestar de los menores, pero reconoció que otros centros de acogida la están pasando mal porque dependen mucho de los recursos del Ejecutivo cruceño.

Un documento facilitado por la instancia departamental a EL DEBER mostró que sostiene a casi 70 centros, con una inversión total superior a los Bs 18,5 millones para la gestión actual.

En la lista, además de los hogares para menores de edad, están incluidos los que albergan a personas de la tercera edad, adultos en rehabilitación, niños especiales, y también refugios ubicados en las provincias.

El monto mayor se invierte en las becas alimenticias, supera los Bs 12,5millones, a estas se suman los aportes para medicamentos, estudios, limpieza, y servicios básicos.

Según el Banco Mundial, los habitantes de los países en extrema pobreza subsisten con 2,15 dólares al día.



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